El juez federal, Alejandro Sánchez Freytes debe designar un perito oficial para la “renovación” de la pericia sobre el valor real de los cinco terrenos comprados por el Sindicato de Camioneros en 2013, transacción por la cual el líder sindical Hugo Moyano se encuentra imputado por lavado de activos. A partir de ahí procurará resolver si corresponde procesar, sobreseer o dictar la falta de mérito del dirigente y otras cuatro personas.
En julio último, el magistrado resolvió convocar al Tribunal de Tasaciones de la Nación, presidido por el ingeniero Darío Guiltelman, para realizar del nuevo estudio.
Abismo entre números. Uno de los aspectos centrales de la causa es el precio que se pagó por cinco terrenos colindantes al hotel que posee Camioneros en la localidad de La Falda. Según la secuencia que se pudo reconstruir en el expediente, el gremio abonó $6 millones por la transacción que otras tres personas, solo dos meses antes pagaron poco más de $300 mil y $500 mil en un sucesivo pasamanos.
La tasadora oficial convocada inicialmente por el tribunal estimó la valuación de los lotes en $964.553. La pericia de parte que presentó la defensa de Moyano calculó, en cambio, el valor real en $7 millones; y desde su perspectiva el haberlos comprado por menos dinero significó una operación beneficiosa.
El juez busca zanjar la profunda discrepancia entre los números con la renovación pericial. El defensor de Moyano y del Paulo Villegas, tesorero del gremio también imputado, cuestionó la decisión de convocar al Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El abogado Nicolás Rins consideró que atentaba contra el derecho de defensa porque se había designado a una persona jurídica, que imposibilita una eventual recusación; que no era un perito del Poder Judicial; y aludió a que permitían la intervención de organismos administrativos “que dependen en forma directa o indirecta de personas que han manifestado públicamente su interés en la situación judicial de su defendido”, elíptica mención a la posible parcialidad de un organismo que depende del Poder Ejecutivo nacional desde donde -como sostiene Moyano- se lleva adelante una ofensiva político judicial en su contra.
Los cuestionamientos fueron resueltos el martes pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que tuvo el expediente más de cuatro meses. Por mayoría, consideró que el juez debe realizar la renovación de la pericia pero con un especialista “oficial debidamente identificado”.
Lo que dictamine el nuevo perito inclinará la balanza hacia uno u otro lado. Y será uno de los elementos determinantes para resolver si corresponden procesamiento, sobreseimiento o faltas de mérito de las personas involucradas.
Además de Moyano y Villegas, en la lista de imputados figuran Jorge Cappucchio (primer titular de los lotes), Enrique Mariñansky, de la empresa Kiano -que lo sucedió en la compra- y Carlos Mesías, quien terminó vendiéndolos a Camioneros. Todas las operaciones se realizaron entre octubre y diciembre de 2013.
La expectativa del juzgado es que la renovación de pericia sea realizada en pocos días de modo de dictar la resolución antes de la feria judicial de enero o, en su defecto, apenas se reanuden las actividades en febrero.
