El jueves, el fiscal federal Enrique Senestrari concluyó la investigación y firmó un nuevo requerimiento de elevación a juicio contra los dueños y accionistas de las empresas del grupo Bacar, varios de los cuales fueron condenados recientemente por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2). En este caso, es por asociación ilícita, retención indebida y desbaratamiento de derechos acordados. La última figura alude a un tipo de estafas.
El requerimiento para que sean juzgados está formulado contra el empresario Juan Carlos Barrera, a quien el fiscal le asignó un rol preponderante en la presunta asociación ilícita; sus hijos, Pablo Adrián, Iván Ariel y Mariano Dan, y José Luis Cavazza, Carlos Orlando Reartes y su hijo Carlos Alejandro.
La investigación comenzó en 2014, a partir de denuncias presentadas por clientes de las firmas Bacar Traca SRL, Blinar SA, Blinbox SA y de la Compañía Barrera SA. Dijeron haber firmado contratos de mutuo depositando dinero y cuando quisieron retirarlo, a varios de ellos no les restituyeron los montos entregados. Con el avance de la pesquisa se formuló la hipótesis de que estos contratos de mutuo eran tan solo la punta del iceberg de una serie de delitos financieros y patrimoniales. En efecto, detrás del ofrecimiento de traslado de caudales y cajas de seguridad, según la Justicia se montó un banco de hecho, pero sin autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La mayoría de los testimonios incorporados a la causa fueron coincidentes en señalar que en los mutuos estaban las firmas de Juan Carlos Barrera y, al menos, uno de sus hijos. Y que, en ocasiones de presentar reclamos se dirigían directamente al empresario, aunque en algunas ocasiones eran derivados a sus hijos.
La Fiscalía determinó que a lo largo de los años, Barrera padre presidió los directorios y el resto de las personas señaladas se fueron alternando en diferentes roles al frente de las sucesivas empresas del grupo. Según la acusación, José Luis Cavazza fue accionista de Bacar Traca SRL; Carlos Orlando Reartes fue accionista, vicepresidente y director de servicios de Bacar Traca SRL, y Carlos Alejandro Reartes también fue director suplente y director administrativo de Bacar Traca SRL.
Por la organización que montaron el fiscal los acusó de asociación ilícita. Respecto al desbaratamiento de derechos acordados, Senestrari determinó 11 hechos.
Antecedentes. El 31 de mayo pasado, el TOF2 condenó por intermediación financiera no autorizada a Juan Carlos Barrera y a su hijo Iván a tres años de prisión, a Pablo a dos años y medio y Carlos Orlando Reartes también recibió una pena de cárcel de tres años. Todas en forma condicional. Y absolvió a Mariano Dan Barrera, quien dijo no tener vínculo con sus hermanos en los negocios familiares, Carlos Alejandro Reartes y José Luis Cavazza. Cabe aclarar que la sentencia no está firme.
Lo que sigue. Una parte de la investigación que espera definición es la referida a la presunta evasión. También la presunta defraudación al club Instituto Atlético Central Córdoba, durante la gestión que encabezó Juan Carlos Barrera. El juez federal, Ricardo Bustos Fierro aún no resolvió la situación procesal, a siete años de que se promovieron las imputaciones. Por esa razón, en el requerimiento de elevación a juicio que firmó el jueves pasado, el fiscal Senestrari reclamó al magistrado que avance con esa parte de la causa.
La última imputación en el expediente fue promovida el año pasado por el delito de lavado de activos contra los mismos imputados señalados como integrantes de la asociación ilícita.
