UCR quiere evaluar impacto de millonario gasto social
Frente a indicadores sociales que muestran pobre rendimiento de las políticas sociales, el radicalismo propone crear una Agencia de Evaluación que mida el impacto de un presupuesto de $59.000 millones
EN DEBATE. “Nuestra provincia no es ajena, desde hace mucho tiempo, a una generalizada desconfianza sobre el uso de recursos públicos en el área social”, afirma Caffaratti. |
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“En Argentina la evaluación de los resultados e impactos que tienen las políticas públicas depende de la voluntad de los funcionarios”, afirma Natalia Aquilino, directora del Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
Cuando esa voluntad discrecional opera sobre casi el 12% del Producto Bruto Geográfico (PBG) –que es el porcentaje presupuestado este año para servicios sociales, en el caso de la provincia de Córdoba– se está ante una realidad que merece, cuanto menos, atención. Desde la Unión Cívica Radical (UCR) están decididos a poner la lupa en ello.
A iniciativa de la legisladora María Elisa Caffaratti, la UCR promoverá en los próximos días el tratamiento de un proyecto que prevé la creación de una “Agencia de Evaluación de Impacto, Control y Transparencia de los Programas, Planes y Fondos con Finalidad Social”, tal como se denomina la propuesta.
“La aparición esporádica y espasmódica de planes sociales, a los cuales se les destinan muchos recursos y, sobre los cuales, después no tenemos conocimiento ni de cuándo se inician ni de qué resultados tienen, motivaron que generemos este proyecto”, sostiene Caffaratti. “La mayoría de estos planes no salen por ley y nos enteramos de su existencia por los medios o la propaganda oficial”, agrega la legisladora.
De acuerdo a lo que prevé el proyecto, la Agencia Provincial de Evaluación debería ser un organismo descentralizado y autárquico, que realice por si misma o a través de organismos independientes el control y la evaluación del diseño y de las metas que se propongan los programas públicos destinados al área social. A tales efectos, la iniciativa propone que se convoque a participar de los procesos evaluatorios a instituciones de educación superior, de investigación científica y a organizaciones de la sociedad civil reconocidas y especializadas en diferentes áreas.
“No se trata solamente de auditar las metas sino también de poder compartir con el Ejecutivo los fundamentos del diseño de los programas; hoy tenemos cero información al respecto”, sostiene Caffatatti. “Deberíamos conocer en base a qué diagnósticos, estudios y datos concretos se deciden crear determinados programas, y luego poder acceder a evaluaciones parciales para comprobar que los resultados ocurren o ver si hay que hacer rectificaciones”.
Según la legisladora, “el pedido de informe es la única herramienta con la que se cuenta para acceder a información, y en la mayoría de los casos no son respondidos”.
Dispersión. Particularmente, este año el Gobierno provincial puso en funcionamiento un muy diverso portafolio de programas sociales. Por ejemplo: el llamado “Tarjeta Social” ($379 millones) que se propuso llegar a casi 70.000 personas en situación de indigencia para que accedan a la compra de alimentos; el denominado “Más Leche Más Proteína” ($240 millones) que busca mejorar la nutrición de unos 200.000 niños de hasta 11 años en estado de vulnerabilidad a través de la entrega de leche entera y fortificada; el bautizado “Córdoba con Ellas” ($123 millones), con el objetivo de promocionar el desarrollo, la inserción social y laboral de mujeres o “Salas Cuna” ($321 millones) destinado a ofrecer cuidado y protección de niños de 45 días a 3 años de edad.
Sobre la performance de todos estos planes, la información oficial disponible al mes de junio era que tenían una ejecución (realización del gasto) del orden del 32% promedio. ¿Con qué cadencia de concreción e impacto se espera llegar a fin de año? Por el momento, algo incomprobable.
La escasa cultura de planificación, evaluación y medición de políticas públicas (en especial, las relativas al área social) no es algo privativo de Córdoba. En el Congreso de la Nación se presentaron cinco proyectos de ley para la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, pero ninguno tuvo tratamiento legislativo.
¿Por qué la política no le encuentra prioridad a este tema? Por ignorancia o por interés; probablemente, más de esto último. Sin dudas, hacer eficiente el gasto social y vaciarlo de clientelismo desactiva viejas prácticas del hacer político tradicional que, hoy por hoy, todavía construyen poder.
“Las instituciones de evaluación generan mayor conocimiento y aprendizajes sobre las políticas públicas para permitir mejores decisiones”, dice la experta del CIPPEC. Y concluye: “Garantizan procesos transparentes de producción y difusión de información, mejoran los mecanismos de rendición de cuentas, y mejoran los esfuerzos de planificación y evaluación al interior de la Administración Pública”.
