Salud sexual: un panorama histórico de las barreras de acceso en Córdoba

Si a pesar de las trabas y posibles modificaciones, el Senado de la Nación logra convertir en ley la despenalización del aborto que reclama la potente marea verde, en Córdoba la eventual implementación de la norma distaría de ser un trámite sencillo. Al menos ese es el escenario que se vislumbra, en el que no es menor la historia reciente que pone en evidencia que en el sistema de salud de la provincia, aún hoy persisten barreras para que las mujeres accedan en forma efectiva a los derechos garantizados desde hace más de una década por las normas vigentes en materia de anticoncepción y salud reproductiva.

La contracepción quirúrgica (ligadura de trompas y vasectomía) que es ley desde 2006 en el país, y que también cuenta con una norma provincial (aunque más restrictiva) del mismo año, y la anticoncepción de emergencia (píldora del día después), son las prácticas que más obstáculos encuentran, según informaron a PERFIL CORDOBA profesionales del sector.

Pero algunas veces tampoco está garantizada la provisión continua de métodos anticonceptivos aunque la ley data de 2002 y las autoridades sanitarias aseguran que los anticonceptivos están, ya que cuando no son provistos por el Ministerio de Salud de la Nación (a cargo del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable), se compran a nivel local para no discontinuar la entrega a las mujeres bajo programa.

Más difícil aún es el acceso al aborto no punible (ANP) ante las causales permitidas por el Código Penal y el fallo FAL de la Corte Suprema de la Nación (2012), es decir ante el embarazo producto de una violación y cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer. En este caso el mayor condicionamiento es que desde hace seis años está suspendido el Protocolo Provincial de Aborto No Punible elaborado por el Ministerio de Salud de Córdoba, a través de la cautelar interpuesta en abril de 2012 por la asociación católica Portal de Belén.

Acá no, allá sí. “Lo que pasa en la provincia es que aunque el acceso a la anticoncepción y las prácticas existe y está garantizado en algunos hospitales y centros de salud -en especial entre los que dependen del municipio de Córdoba-, esto no ocurre en forma sistemática ni universal en todos los establecimientos públicos, a contramano de lo que exigen las normas vigentes”, aseguró Ana Morillo, trabajadora social en un centro de salud de la Municipalidad de Córdoba e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en la Provincia.

Fuentes de la cartera sanitaria admitieron esa situación y confirmaron que no es uniforme el cumplimiento de estas normativas en el sistema de salud, y que incluso es dispar dentro de los mismos establecimientos en función de la postura de los profesionales al respecto. Y así, aunque las prácticas no se niegan formalmente, suman burocracia y dilaciones que terminan siendo, en los hechos, barreras insalvables para muchas mujeres que las solicitan.

“Aunque hemos avanzado mucho en los últimos años, hay hospitales de la Provincia en los que acceder a una ligadura de trompas es una carrera de obstáculos, básicamente porque interponen cuestiones burocráticas que implican un montón de trámites, que muchas veces las terminan haciendo desistir”, graficó Morillo.

La médica Julieta Dahbar del Hospital Municipal de Unquillo, coincide con que existen múltiples trabas tan invisibles como reales para que, aún hoy, las mujeres puedan hacerse una ligadura de trompas en un hospital en Córdoba. “Nosotros muchas veces tenemos que derivar mujeres al segundo nivel, es decir a hospitales de Córdoba para ese procedimiento, y como la Provincia tiene un protocolo propio que incluye, por ejemplo, entrevistas con tres profesionales diferentes antes de que les den un turno, implica que tienen que ir seis o siete veces al hospital, y entonces no van más”, indicó.

En lo que hace a los anticonceptivos, Morillo advierte que si bien al menos en los centros de salud municipales existe continuidad en los de tipo oral y para la colocación del DIU, suele interrumpirse la provisión de anticonceptivos inyectables, que al ser mensuales, son los preferidos por muchas mujeres. “Y a veces también pasa que, al margen de la postura institucional para garantizar esta política, algunos profesionales dejan los anticonceptivos bajo llave”, advirtió.

Los implantes subdérmicos, a su vez, están llegando a razón de uno por semana a cada centro municipal, por lo cual hay lista de espera, aseguró la profesional. Por otra parte, tanto Morillo como Dahbar señalaron que tampoco es tan simple el acceso a la anticoncepción de emergencia que debería estar disponible en todas las guardias.

“Es el último paso para evitar un embarazo no deseado, pero a pesar de que llega de Nación con el kit de anticonceptivos, en muchos hospitales no está disponible cuando van a pedirlo”, alertó la médica de Unquillo.

