La semana pasada, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) retomó la audiencia donde son juzgadas 14 personas por presunta asociación ilícita fiscal, entre las cuales se encuentra la abogada María Pía Cardoso.
Fueron receptados dos testimonios de inspectores de Afip durante una audiencia que se extendió por casi cuatro horas. Según el cronograma acordado, faltan unos 10 testimonios que se tomarán durante este mes y los alegatos serán en agosto, ya que la idea de los jueces es incrementar la frecuencia de las audiencias.
Para realizarla se implementó un protocolo de bioseguridad, que fue aprobado por el COE y supone restricción de presencia de público. Tampoco asisten en forma presencial los acusados. Sí acceden a la sala los miembros del tribunal, de la fiscalía, la querella de Afip y los defensores de todos los acusados, quienes se mantienen con distanciamiento y munidos de tapabocas.
La pandemia y las medidas de seguridad sanitarias obligaron a pensar de qué modo subsanar la imposibilidad de abrir las puertas al público, teniendo presente que en la naturaleza del juicio está la oralidad y su publicidad.
Para sortear esa limitación, el TOF1 encontró una solución: el desarrollo de cada encuentro se graba. Es una filmación por circuito cerrado -precisaron desde el tribunal- con todas las garantías y, después de concluida la audiencia, se sube al sitio del TOF1 de YouTube. Este último paso garantiza la publicidad requerida de estos procesos.
En efecto, es posible reproducir la totalidad de la audiencia ingresando a un link de la red social que garantiza, incluso para las partes, rever cada detalle que se aportó en el juicio.
YOUTUBE. El video de las audiencias se sube a la red.
El debate. Los hechos que se analizan en este juicio consisten en la presunta venta de granos ‘en negro’, evadiendo el pago de la carga tributaria. Para ello, los acusados con diferentes roles y participación habrían ocultado al verdadero productor con artilugios como el movimiento físico del cereal y manipulación financiera.
Durante la instrucción se detectó el reclutamiento de personas, en general de bajos recursos, a quienes, mediante la promesa de dinero y con la finalidad de burlar el sistema tributario, se los habría instado a inscribirse en el régimen impositivo de monotributistas.
Luego, se les habría hecho firmar en blanco documentación necesaria para la comercialización de cereales, como cartas de porte. Así, los compradores de esos granos habrían obtenido beneficios del cómputo del crédito fiscal del IVA y la deducción del costo respectivo en Ganancias. Además, se burlaban los regímenes de retenciones impositivas, ya que estos sujetos no estaban alcanzados por carecer de solvencia económica.
