En los últimos días, se ha venido desarrollando un enfrentamiento hacia el interior de la justicia penal de la provincia de Buenos Aires. Antes, incluso, que el motín de la cárcel de Devoto. Para simplificar los hechos, se puede decir que, debido al agravamiento por el Covid-19 de la ya delicada situación carcelaria, la Cámara de Casación Penal bonaerense hizo lugar al hábeas corpus que habían presentado los Defensores Generales para que se le otorgaran salidas transitorias a presos y presas que pudiesen ser incluidos en algún grupo de riesgo. Frente a esta resolución, el Fiscal Carlos Altuve apeló el fallo de la Cámara de Casación, considerándolo de una “extrema gravedad institucional” derivada de “una ostensible falta de fundamentación”. También señaló que el fallo no precisa cuáles son los delitos leves y cuáles son los graves, ni especifica quiénes son los presos y las presas de riesgo, el número de personas que estarían incluidas en esa categoría, o de qué manera se llevarían a cabo los arrestos domiciliarios. Oponiéndose a este planteo del Fiscal Altuve, los Defensores Generales de la Provincia de Buenos Aires sostuvieron que dicha postura resulta insólita puesto que “el fallo -de la Cámara de Casación- sólo vino a viabilizar el verdadero rol que debe cumplir el Poder Judicial para el debido resguardo de los derechos de cada persona detenida, y más aún en las actuales circunstancias excepcionales y de urgencia, que no soportarían demoras de trámites ni burocracia judicial”.
Dejando por un segundo de lado la vorágine actual y el estado de efervescencia permanente en el que nos encontramos, quizá se pueda identificar una incógnita de larga data en esta controversia que, desde luego, no tiene una respuesta definitiva: ¿Quiénes son los que están en las cárceles? ¿Son nuestros prójimos o son nuestros enemigos? Pensar que son nuestros prójimos equivaldría, entre otras cosas, a sostener que el castigo estatal es una actividad “comunicativa”, un lenguaje que debe ser comprendido por quien ha cometido una ofensa y, justamente por esto, resulte apropiado llamarlo a responder. En este escenario, la justicia necesita llevar adelante debates con diversos actores sociales a la hora de tomar decisiones importantes que conlleven efectos punitivos para la comunidad (como por ejemplo, los arrestos domiciliarios en cuestión), decisiones que no se deben apoyar exclusivamente en los criterios que ofrezcan los expertos del derecho.
Estos tiempos interminables de cuarentena pueden ser útiles para interpretar los argumentos que usan los actores judiciales y ver con mayor claridad cuál es el rol que asume la justicia penal
Si consideráramos enemigos a quienes están en las prisiones, ello podría tener consecuencias profundas en la manera en la que nos acerquemos a la cuestión: son “otros” distantes a los que es posible adjudicarles una maldad inherente, todo lo cual pondría en riesgo la posibilidad de un abordaje reflexivo sobre el tema. Dicho de otra manera, sobre el enemigo, cuya inmoralidad es vista como esencial e incondicionada, posiblemente pese más la demanda de castigar que la voluntad de comprender.
Si bien estos interrogantes no nacieron con el Covid-19, parece que este último permite verlos de manera más evidente, o en concreto, que una situación como la actual nos puede ayudar a reconocer que una problemática como la del castigo no tiene respuestas fáciles.
Cabe agregar a esto que, sin dudas, la realidad es mucho más compleja, imposible de ser encorsetada entre prójimos y enemigos. Mucho menos es recomendable generar maniqueísmos para poner a los Defensores Generales como aquellos que ven en la cárcel al prójimo, y a los Fiscales como aquellos que ven al enemigo.
Simplemente mencionar que estos tiempos interminables de cuarentena pueden ser útiles para interpretar los argumentos que usan los actores judiciales y ver con mayor claridad cuál es el rol que asume la justicia penal.
*Investigador del Conicet.
