En septiembre del 2018, un grupo de estudiantes universitarios mantuvo una violenta ocupación y toma del emblemático Pabellón Argentina, en adhesión a reclamos salariales del gremio docente.
En septiembre del año pasado, la Cámara Federal había confirmado los procesamientos por el delito de “usurpación por despojo”.
El fiscal federal Maximiliano Hairabedián elevó esta semana la solicitud para que la causa vaya a juicio y los 27 estudiantes sean juzgados en un juicio oral y público. El pedido puede ser apelado y, en ese caso, será el juez federal Hugo Vaca Narvaja quien resuelva si confirma o no el pedido del fiscal.
PERFIL CÓRDOBA accedió al requerimiento del fiscal, en el que quedan plasmadas las posturas de los defensores y de la fiscalía.
Los abogados de los estudiantes argumentaron que las conductas reprochadas por la Justicia federal no constituyeron un delito y estaban justificadas por una situación de “protesta colectiva, de conflictividad político social y por un reclamo de orden sindical o gremial”. Además, sostuvieron que no se puede usar el derecho penal para la criminalización de la protesta.
Por su parte, el fiscal Maximiliano Hairabedian consideró que en el reclamo estudiantil se pudo comprobar con elocuencia el perjuicio y la afectación de derechos públicos y particulares que generaron los hechos. En efecto, asegura el fiscal, “durante más de un mes los ocupantes impidieron a las máximas autoridades y distintas áreas de la Universidad Nacional funcionar con regularidad, incluyendo al Consejo Superior”.
Hairabedian describió una serie de situaciones que marcan las consecuencias que tuvo aquella protesta: “Obstaculizaron la enseñanza pública que se imparte en la institución, afectando a docentes y alumnos; perjudicaron las actividades de investigación de centros científicos de la Universidad y el Conicet, con pérdidas de recursos materiales y atrasos en los proyectos. Sin ninguna facultad legal asumieron conductas de vigilancia de tipo policial hacia quienes trabajaban en el lugar y les retuvieron de manera ilegal los documentos de identidad, registrando sus datos y custodiando sus movimientos”.
Según el Fiscal, la revuelta estudiantil también ocasionó la muerte de animales que estaban en los laboratorios.
En ese momento uno de los grandes perjudicados por la toma del pabellón fue el concesionario del bar. En su escrito, Hairabedián también pone de manifiesto aquella situación y asegura que le generaron cuantiosas pérdidas al concesionario del bar, tanto por los días que le impidieron trabajar como por la comida y bebidas que le consumieron y la cantidad de alimentos que le hicieron perder al cortarle la electricidad para la refrigeración. Al mismo tiempo perjudicaron a los trabajadores de ese servicio gastronómico que tuvieron dificultades para cobrar sus ingresos.
El fiscal sustenta el pedido de un juicio oral y público no solo por las pruebas recolectadas, sino también expresa que “en un sistema constitucional y en un ámbito universitario caracterizado por la tolerancia, donde se imparte educación pública y gratuita, ese reclamo excedió las atribuciones de las autoridades de la institución”.
El delito de usurpación tiene una pena máxima de tres años, por lo tanto al no ser de prisión efectiva es posible que en el futuro haya salidas alternativas al juicio para los acusados, como por ejemplo la reparación del daño con la realización de trabajos comunitarios.
