“La policía trabaja para mejorar su capacitación. Hay un esfuerzo, pero el verdadero avance se alcanzará cuando existan proyectos a mediano y largo plazo, cuando deje de ser fuente de trabajo y pase a captar a quienes tienen la vocación de semejante tarea”. La frase pertenece al fiscal de Instrucción, Raúl Garzón, quien hasta el mes pasado estuvo al frente de los operativos durante las protestas callejeras de la ciudad de Córdoba.
En una entrevista con PERFIL CÓRDOBA analizó su paso por esa función y advirtió que “en las multitudes un desatino policial puede costar vidas”.
Garzón fue asignado a esa tarea a partir de mayo de 2020. Durante su gestión se avanzó en un protocolo “para un gradual y racional uso de la fuerza”, explicó. Y dijo que lo logró junto a la Policía “con buenos resultados”.
A la hora de analizar la enorme cantidad de causas judiciales o administrativas por la mala actuación de los efectivos de los últimos tiempos, opinó que hay que comenzar con “jerarquizar a la Policía”. En efecto, contó que durante las manifestaciones que fueron más numerosas y presentaban algún riesgo, convocó a divisiones especializadas.
Se expresó contrario a la existencia de un gremio policial porque, “cuando hay pertenencia a una fuerza jerarquizada, la sindicalización resulta innecesaria”. “El policía debe ser reconocido en su rol y ejercerlo con profesionalismo”, afirmó.
Caso Blas Correa. “Un caso como este es lamentable como institución y como sociedad; la policía no puede generar situaciones donde alguien pague con su vida una circunstancia menor, absolutamente controlable, como un control de calle”. “Ni siquiera fue una situación de estrés para la policía, como otras donde las reacciones de segundos puede resolverse mal, si no está bien capacitado”, subrayó. “Eso es tan repudiable y vergonzoso, como el policía que mira para otro lado por miedo a actuar; el péndulo debe estar en el medio”.
240 denuncias por mes. Entre el 28 de diciembre de 2021 – cuando comenzó a funcionar el nuevo sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana– hasta el 31 de marzo, se iniciaron aproximadamente 720 causas, lo que refleja un promedio de 240 casos mensuales.
Por su naturaleza, el nuevo tribunal de control disciplinario interviene en las causas graves en las que es posible determinar la cesantía o destitución de los efectivos policiales, penitenciarios y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Según información proporcionada por el área de prensa, se dispusieron 100 suspensiones mientras continúan los sumarios.
Fuentes del organismo indicaron a PERFIL CÓRDOBA que en la gran mayoría son suboficiales, personal joven e interpretaron: “Es el costo de la formación exprés de los últimos años”.
La política del Ministerio de Seguridad de la Provincia es incorporar a tareas operativas al personal al cabo de cursos de corta duración.
En las filas policiales, además, hay una marcada preocupación por la mora en que incurre el antiguo Tribunal de Conducta Policial, que continúa funcionando para las causas menos graves. Se abren los sumarios, se aparta de sus funciones a los efectivos, lo que implica la menor percepción de haberes y se demoran las resoluciones. Pueden pasar dos años sin que se determine la falta y la sanción correspondiente.
