Continúa lenta, muy lenta, la investigación penal sobre el riesgo en que puso a la población de Córdoba la inundación ocurrida en marzo de 2017, que arrastró residuos peligrosos alojados en la planta de la empresa Taym. Más de dos años y medio después del evento, que estuvo a un “tris de la tragedia” según lo definió el gobernador Juan Schiaretti, los directivos imputados todavía no pudieron ser indagados por el fiscal de instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello.
Luego de recibir el resultado de una pericia interdisciplinaria, en agosto del año pasado el funcionario judicial imputó a César Ernesto Rispky, apoderado y gerente; María del Milagro Araoz Ferrer, responsable técnica, ambos de la planta local; y a Alberto Esteban Verra, presidente de la firma a nivel nacional. Les achacó la presunta responsabilidad por el delito de contaminación ambiental culposa; es decir negligencia a la hora de ejercer la gestión de la planta de tratamiento de residuos peligrosos.
Una tormenta intensa de características poco usuales, el 28 de marzo de 2017, provocó una correntada que llevó puesto a su paso potenciales contaminantes hasta hacerlos desembocar en el canal que une el lago Los Molinos con la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas. Es, precisamente, desde ese sitio donde la firma –del grupo Roggio al que también pertenece Taym- distribuye el servicio de agua potable a la población de la zona sur de la ciudad de Córdoba.
Lo que intenta desentrañar la causa penal es si los materiales que ingresaron al cauce del canal causaron daño –aunque haya sido un riesgo potencial- ambiental, y por ende también a la salud humana.
Matías Pueyrredón, abogado defensor de Rispky, Araoz Ferrer y Verra, cuestionó la imputación y sostuvo que no hay “tipicidad” en el hecho. En palabras simples, sostuvo que no hubo delito y por ende no se puede endilgar a los responsables de la planta y de la empresa la contaminación ambiental.
En una resolución del 29 de noviembre pasado, la Cámara de Acusación confirmó la investigación que lleva adelante el fiscal Peralta Ottonello, señaló que existen pruebas para sospechar de la contaminación ambiental culposa. Y también confirmó las imputaciones de los dos gerentes locales, Rispky y Araoz Ferrer.
Dejó, en cambio, sin efecto la que pesaba sobre Alberto Esteban Verra, al considerar que “presidía la sociedad, pero no surge de ninguna parte que se encargara de la planta y controlara su funcionamiento”. De ese modo, quedaron imputados únicamente los responsables de la planta cordobesa de Taym. La discusión que planteó la defensa tiene un contenido técnico que los jueces de Acusación desmenuzaron y respondieron. Está referida al peligro potencial o al daño hipotético que se plantea en este caso.
La Cámara explicó que una investigación de esta naturaleza solo debe probar que las acciones implicaron un peligro para la salud, “aunque no se haya concretado lesiones de las personas expuestas”.
"HUBO RIESGO AMBIENTAL"
Para fundamentar la existencia del delito de contaminación ambiental, la Cámara de Acusación desmenuzó aspectos contenidos en la pericia interdisciplinaria oficial.
- Después de la tormenta del 28 de marzo de 2017, “… se ha demostrado que una parte del agua llegó al canal Los Molinos–Córdoba proveniente de la planta Taym, y que existen probabilidades de haber ingresado a la planta potabilizadora. De allí se deduce que se puso en riesgo a la población”. “Al existir un peligro potencial de la llegada del agua desde la planta, y al resultar insuficiente el análisis practicado sobre la misma, se asume que pudieron pasar a la red sustancias que no se miden regularmente según los protocolos de Aguas Cordobesas”.
- “Muchos de estos contaminantes podrían fijarse a los alimentos cultivados en las inmediaciones, y pasar sin controles específicos, ya que los controles convencionales no influyen en la variada lista de sustancias tóxicas y peligrosas presentes en la empresa Taym, poniendo en riesgo la salud poblacional”.
- Es necesario entender que los peligros no están dados solo por sustancias solubles biodisponibles, sino también por el material sólido transportado por el agua fuera del ámbito de la planta, o dentro de ella pero sin aislación o confinamiento. Dichos peligros no deberían desestimarse como responsables de un riesgo sanitario y ambiental.
- “Deben asumirse, como un hecho fáctico inevitable, que el agua de inundación tomó contacto con una gran parte de la totalidad de las sustancias peligrosas que manejaba la empresa Taym en su predio…”
- Con relación a la conducta penalmente reprochable, los peritos manifestaron que “las evidencias manifiestan el descuido de las estructuras de protección producto probablemente de una falta de rigor en el mantenimiento sistemático de las defensas, poniendo en relevancia una actitud de poco compromiso con el cuadro preventivo que una planta con el peligro potencial que Taym ostenta se espera que tenga. En este sentido, el obrar de los directivos y responsables de la empresa Taym fue insuficiente para evitar lo ocurrido…”
COMO SIGUE LA CAUSA
Con la pericia multidisciplinaria como una prueba sustancial y las imputaciones resueltas y confirmadas, ahora el fiscal Alejandro Peralta Ottonello, está habilitado para convocar a indagatoria a César Ernesto Rispky y María del Milagro Araoz Ferrer.
No obstante, podría demorarse aún más el trámite si la defensa insiste en su postura y va en casación al Tribunal Superior de Justicia.
En declaraciones a PERFIL CORDOBA, el defensor Matías Pueyrredón aclaró que la Cámara dijo que “no resulta actualmente atípico” el hecho investigado. En una pericia de parte, se analizaron 246 muestras extraídas dentro y fuera de la planta y arrojaron como resultado que no hubo contaminación.
Por esa razón, mantendrán firme su argumento y lo presentarán en la continuidad de la investigación. Además, el letrado señaló que han pedido que un comité de expertos audite la pericia interdisciplinaria oficial con sus conclusiones. Esa presentación debe ser resuelta, sostuvo Pueyrredón, por el fiscal Peralta Ottonello.
FUNAM DENUNCIO MODIFICACIONES DEL TERRENO
La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) realizó una denuncia pública sobre lo que considera modificaciones “ilegales” de la topografía del terreno donde está ubicada la planta Taym, sobre ruta 36.
En un documento, la entidad precisó que los movimientos de terreno se dan aguas arriba de la planta probablemente para protegerse de su mala localización. También sostuvo que están rellenando la fosa que se inundó en 2017.
Raúl Montenegro, presidente de Funam, explicó que cualquier cambio que Taym pretenda realizar debe presentar previamente un estudio de impacto ambiental que permita analizar hacia dónde se dirige el agua que se redirecciona. Y que ese estudio debe pasar por una audiencia pública. Según pudo averiguar este medio, esta denuncia aún no fue incorporada al expediente.