Aborto no punible, casi inexistente. En ese contexto, los abortos legales son prácticamente inexistentes en los hospitales provinciales, salvo en algunas “guardias amigables” muy puntuales, y solo se llevan adelante en forma institucional en la Maternidad Nacional, que debe cumplir el Protocolo Nacional de ANP elaborado por la cartera sanitaria nacional en consonancia con el fallo FAL.

No obstante, en el hospital universitario la mayoría de los médicos son objetores de conciencia, por lo que solo los realizan un parde profesionales. “La práctica sí se realiza en centros municipales de atención primaria cuando puede hacerse en forma medicamentosa, y en el Hospital Príncipe de Asturias cuando se requiere una intervención quirúrgica”, dijo Murillo, al tiempo que precisó que esto es posible porque lo que está suspendido es la guía provincial de ANP pero no el derecho a acceder a la práctica ante las causales legales. “Pero en los hospitales provinciales hay bajada una línea muy clara para que no se haga el ANP. Nosotros hemos tenido casos con causales muy claras en los que incluso hemos acompañado a las mujeres con el cuerpo de abogados, y no lo respetan”, informó Dahbar.

Voluntad política en duda. En lo que hace a la voluntad política de despenalizar el aborto -esencial para que se garantice en la práctica- aparece la postura contraria a la iniciativa de funcionarios provinciales clave. La voz disonante es la del secretario de Salud municipal, Gabriel Acevedo, que se posicionó a favor de la ley.

Y es que el ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna, y el presidente provisional de la Unicameral (y ex titular de Salud) Oscar González, ya se manifestaron en contra. Y tampoco está de acuerdo con la norma aprobada por la Cámara Baja el presidente de la comisión de salud de la Legislatura, Daniel Passerini,

En ese contexto, González ya adelantó que, a su criterio, la norma no se aplicaría en forma directa en la Provincia, sino que requeriría una adhesión o una ley propia. Esto se vincula a que, al ser un país federal, en la Argentina la salud no se cuenta entre las competencias delegadas por las provincias a la Nación.

Y aunque legisladoras provinciales como Liliana Montero, o nacionales como Brenda Austin, consideran que al tratarse de una ley de orden público no haría falta la adhesión provincial, lo previsible es que a nivel local la mayoría conservadora imponga su criterio. Si eso ocurriera, en el mejor de los casos, se dilataría su entrada en vigor o podría ser más restrictiva (tal como ocurre, solo por dar un ejemplo, con la ley de muerte digna), o ambas alternativas a la vez.

Esta semana la cartera sanitaria anunció la implementación de un programa de educación sexual y acceso a la salud reproductiva orientado a prevenir embarazos no deseados en particular en adolescentes, a pesar de que el programa de salud sexual vigente desde hace 16 años incluye a este grupo etario y que la ley de educación sexual rige desde hace 12.

“Por lo que se ve, creemos que a nivel municipal se podría avanzar con la ley, pero que la Provincia va a poner todas las trabas posibles”, resumió Morillo.

Amparos a la vista. Desde la perspectiva judicial, a su vez, Córdoba fue pionera en interponer (con éxito) recursos judiciales para impedir el acceso a distintos aspectos vinculados a la anticoncepción y la salud reproductiva.

Allí se inscriben las resoluciones de 2003 de la entonces jueza federal Cristina Garzón de Lascano, primero contra el Programa Nacional de Salud Sexual, y luego para prohibir la elaboración y distribución de anticonceptivos orales y del DIU en todo el país por considerarlos abortivos.

A eso se suma el recurso presentado por Portal de Belén para evitar la distribución de la píldora del día después en el sistema público, así como el amparo de abril de 2012 contra la Guía Provincial de Aborto No Punible, suspendida en la provincia hasta la fecha.

Y ahora no solo esa entidad ya adelantó a través de su presidente Rodrigo Agrelo que volvería a la Justicia por considerar que la ley sería inconstitucional, sino que también lo harían otros referentes de peso de la provincia, como Armando Andruet.

Así, por acción u omisión, lo que muestra la historia del acceso a la salud reproductiva en Córdoba, es un derrotero complejo, desigual, y en el que subsisten muchas deudas. Y con la oposición de actores clave a nivel decisorio, si la interrupción voluntaria del embarazo se convierte en ley, sin duda ese escenario se tensará aún más.

Solo el futuro dirá si en materia de derechos reproductivos, la Córdoba de las Campanas se sigue imponiendo a la Córdoba de la Reforma. El final está abierto.

Marcela Fernández