Tras la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que se conoció esta semana sobre la segunda parte de la causa CBI Cordubensis SA, el fiscal Enrique Senestrari anunció que pedirá al juez desglosar las faltas de mérito dictadas, entre las cuales se encuentra la que benefició al empresario Euclides Bugliotti. El fiscal también dijo que solicitó al juez del caso que corra vista a las partes para elevar a juicio este capítulo de la investigación, con el objetivo de que pueda incorporarse al proceso que ya se encuentra en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) para ser juzgado antes de fin de año.
El martes último los camaristas Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos -de la Sala B- comunicaron el fallo que resolvió innumerables apelaciones y nulidades presentadas por defensas y querellas a la resolución del juez Hugo Vaca Narvaja de mediados del año pasado. Entre esos tópicos el tribunal confirmó el sobreseimiento por el delito de asociación ilícita que benefició a Bugliotti. La posibilidad de que esa decisión sea revisada depende del fiscal de Cámara, Alberto Lozada, pero queda abierta la chance de profundizar las pesquisas sobre los otros dos delitos que se le reprochó inicialmente.
En los comienzos de la causa, Bugliotti fue imputado por intermediación financiera y lavado de activos. El fiscal consideró que el empresario estaba detrás de la actividad desplegada por su contador, Fernando Guevara Amado, al adquirir parte de los cheques librados por la obra social de Comercio (Osecac) a prestadores a cambio de dinero en efectivo. A su vez, esos valores habrían sido el aporte de capital para el desarrollo de las actividades ilegales que desplegaba CBI. El juez, por su parte, consideró que Bugliotti no figuraba en el listado de clientes de CBI y que no se detectaron movimientos financieros realizados en forma personal por él. Llegó a la conclusión de que no existían pruebas suficientes para procesarlo ni para sobreseerlo en el delito de intermediación financiera ilegal.
Es la figura central por el tipo de actividad que desplegaba CBI, habilitada por el Banco Central (BCRA) para ofrecer cajas de seguridad pero no otros servicios financieros. En este sentido, Senestrari advirtió que “se habla del sobreseimiento y no se menciona que todavía hay una parte que lo involucra y que tiene falta de mérito, que significa que la prueba no alcanza para procesarlo pero tampoco tenemos certeza de que no cometió delito para sobreseerlo”. “Pedimos al juez que separe las constancias de la investigación para que sigamos revisando en busca de aportar más pruebas y ver si esa situación se puede revertir. No está completamente liberado”, añadió el fiscal.
¿A juicio? El funcionario destacó la resolución del tribunal de alzada que confirmó muchos de los aspectos de la investigación en cuanto a la existencia de los delitos de intermediación financiera, lavado de dinero y asociación ilícita. Y adelantó que solicitará al Juzgado que corra vista a las partes de esa decisión para proceder a la elevación a juicio. En el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) hay aprestos para abrir el debate de la primera parte del expediente que fue desglosado ante la posibilidad de prescripción del delito de intermediación financiera ilegal. Como los procesados son prácticamente los mismos, pero en la segunda parte se agregan otras dos figuras delictivas, desde el Ministerio Público consideran que es posible acumular al juicio la segunda parte.
Este medio consultó la factibilidad de que se puedan sumar ambos tramos de la causa. Desde el TOF2 fueron tajantes: “Imposible”, fue la respuesta. Señalan que desde hace cuatro meses están trabajando en los actos procesales para el juicio.
Hay antecedentes en Córdoba y el país de enganche de causas a debates orales ya iniciados. Un ejemplo fue el megajuicio de La Perla, donde se juzgaron delitos de lesa humanidad. Aún con la audiencia ya iniciada se fueron agregando causas vinculadas al mismo proceso.
