En el contexto de la emergencia sanitaria mundial por la pandemia del coronavirus la situación en las cárceles es un tema que genera mucha preocupación y una tensión permanente.
Por las condiciones de los detenidos, la superpoblación, el colapso que podría acarrear puertas adentro de los penales una propagación del virus. El riesgo es sanitario y también por posibles y eventuales conflictos internos.
En las últimas semanas al menos dos episodios de tensión se vivieron en diferentes pabellones de Bouwer con presos reclamando por las condiciones de salubridad, por la suspensión de las visitas y además exigiendo prisiones domiciliarias.
Ante esto, las autoridades aumentaron la cantidad de tarjetas telefónicas para que los presos puedan contactarse con sus familiares y se está evaluando algún sistema de videoconferencias.
El 28 de marzo comenzó a funcionar de manera inédita ante la contingencia una cámara específica que trata todos los pedidos de prisiones domiciliarias, ceses de prisión o habeas corpus fundados exclusivamente en razones sanitarias.
Sin escapar a la excepcionalidad y recomendación del teletrabajo, la Cámara Coronavirus funciona de manera remota. Los expedientes se inician de manera digital y las comunicaciones son vía WhatsApp, mail y videoconferencia.
“Trabajamos de lunes a lunes de 8 a 23 y no nos juntamos ni tampoco nos vemos personalmente” aseguran desde la cámara.
También para la Justicia es un cambio de época y modalidad.
Desde la puesta en funcionamiento de la cámara a fines de marzo, ingresaron 260 pedidos de presos o de sus abogados reclamando la prisión domiciliaria por considerar que son grupo de riesgo.
Se resolvieron 160 presentaciones, es decir, un 60% de ese universo y solo se otorgaron dos prisiones domiciliarias y el resto fueron todos rechazados.
Los dos casos contemplados fueron para dos internas. Una de ellas dio a luz hace un mes dentro de la cárcel, se tuvo en cuenta en este caso que su bebé recién nacido presentó algunas dificultades de salud. Además, la mujer tiene tres hijos fuera de la cárcel y uno de ellos con una discapacidad, por eso se otorgó la libertad. El otro caso considerado fue el de otra interna, quién acreditó problemas cardíacos y ginecológicos.
En tanto, PERFIL CORDOBA pudo saber que la Cámara está evaluando una decena de casos, en esta instancia se trata de presos varones que por integrar grupo de riesgo podrían ser beneficiados con la prisión domiciliaria.
Los rechazos a los pedidos de prisiones domiciliarias se focalizan en dos razones: en que la mitad de las solicitudes no son grupos de riesgo y porque se puede garantizar el tratamiento intramuros.
“En todos los casos, los que tienen algún problema de salud e incluso quienes integran los grupos de riesgo pueden continuar alojados porque están siendo tratados y reciben la atención médica y los medicamentos necesarios”, precisan.
Una de las fuentes consultadas aseguró a este diario: “Desde que empezamos a trabajar en esto nos llueven los pedidos, pero queremos ser serios en las libertades que damos, no podemos abrir a mansalva las puertas de las cárceles y que salgan 700 presos juntos”.
Hasta ahora el dato es contundente, de un centenar de pedidos solo dos recibieron el arresto domiciliario. Un número que contrasta por ejemplo con la provincia de Buenos Aires, donde desde el 18 de marzo se otorgaron más de 900 domiciliarias.
Los números de los arrestos domiciliarios en la Justicia provincial podrían ser superiores si se cuentan los otorgados antes de la conformación de esta cámara especial.
Allí está el caso de Miguel Ángel Mitre detenido por la causa del robo en Nueva Córdoba. Dos empresarios vinculados a la causa Euromayor, Oscar Cerrutti y Jorge Monferini.
El camino de los pedidos y los protocolos. El requerimiento de un pedido de libertad se inicia con un expediente electrónico que es examinado por los camaristas.
Allí se solicita la historia clínica al servicio penitenciario y se analiza si está dentro del grupo de riesgo: mayores de 65 años, patologías como obesidad, asmáticos, diabéticos, cardíacos o problemas respiratorios. Luego se pide una segunda opinión que es revisada por un equipo de médicos forenses a cargo de David Dib.Ellos realizan un dictamen con todos los antecedentes médicos reenviados.
Además, se evalúa si en la cárcel están las condiciones dadas para llevar adelante los tratamientos. Por último, se le pide una opinión a un fiscal, en este caso es a Martin Berger y, luego de finalizado ese recorrido, se toma la decisión de otorgar o no una libertad.
El Ministerio de Salud de la Provincia dispuso de un protocolo sanitario especial en las cárceles de Córdoba por la pandemia.
Allí se analiza la situación de los grupos de riesgo, se suspendieron las visitas y los traslados a tribunales para minimizar los riesgos.
Según aseguran las autoridades consultadas por PERFIL CORDOBA, en este momento no hay circulación del virus en las cárceles de Córdoba, por lo tanto, garantizan que todos pueden permanecer alojados y no hay peligro de una propagación de la pandemia.
El criterio parece ser claro, mientras no haya casos confirmados de coronavirus en las cárceles de Córdoba, los arrestos domiciliarios serán muy limitados.
