El 2020 fue un año nefasto para la Policía de Córdoba. Germinó y maduró una crisis al interior de la fuerza, y de seguridad de cara a la sociedad. Hacia el interior, el efecto en los efectivos de calle fue paralizante en cada episodio, según describen fuente consultadas en los tribunales donde se percibe el termómetro de la situación.
El 4 de julio, por un disparo policial cayó muerto José Beco Ávila, un vendedor ambulante de 35 años, en Villa El Libertador. La semana pasada, los policías Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Gabriel Juárez recibieron una exigua –pero condena al fin– de 11 y tres años de prisión, respectivamente. La Fiscalía irá en casación al Tribunal Superior. Había pedido prisión perpetua para Navarro.
Un mes después, el 6 de agosto del 2020, un control vehicular en la vía pública se desmadró y culminó con el asesinato de Valentino Blas Correas (17) y un arma plantada para justificar, en un inexistente tiroteo previo, el pésimo procedimiento. Hay 13 policías –varios detenidos– que serán juzgados a partir del próximo 7 de septiembre.
El 25 de octubre de aquel año, cuando todavía persistían algunas restricciones para circular debido a la pandemia de coronavirus, un operativo policial en Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje, terminó con la vida del adolescente Joaquín Paredes (15). Hay seis policías acusados de homicidio y amenazas.
El 18 de diciembre, durante un asalto en una vivienda de barrio Urca, cayó abatido Isaías Luna (21). Apareció un arma en su mano derecha. Era zurdo. Siete policías fueron elevados a juicio por el homicidio y el encubrimiento posterior. Muertes totalmente innecesarias causadas por el abuso policial en el uso de las armas y en el armado de escenas y relatos que involucran a mandos, en una fuerza organizada en forma vertical y castrense.
En particular, el crimen de Blas es considerado una bisagra.
Dos días después del homicidio, la por entonces responsable de Recursos Humanos de la Policía, Liliana Zárate Belletti, quedó a cargo de la Dirección de Seguridad Capital y el 31 de octubre asumió al frente de la Jefatura de la Policía de Córdoba. Se convirtió en la primera mujer con ese cargo.
El 2 de noviembre de ese mismo año, anunció que la formación de los nuevos uniformados pasaba de 14 meses a tres años.
Se sumaron cuestionamientos al Tribunal de Conducta Policial. El cabo Lucas Gómez, acusado del disparo mortal a Blas, estaba imputado por encubrimiento en otro hecho y, sin embargo, estaba en tareas de calle. Fue el puntapié inicial para crear el nuevo Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Ciudadana, bajo la órbita de la Fiscalía General. Un control político, intersectorial de las policías, la preventiva y la de Narcotráfico, y del Servicio Penitenciario.
Se reactivaron dos protocolos. Uno referido al uso de la fuerza pública y otro para contener y trasladar a centros asistenciales a personas con desbordes mentales, después de la muerte de Jonatan Romo en La Falda, el 10 de julio de este año, por el cual hay seis policías acusados del hecho.
Aspectos positivos. Modificar la capacitación y sacar de la fuerza el control disciplinario fue y es una apuesta a futuro. La primera de estas medidas tuvo impacto en la merma de policías de calle porque se frenó la inyección de nuevos agentes a tareas operativas a partir del año pasado. La esperanza es que las camadas en formación egresen mejor formadas.
El segundo aspecto, el control disciplinario externo, implica un cambio radical. Lo que decida fijará el norte político para la policía. Pero comenzó a funcionar hace solo siete meses.
Hay otra medida positiva anterior. A finales de 2018, los móviles fueron equipados con cámaras. Las imágenes captadas permiten generar pruebas determinantes para las investigaciones penales.
El año pasado, además, se incorporó el 911 en el que convergen todos los dispositivos de seguridad ciudadana. Ahora, hay que procesar toda la información que provee el sistema. Un comentario de un fiscal de instrucción lo resume:
“Los policías dicen ‘nosotros detenemos a delincuentes y ustedes los largan’. Lo que no dicen es que los procedimientos tienen que sostenerse en las fiscalías y las cámaras”.
Dudas que no se disipan. ¿Cuánto tardan en producir efectos los cambios? Un fiscal consultado por este medio advierte que los nuevos uniformados pueden salir bien formados “pero aprenderán las mañas del superior; hay que ajustar hacia arriba y para eso se necesita liderazgo y haber estado frente a la tropa”. El último requisito se le marca como un déficit a Zárate Belletti.
“Hay una tendencia a ver al delincuente que muere como uno menos”, puntualiza otro magistrado y señala que es ese modo de pensar es el que hay que desterrar. ¿Cómo? Bajando a las bases y desenmascarando los contubernios internos.
Varios de los policías hoy acusados en los diferentes procedimientos fueron formados cuando la ahora jefa estuvo al frente de Recursos Humanos. Sin embargo, en el caso de Jonatan Romo se resolvió desplazar al comisario Julio Faría por estar al frente de la misma área.
El aspecto psicológico es otro punto en cuestión. Hay quienes proponen evaluar a los policías con psicólogos externos a la fuerza. Es posible que si ello ocurre, se ocasionarían muchas bajas o desplazamientos en tareas, aunque daría la tranquilidad de quien está empuñando un arma está en condiciones emocionales de tenerla, reconocen.
“La policía debe tener claro el mapa delictivo y el plan para encararlo”, afirma un fiscal y comenta: “Si tiene puntos rojos en algunas zonas, deberían convocar al jefe para que explique por qué no hay resultados. O hay connivencia policial con la delincuencia o no se está haciendo lo suficiente”. “Es una realidad que se ve y preocupa”, admite el mismo funcionario.
