El miércoles último estuvo en Córdoba la abogada Jimena de la Torre (46), en el marco de la campaña con miras a las elecciones de los cuatro representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que se celebrará el 18 de este mes. Es especialista en Derecho Fiscal Internacional y durante la presidencia de Mauricio Macri fue funcionaria en la Unidad de Información Financiera (UIF), una de las ideólogas del blanqueo de capitales y se desempeñó como jefa de gabinete de Afip.
Integra la agrupación Abogados en Acción. En abril de este año, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló la reforma del Consejo de la Magistratura de 2006 y volvió a su composición anterior, ingresó como consejera. Ahora se postula en la Lista 3, que encabeza Miguel Piedecasas y se completa con Juan Pablo Zanetta y Claudia Sarmiento.
PERFIL CÓRDOBA la entrevistó para conocer sus propuestas y opiniones respecto a algunos temas de debate en el Poder Judicial.
—En Argentina tenemos dos grandes modelos de país en pugna si miramos al Poder Judicial. Un gobierno nacional que se ha obsesionado con tratar de controlarlo, primero con una reforma al Poder Judicial Federal, luego del Ministerio Público Fiscal y ahora están en un avance contra la Corte, cuando fue Cristina Fernández de Kirchner quien impulsó su reducción para volver a los cinco miembros originales. Resulta que ahora necesitamos 25 miembros con la excusa del federalismo y finalmente negociaron que sean 15. Esto se ve reflejado en las tres listas. La nuestra representa un compromiso genuino con el sistema republicano, la independencia del Poder Judicial. Nos hemos opuesto a esos avances de manera expresa.
—Pero el expresidente Mauricio Macri designó por decreto a dos miembros de la Corte. ¿Eso no es también un avance hacia el Poder Judicial?
—No los designó por decreto, lo hizo con acuerdo del Senado. Cuando ves a una persona que dice ‘me equivoqué, vamos por el carril institucional’, yo lo respeto. Lo peligroso es cuando hay alguien que niega el error y redobla la apuesta.
—¿Por dónde debe pasar una reforma de la Justicia? Partimos de la base que no está funcionando bien, ¿en eso estamos de acuerdo?
—Parto de la base de que el 70% de los argentinos desconfían del Poder Judicial. Es muy nocivo para nuestro sistema. Tampoco creo que todos los jueces son malos. Hay algunos que, con sus acciones, manchan al resto. Es necesaria una reforma judicial, pero basada en información y datos. No puede ser que un gobierno obsesionado con reformar la Justicia cuando tuvo la oportunidad de hacer un censo nacional no preguntó absolutamente nada a la ciudadanía respecto a qué Justicia necesitamos los argentinos.
—¿Cómo se mejora el funcionamiento?
—Hay dos planos: que funcione mejor y recuperar la confianza. Para que funcione mejor, necesitamos que el Lex100 empiece a arrojar estadísticas de litigiosidad, mapa del delito, para poder entender de dónde proviene la mayor cantidad de planteos previsionales o amparos de salud, por ejemplo. Para decidir si se abre un juzgado hay que saber qué necesita la gente en ese lugar. La reforma debe basarse en datos para acercar la Justicia a la gente. De lo contrario, terminamos rehenes de una reforma, como en 2020, cuando Alberto Fernández la propuso al Congreso, pero estaba pensada para Comodoro Py y las causas de corrupción. Para recuperar la confianza hay que trabajar desde el Consejo de la Magistratura sobre el obrar de los jueces y la manera en que se seleccionan los magistrados federales. Tenemos un reglamento presentado para que el sistema actual sea más objetivo, transparente, con mayor participación ciudadana, menos margen de discrecionalidad, más igualdad de oportunidad para las mujeres y para los abogados independientes en relación a los judiciales. Y a nivel de control de los jueces actuales, lo que deberíamos reclamarle a la Justicia desde el Consejo es un nuevo Código de Ética. Las únicas normas de conducta vigentes son de 1952. Han quedado desactualizadas. Hay aspectos no reglados, como el límite a la libertad de expresión o las reuniones con el Ejecutivo.
—¿Deben existir esas reuniones?
—Deben estar regladas. Algún diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial debe darse en un marco institucional para fijar políticas públicas. Cuando no hay parámetros claros no sabemos para qué se reunieron, si fue por una causa judicial o por políticas públicas. Lo mismo en materia de libertad de expresión. ¿Cuál es el límite de un juez? ¿Puede agraviar a otros miembros del Poder Judicial o tener expresiones netamente militantes? Los estándares internacionales establecen que el Poder Judicial es responsable de generar el ámbito de confianza en la sociedad para que estemos tranquilos de la independencia. El ser y parecer.
—¿Qué posición tiene sobre el nepotismo en los tribunales? Se designa el personal sin concurso abierto y democrático, porque la Corte frenó una norma en ese sentido. Luego esos empleados son los que tienen más chances de ser designados jueces.
—Nueve de cada 10 jueces que se designan vienen de la familia judicial. Los abogados independientes representan el 28% de los inscriptos en los concursos. Esa desigualdad de oportunidades está directamente relacionada con los antecedentes, parte del proceso de selección. Los judiciales pueden sumar más puntaje en especialización y capacitación porque tienen acceso, horarios flexibles, licencia con goce de sueldo. Los abogados independientes tienen que cerrar los estudios para hacer una maestría. Los antecedentes tienen el mismo peso que la prueba de oposición. En los órdenes de mérito se ve clarísimo. Hace poco vi uno en Mendoza: los primeros cinco tenían una nota promedio entre 50 y 60 puntos en el examen pero compensaban con los antecedentes. La sexta, una mujer, en la prueba de oposición se había sacado 81,5 y sin embargo los antecedentes bajaron el puntaje. Eso contribuye a la familia judicial.
—El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa consiguieron abrir concursos para el ingreso de los empleados y el Poder Judicial no. Eso causa desconfianza.
—Son los ingresos, la falta de un Código de Ética, algunos jueces que por su obrar nos han llevado a desconfiar del resto. La justicia es lenta por falta de infraestructura, porque el sistema de trámite es obsoleto, pero no todos los jueces son lentos. Hay muchos que tienen al día sus juzgados. Hay que diferenciar la paja del trigo. Por eso es importante la estadística de la cual vengo hablando.
—Está bien que la Corte Suprema decida aumentos de sueldo y asignación de partidas. El presidente de la Corte preside también el Consejo de la Magistratura. ¿No cree que es una organización verticalista y unitaria?
—El presupuesto del Poder Judicial proviene de recursos tributarios y no tributarios del Tesoro Nacional. Con nuestros impuestos pagamos al Estado nacional y de ahí sale el sueldo a los jueces federales. Si no nos sirven, tienen que irse a su casa. Es importante la aclaración. El Poder Judicial tiene un porcentaje de esa recaudación. Cuando Cristina Fernández impulsó el Consejo de 13 miembros que terminó con el reciente fallo de la Corte, como habían sacado a la Corte del Consejo, de alguna manera Néstor Kirchner en un DNU sacó parte de ese porcentaje y le dio a la Corte para sus sueldos y su manejo, exclusivamente. Eso generó que ese porcentaje fuera demasiado elevado en proporción a lo que gasta, a tal punto que hoy tiene plata en un fondo de contingencia. Mientras tanto, en el Consejo de la Magistratura hay un presupuesto que no alcanza para infraestructura porque lo gasta todo en sueldo. Hay un problema serio: o los sueldos son muy altos o son muchos los empleados o los recursos son escasos. Lo debemos revisar.
