Probablemente, lo único bueno de esta experiencia de regreso al pasado – la pandemia – es que nos permite repensar el futuro más libremente. Esta crisis sanitaria que es también una crisis social, se magnifica por la ausencia de un Estado de Bienestar full, que pueda garantizar el acceso a los consumos colectivos.
La historia muestra que las crisis despliegan energía social para buscar nuevas soluciones. En la del 2001/2002 se produjo la más disruptiva: el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, de transferencia de ingresos a hogares con esos jefes y jefas, por un monto inicial de 150 pesos por mes. La velocidad y el consenso en su puesta en marcha permitió que a los tres meses se pagara a más de un millón de personas inscriptas. Los así receptores tenían condicionalidades: desarrollar actividades laborales y atención de educación y salud para sus hijos. Esa sociedad, aún en el medio de la crisis más profunda, justificaba las transferencias si sus receptores se demostraban como “pobres merecedores”, los que más recientemente fueron vistos como “planeros” por parte de la opinión pública.
Esta crisis sanitaria que es también una crisis social, se magnifica por la ausencia de un Estado de Bienestar
En otro contexto económico más venturoso se lanzó en el año 2009 la Asignación Universal por Hijo (AUH): un ingreso ahora de 3293 pesos por hijo, y una población de cuatro millones de receptores, con la condicionalidad de la atender a las prestaciones básicas de salud y asistencia escolar. Pese a la buena intención, condicionar por concurrencia escolar cuestiona a los chicos como sujetos de derecho.
Si el Programa de Jefes y Jefas reconoce una marca local, la AUH se ubica en el marco de las políticas regionales de transferencias de ingresos más recientes. Su auge proviene de su efectividad y alcance con costos por debajo del 1% de los productos internos brutos (PIB) de los países. Según CEPAL, a mediados de la década pasada, su cobertura era de 130 millones de personas, 1 de cada 5 de la población de la región. Cepal plantea que, por la pandemia, 215 millones de personas o el 34.7% de la población de la región necesitan de manera inmediata ese tipo de apoyos, con una inversión del 2.1% del PIB regional. Hasta el momento 29 países produjeron 126 medidas que incluyen transferencias monetarias y en especies y liberación del pago de gravámenes e impuestos.
La pandemia ha corrido el telón de lo posible. Sumados sus efectos a la previa recesión, aquí dio lugar al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) temporario, de 10 mil pesos mensuales. Estimando una inscripción de 6 millones, alcanzó a un 50% más, sumándose a otros esquemas de transferencias con foco alimentario. Ahora, el Ministro Arroyo plantea un ingreso ciudadano, o ingreso básico para toda la población o renta básica universal. La propuesta, utopía en debate en pequeños círculos, encuentra un escenario posible. Pero, dado que la derecha y la izquierda del mundo las consideran como nuevas panaceas, hay que reiterar que son una solución si sinergizan con el fortalecimiento del viejo Estado de Bienestar o, en lenguaje más actual, los modelos de protección social. O sea, las transferencias no liberan al Estado de continuar proveyendo los bienes comunes. No son un atajo para desmantelar lo que queda del mundo pre-pandemia.
Las transferencias no liberan al Estado de continuar proveyendo los bienes comunes. No son un atajo para desmantelar lo que queda del mundo pre-pandemia
¿Cuáles serían sus ventajas? Primero, ese ingreso básico dotaría de contenido social a la condición de ciudadanía y descartaría los riesgos de etiquetar a la población. Segundo, brindaría un horizonte de mediano plazo para estabilizar las condiciones de vida de los hogares. En tercer lugar, permitiría dinamizar el consumo con su efecto sobre la producción y disminuiría sus costos de transacción. Pero, reiteramos, no se trata de distribuir plata y que se arreglen de manera individual, se trata de que el acceso a estos recursos se combine con modelos de mejoramiento de la oferta de los servicios públicos, que volviendo a Cepal, sean claves para evitar otra década perdida.
*Socióloga. Fue Secretaria Ejecutiva del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales 2002-2003.
