El martes último, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Ignacio Vélez Funes, fue indagado por el juez Hugo Vaca Narvaja. Está imputado por presunta violación de secreto e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación fue instada por el fiscal federal Carlos Casas Nóblega al detectarse que un imputado próximo a ser allanado en una causa por facturación apócrifa, se enteró de su situación a raíz de que se había publicado una resolución sobre un incidente por competencia en el Centro de Información Judicial.
La defensa técnica de Vélez Funes está a cargo de la defensora oficial Mercedes Crespi. El mismo día de la indagatoria presentó un escrito al juez con los fundamentos por los cuales considera que debe cesar la imputación y dictarse el sobreseimiento. Mencionó una serie de disposiciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que regulan la publicación de las sentencias y cuestionó, además, que se objete al camarista por la difusión de su fallo, cuando no se había decretado previamente el secreto de sumario del expediente en cuestión.
Lo propio hizo Vélez Funes, quien dio explicaciones del trámite que se imprimió a la cuestionada publicación de su resolución, además de subrayar que la situación en que se encuentra afecta su honor en un momento en que preside la Cámara y también la Junta Electoral Federal de Córdoba.
Hasta ese momento, había decidido no efectuar declaraciones. Tras la indagatoria, respondió a una entrevista de PERFIL CÓRDOBA aclarando inicialmente que “todo lo que tengo que decir está escrito. No existe el delito. Tengo que esperar la decisión del juez”.
—En la indagatoria dijo que su imputación se trató en la Cámara Federal. ¿Qué se analizó?
—El 9 de agosto, mismo día en el que me presenté espontáneamente al Juzgado, convoqué a un acuerdo extraordinario de la Cámara. El único tema a considerar fue la imputación que yo tenía, ya que cualquier anomalía de una acusación penal de un juez hay que ponerla en conocimiento del Consejo de la Magistratura. Se entendió que no era el momento porque era solo una denuncia. Eso fue lo resuelto por la Cámara.
—¿Hay una interna en tribunales detrás de esto?
—Si la hay, yo no me doy cuenta o soy muy ingenuo. No lo sé. Desempeño una actividad pública, hay personas que lo quieren a uno y otros que no. No sé quiénes son unos y otros. El fiscal no estuvo en la indagatoria. No es obligatorio. Es posible que no lo consideró importante a pesar de la acusación o tenía otros compromisos que desconozco, porque no los hizo saber. Me llamó la atención su ausencia. Podría haberme hecho preguntas.
—¿Esta situación afectó su ánimo por la función que desempeña este año?
—Lo dije en la indagatoria. Es una denuncia por un delito que no he cometido, que afectó mi honorabilidad y puso en sospecha a un juez de la Nación afectando la credibilidad del Poder Judicial.
—¿Cómo ve la situación actual de la Corte Suprema, después de la elección de las nuevas autoridades y la renuncia de Elena Highton de Nolasco?
—Prefiero no hacer ningún tipo de consideración de la Corte, ni política ni de otra índole. A partir del 1 de octubre el presidente es Horacio Rosatti, que me merece el mejor de los conceptos y respeto. Es profesor de Derecho Público de la Universidad del Litoral. No tengo nada que objetarle como juez. Lo reconozco como presidente del máximo tribunal. Es lo único que le puedo decir.
