En 2012 fui contratado por dos estudios jurídicos argentinos que patrocinan a la parte actora en una acción que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, encontrando su base argumental en los desastres ambientales producidos en la geografía de la provincia de Neuquén. Se encuentran demandadas en primer orden YPF y 33 compañías petroleras privadas, en virtud de daños producidos por las exploraciones de gas y petróleo, primordialmente en la zona llamada Rincón de los Sauces.
El objeto primordial de mi contrato era negociar con el Estado y luego con las compañías privadas, la imperiosa necesidad de terminar con los desmanes ambientales producidos durante años, por ignorancia en algunos casos, pero también por avaricia, impunidad y a veces conveniencia económica. Consistía mi planteo en la propuesta y sana intención de que cada empresa presentara planes de remediación de suelos con plazos adecuados para la realización de los trabajos pertinentes, como así también la presentación de objetivos a futuro, a fines de evitar lo que irremediablemente seguiría sucediendo, es decir la contaminación lisa y llana de suelo y medio ambiente por las explosiones exploratorias para petróleo y gas.
Cuando me reuní en YPF con su director de Asuntos Legales, la conclusión fue que no podría arribar a ningún acuerdo, ya que sostuvo que no era “el momento político adecuado en el país” para hacerlo.
Autoridades del gobierno de Neuquén aseveraban que si pretendía que las compañías invirtieran para no producir contaminación y colaboraran con inversión para evitar los daños devengados de sus actividades, se les… “disparaban” los inversores de la provincia (sic).
Fue tal mi sorpresa en esa instancia, que a partir de allí un llamado más profundo a mi conciencia me hizo ver que debía buscar un camino de iniciativa propia y de mucho esfuerzo que demandaría la aplicación de todo mi ingenio personal en encontrar un camino adecuado para fomentar, colaborar, y encaminar desde todo punto de vista, el encuadramiento de políticas que desde el sector público permitiesen transformar discursos y sentencias condenatorias en hechos concretos.
Lo ambiental, comprometido. Es así que he recorrido varios países del continente americano, en los cuales he encontrado problemas por doquier de situaciones ambientales comprometidas, con ejemplos como el de Colombia, en que el agua escasea cada día más, como el de Ecuador en el cual existe una acción judicial condenatoria por varios miles de millones de dólares contra una petrolera, como el del Golfo de Méjico que si bien la compañía Inglesa BP se hizo cargo de los daños por el accidente producido , de existir una herramienta financiera para colaborar a soportarlo no hubiese obligado a esta petrolera de prestigio internacional, a tener que desinvertir en activos propios, como lo hizo en Argentina donde participaba como socia de Pan American Energy.
En Perú pude observar lo que producen las compañías mineras en Arequipa en cuanto a la polución ambiental, en San Juan Barrick Gold hacen pocos meses contaminó con Cianuro aguas de cinco ríos, y ya fue multada; en New Jersey, Occidental Petroleum, Repsol e YPF Holding, subsidiaria de la YPF Argentina, cumplen una condena judicial por varios miles de millones de dólares, debiendo remediar tierras en Cleveland, Ohio, y también en trece hectáreas y media frente al Puerto de Manhattan, etc.
Con espíritu de análisis, también me di cuenta que, en varias ocasiones, el monto de los accidentes ambientales producidos por diversa índole, peritados económicamente, son más grandilocuentes que lo que el mismo negocio propiamente produce en números para la compañía.
Fundamento y objetivo: avanzando en la idea de buscar una solución concreta, es que surge la necesidad elocuente de crear una organización financiera cuyo nombre propio sería el de Banco Iberoamericano de Prevención y Remediación Ambiental, el cual debería tener su esquema geográfico de actuación en los países del continente americano, y en este caso si la Corporación Andina de Fomento (CAF) apoyara la iniciativa, incluir a España y Portugal.
¿Cómo podría funcionar este organismo? En primera instancia, se trata de una entidad financiera internacional, a la cual deberán adherir los países miembros de CAF. Asimismo, podrían adherir instituciones financieras que por su envergadura real en los países que actúen, se encuentren encaminadas en convertirse a Bancos Verdes. Esto les permitiría acceder a líneas de crédito con mayores beneficios en cuanto a los spreads financieros, tasas de interés, etc.
Los países adherentes deberán canalizar a través de las instituciones financieras oficiales o privadas de primer piso, las diversas líneas crediticias destinadas a cuestiones puras y exclusivamente dirigidas a preservar el medio ambiente y evitar el calentamiento global a través del cumplimiento taxativo por parte de los tomadores de crédito de las normas prescriptas en tal sentido. Por ejemplo, estas instituciones podrían ser las encargadas de la comercialización de pólizas de seguro ambiental para las empresas.
Asimismo, para el otorgamiento de dichas pólizas deberán encomendar a profesionales y/o consultoras calificadoras ambientales la realización del estudio de situaciones ambientales previas al otorgamiento de los respectivos instrumentos legales que permitan reconocer que cumplen con las labores de remediación a que hubiere lugar, y que presentaron el análisis de lo que realizarán a futuro para evitar accidentes o remediar lo dañado y producido con anterioridad.
Quienes no cumplan con éstos y otros requisitos a discutir, y que constarán en el Protocolo de Creación de la institución, no tendrán acceso al crédito comercial cotidiano y ordinario para el desenvolvimiento de su actividad.
Y si llegara a ser parcial o discrecional la adhesión de algún territorio a las normas prescriptas por el Protocolo de Creación del Banco Iberoamericano de Prevención y Remediación Ambiental, las tasas a aplicarse en los créditos internacionales serán mayores a la de otros países adherentes.
Fondos. Al margen de los fondos que CAF pudiere disponer para cuestiones ambientales, y que se encuentran presupuestados correctamente en sus estados contables y financieros, debería la nueva institución surtirse de nuevos fondos, los que podría administrar bajo la figura de Fideicomisos Ambientales en los distintos países, con dineros provenientes de taxes aplicados sobre el precio del barril de crudo, en el caso de petroleras, o sobre el metro cúbico de gas. En el caso de las compañías mineras, diversificar el tax según la clase y diversidad del mineral extraído. Y así hasta llegar a las Industrias y a las distintas actividades de la economía real.
Será seguramente tan importante y elocuente el movimiento que esto producirá en cada país, que quien abarque la idea en su totalidad, seguramente contará con todos los instrumentos a su alcance para contribuir en gran medida a evitar el cambio climático con la tremenda agilidad que lamentablemente observamos en nuestros días y las futuras generaciones podrán decir que no solamente realizamos discursos fogosos en esta temática sino que hemos puesto en marcha una maquinaria que concretamente estará destinada a cambiar el rumbo alocado en que se encuentra hoy.
Por qué la CAF. Sobre por qué pensé en la Corporación Andina de Fomento, no solo fue por sus exitosísimos logros a través del tiempo, sino que la seriedad con que conducen el financiamiento de Proyectos de Energías Renovables, etc. Junto al importante equipo de profesionales con que cuenta para la estructura del proyecto en lo técnico económico y también jurídico Agregado ello a la presencia continental de la misma, no me dejaron ninguna duda que deberá ser el camino apropiado.
Además, se encuentra fundamentado en que una institución como la propuesta aparecerá como elemento pacificador de una temática que hoy solo encuentra conclusiones en frustraciones por no plantear del todo cómo hacerlo, o en abultadas sentencias judiciales, pero una vez que los daños inconmensurables se han producido, y en consecuencia, seguramente costaron vidas tanto silvestres como humanas.
Rodolfo Eiben
Abogado / Asesor de inversiones