El próximo jueves 2 de febrero continuará el debate oral y público en la Cámara 10ª del Crimen donde son juzgados 16 profesionales –algunos de destacada trayectoria– por la presunta apropiación, usurpación y comercialización de tierras pertenecientes a la Provincia en la vera del río Suquía, a la altura de barrio General Paz. Se la conoce como ‘la causa Trebucq’.
A fines de diciembre, apenas abierto el juicio, uno de los principales acusados, el contador Gustavo Trebucq, manifestó síntomas de Covid-19 y se impuso su aislamiento preventivo. Por esa razón, y el pedido de varios defensores, el tribunal resolvió seguir el debate después de la feria. Está previsto que el jueves finalice la exposición de las condiciones personales de los imputados, quienes tendrán la posibilidad de declarar y recién luego se abrirá la ronda de testimonios.
El tribunal es presidido por Juan José Rojas Moresi y la acusación está a cargo de los fiscales Raúl Garzón –fue el instructor del expediente– y Laura Batistelli. Además de tener como acusados a un grupo de contadores, abogados, ingenieros y notarios de renombre, la causa se caracteriza por la compleja información dominial de los lotes que habrían sido comercializados, fraguando los títulos. En efecto, el caso saltó a la luz cuando comenzaron a levantarse torres en un espacio verde de esparcimiento, que tenía juegos para niños.
Según la acusación, aprovechando la falta de la correcta inscripción en el Registro de la Propiedad de varios lotes ubicados en barrio General Paz, en la vera del río Suquía, se montó una maniobra para alterar las escrituras y comercializarlos. Las calificaciones legales aplicadas en el caso son falsedad ideológica, usurpación y estafas a cada imputado (algunos de ellos o todos esos delitos en diferentes grados de participación). Las tierras habían sido expropiadas por la Provincia a la empresa Bergallo y Pastrone SRL en 1950.
En los años 70 las cedió a la Municipalidad de Córdoba para conformar espacios verdes para el entretenimiento de los vecinos del sector. En los primeros años de 2000, de pronto, desapareció la placita y se comenzaron a erigir torres, lo que alertó sobre las maniobras realizadas. El instructor Raúl Garzón señaló en el requerimiento de juicio a los 16 acusados que “se habrían confabulado sucesivamente para cometer un cúmulo de delitos contra la propiedad y la fe pública, con el propósito de introducirlos fraudulentamente en el tráfico jurídico inmobiliario y obtener así un provecho económico ilegítimo”.
El caso también toma relevancia porque uno de los testigos previstos es el fiscal General, Juan Manuel Delgado, quien fue abogado de Trebucq durante su divorcio y lo habría asesorado en cuestiones inmobiliarias.
