Tras asumir la presidencia del TSJ, Angulo intervino para acallar una interna incómoda

Ocurrió semanas atrás. Luis Angulo, desde su asunción en 2019 como vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por primera vez ocupa la presidencia del cuerpo. Desde ese lugar, apenas se hizo cargo, a comienzos de este año, convocó a una reunión a los tres integrantes de la Sala Penal y al fiscal General.

Participaron todos: los vocales Sebastián López Peña (presidente de la Sala), Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati y el titular de la Fiscalía General, Juan Manuel Delgado.

Es conocedor de un derrotero de enfrentamientos, a raíz de posiciones diferentes sobre reformas que se vienen llevando adelante en el fuero penal, el más caliente porque es el encargado de gestionar la criminalidad con sus variadas expresiones de violencias.

La tramitación judicial de los delitos en flagrancia que constituyen el mayor porcentaje de causas que se inician, cómo llevar adelante la oralidad penal y, especialmente, el funcionamiento del Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas, eran algunas de las cuestiones que dividían las aguas entre algunos vocales –López Peña se erigió como el más crítico– y Delgado.

El trasfondo no es menor, que exista o no un centro para que ingresen los detenidos al sistema y cómo se produce ese trámite impacta en la actividad diaria de fiscalías, juzgados, policías y patrulleros. Se llegó a revelar que los efectivos no detenían personas para no tener que esperar horas en el centro que se montó desde la pandemia del 2020 en el Polo Judicial. Quienes defienden el centro reconocen que hay demoras, pero no en la magnitud que acusan sus detractores.

El año pasado, los cuestionamientos arreciaron. Mientras tanto, la Fiscalía General no sólo siguió adelante con ese sistema de recepción de procedimientos sino que avanzó –no sin resistencias internas– hacia el plan de gestión territorial que puso a los fiscales y ayudantes fiscales al frente de sus territorios y barrios, cambiando la modalidad de trabajo y de turnos.

En el interín, la tensión se volvió indisimulable precisamente en el aspecto de la gestión judicial que pretende ser parte de la respuesta a la inseguridad creciente.

Angulo, un hombre conocedor del paño político y con experiencia en la materia, no dudó en liderar un acuerdo. Lo hizo en aquella reunión en tribunales. Les habló de frente. La situación de inseguridad no permite disputas menores y menos aún internas judiciales. Además, recalcó la decisión política del gobierno de Martín Llaryora que decidió dotar de importantes recursos al proyecto.

Para la ocasión citó a alguien más: a Germán Garavano, el exministro de Justicia del gobier no de Mauricio Macri, quien desde hace años es asesor del Poder Judicial de Córdoba. El objetivo fue colocar a alguien con experiencia y autoridad en la materia, que estuviera por encima de las rencillas de cabotaje para garantizar el acuerdo de paz.

En el cónclave, por unanimidad, los presentes designaron ‘coordinador’ del plan integral de flagrancias a Garavano y sumaron como asesor a Héctor Chayer, conocido por haber trabajado de cerca con Angulo y Cáceres de Bollati en la oralidad laboral y civil.

Implicará una reingeniería de recursos actuales y, en el mediano plazo, el incremento del 50% de fiscalías para atender el fenómeno de la violencia en Córdoba. Son 11, creadas por ley, que se sumarán a las 22 que funcionan distribuidas en los cuatro distritos.

Protocolo. Desde hace por lo menos un año se viene trabajando en la elaboración de un protocolo que fijará pautas concretas para una serie de modelos de procedimientos penales por delitos en flagrancia. En todo el proceso intervino Garavano como asesor externo.

Se recopilaron opiniones de fiscales, jueces de Control, vocales de Cámara, fiscales de Cámara, defensores públicos, abogados, Policía. De ahí surgió la ‘cáscara’, una serie de títulos de pasos a partir del minuto uno en que llega un procedimiento policial al centro de recepción.

Ese menú fue remitido nuevamente a todos los operadores judiciales, quienes están realizando sus devoluciones al borrador.

Recibidas las sugerencias y opiniones, se redactará el protocolo de actuación de todos los órganos judiciales definitivo que fijará plazos y presentará un menú de posibilidades: medidas alternativas para los infractores, juicios abreviados, probation, archivo de las actuaciones o juicios ordinarios.

Será un engranaje que se ocupará de todos los delitos de baja intensidad, precisó Aída Tarditti. Y acotó que lo importante es que en todos los casos exista una resolución, que ningún procedimiento quede en la nada. En los próximos días se conocerán más detalles de la reorganización de las fiscalías de Instrucción de la Capital.

También se esperan precisiones sobre la constitución de tres centros más para recibir los procedimientos policiales, además del que ya funciona en el Polo Judicial, al que se le dará continuidad.