Señal de Quinteros y el jefe de Policía: la primera reunión, en una ‘zona roja’ de Córdoba

El flamante ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y la nueva cúpula policial encabezarán este lunes la primera reunión del Estado Mayor Policial en un escenario atípico, con el objetivo de dar una fuerte señal a los fines de la puesta en marcha del nuevo paradigma que busca instalar el gobierno de Martín Llaryora: “La policía en la calle”.

A una semana de haber asumido, la administración Llaryora dará su primer golpe de efecto con la puesta en marcha de su plan para el combate a la inseguridad que va de la mano de la lucha contra el narcotráfico. Toda la plana mayor de la fuerza policial y el responsable de la cartera gubernamental mantendrán su primer encuentro operativo para coordinar el trabajo en el terreno.

Quinteros, junto al nuevo jefe de la Policía, Leonardo Gutiérrez, y el subjefe, Alejandro Mercado, encabezarán la primera reunión de trabajo en un barrio ‘rojo’ de la capital cordobesa. El dato fue confirmado por una alta fuente de El Panal, aunque el lugar elegido se mantiene en reserva.

“Queremos una policía absolutamente territorial”, afirmó el responsable político de la seguridad en Córdoba con motivo del acto de asunción de la nueva cúpula policial del viernes pasado en la explanada de la Jefatura de Policía. Quinteros puso en funciones al binomio que comandará la fuerza en esta nueva etapa que se inicia. “La gente nos pide que los policías estén en las calles, que cambiemos el paradigma, y que la acompañe”, resaltó el ministro.

De esta manera, el exopositor y ahora aliado de Llaryora en su gobierno, bajó línea acerca de esta “nueva manera” que tendrá la Policía de vincularse con la ciudadanía: “Más próxima, más cercana, más empática”, acentuó.

Tras el cónclave de este lunes en zona roja se conocerán las primeras definiciones en cuanto al despliegue territorial de la fuerza policial. Dicho programa de gestión está atado a la nueva ley de seguridad pública, anclada en un sistema integrado, que el oficialismo aprobará en la sesión del miércoles con los votos ajustados ante el nuevo escenario de paridad que presenta la Unicameral. Las espadas oficialistas confían en cosechar voluntades de radicales dialoguistas para avanzar con la sanción de la norma.

No resulta para nada casual que el primer proyecto de ley que el flamante gobernador giró a la Legislatura tenga que ver con la reforma a la seguridad pública. La inseguridad es el tema más sensible, junto a la cuestión social, que debe atacar la administración Llaryora, en el marco de una emergencia económica a nivel país y el ajuste que anunció el gobierno de Javier Milei.

Narcotráfico
La problemática de los hechos delictivos como moneda corriente, que en varios casos tiene puntos conexos con el narcotráfico, se convirtió en el talón de Aquiles del gobierno de Juan Schiaretti.

En este plano, Quinteros aseguró hace unos días, con motivo de la presentación de la nueva ley de seguridad, que “Córdoba será territorio hostil para el narcotráfico”, y acentuó: “La lucha contra el narcotráfico, ahora, es una cuestión de estado”.

Ante esta definición política, el ministro advirtió que en esta materia de competencia federal se debe encarar un trabajo coordinado con la Provincia. “Es una cuestión que solos no la podemos hacer. Vamos a poner todos los recursos que tengamos de la policía y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico”, remarcó el funcionario al tiempo que destacó la medida ya anunciada vinculada a “la duplicación de las fiscalías del Fuero Antinarcotráfico”.

Bajo esta lógica se enmarca el pedido de reunión de las autoridades provinciales a la titular de la cartera de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich.

En el terreno concreto, se busca articular el trabajo con las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico. Desde el entorno de la funcionaria nacional ya acusaron recibo de la solicitud. La reunión se dará, pero no está definida la fecha.

Calle caliente
Quinteros está sentado en el sillón más caliente del Gabinete provincial. Él lo tiene muy claro. “Este lugar lo elegí yo”, dijo el exopositor a la prensa tras revelar un pasaje de la conversación con Llaryora cuando lo convocó para el cargo. “Me dijo: vamos a hacer el proyecto que tanto venís insistiendo”, confió.

La nueva ley de seguridad pública constituye los cimientos que soporta el andamiaje de su plan contra el combate de este flagelo que entra en escena. Quinteros enfatizó que habrá resultados en el corto, mediano y largo plazo.

Por lo pronto, el primer desafío a encarar es el control de la calle. Las organizaciones piqueteras ya adelantaron una serie de protestas ante la crisis económica, sumado al plan de ajuste que anunció la administración Milei.

Quinteros, junto al comisario general Gutiérrez, prometió agotar la vía del diálogo con los referentes de los movimientos sociales. “El diálogo está por encima de todo. Vamos a dialogar todo lo que haya que dialogar, pero también vamos a cuidar de los vecinos”, afirmó.

El ministro dejó en claro que la fuerza de seguridad se ajustará a lo dispuesto por la justicia. “Hay una resolución de un juez de control que dice cómo se tiene que reglamentar la protesta. Nos vamos a sentar en el marco de esa resolución, a juntar a todas las partes, y vamos a ir adelante con lo que marca la ley”, aseveró tras el acto en la Jefatura de la Policía.

Sistema integrado
El oficialismo se apresta a sancionar este miércoles la ley que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. Entre los puntos clave de la iniciativa se destacan: las guardias locales de prevención y convivencia, con la incorporación de agentes locales certificados para el uso de armas no letales, como auxiliares de la Policía de Córdoba y, en base, a estrategias comunitarias de aproximación a los vecinos.

Se suman las empresas privadas de seguridad al sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación y certificación, en la prestación de servicios al sector público, a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.

También se crea un instituto que asiste en la planificación de las políticas de seguridad. Se conectarán todas las cámaras de seguridad, orientadas hacia el exterior, con el centro de monitoreo de la Policía. Además, se anunció seis nuevas Fiscalías Antinarcóticos en el interior provincial 12 Fiscalías Criminales de distrito en la capital. Más el narcotest a funcionarios.