En apariencia, se trataba de un hecho de violencia más, de esos que pululan en cualquier fecha de Primera o del ascenso. Pero a poco que se investiga, estos casos suelen dejar al descubierto un complejo entramado del que forman parte no sólo barrabravas y dirigentes de clubes, sino también personajes del poder político. Y eso, precisamente, es lo que viene ocurriendo en Mendoza con la investigación que un fiscal realiza sobre los hechos que, el sábado 12 de agosto pasado, motivaron la suspensión del partido entre Godoy Cruz y Arsenal.
Esa tarde, miles de hinchas mendocinos se habían dado cita para cumplir el sueño de ver a un equipo de la provincia jugando como local en la “A”. Pero esa aspiración, que finalmente se concretaba luego de 20 años de espera, tan sólo pudo materializarse hasta los 17 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro Gabriel Favale se vio obligado a suspender el encuentro debido a los serios incidentes producidos entre la barrabrava del club de Mendoza y la policía en las adyacencias del estadio Malvinas Argentinas.
Ello generó la apertura de una causa por parte del titular de la Fiscalía de Delitos Complejos, Luis Correa Llano, quien libró diversas escuchas telefónicas que, junto con otros elementos acumulados en el expediente, responsabilizarían a la policía de haber permitido el ingreso de elementos pirotécnicos al estadio, y a funcionarios del gobierno de haberse hecho cargo del pago del transporte hacia otros estadios de un grupo de hinchas investigados por extorsión y amenazas.
Las sospechas recaen fundamentalmente en miembros del Consejo Provincial de Seguridad y Prevención de la Violencia en el Deporte cuyo titular, Omar Pérez Botti, anunció hoy públicamente su renuncia ya que -manifestó- “no voy a robarle un segundo más a mi familia sábados y domingos estando en las canchas para luchar por la pacificación del fútbol, y que después una hinchada entre por la izquierda y yo sea culpable de algo”. Tras renunciar, el funcionario se puso a disposición del fiscal “para cuando él quiera llamar”.
El gobernador Julio Cobos, por su parte, expresó a la prensa antes de viajar a Buenos Aires que su administración "apoya a los clubes sociales y auspicia a algunas instituciones, como lo hace con las clubes y eventos deportivos que se realizan en Mendoza". Luego, agregó que “este es un tema que lo tiene que resolver la Justicia, que es la que tiene que acusar, investigar, imputar y procesar, pero por ahora son rumores y comentarios y mientras tanto todos son inocentes”.
Hasta el momento ya prestaron declaración en la causa el presidente de Godoy Cruz, Mario Contreras, y Alejandro Chiapini, dirigente de la empresa que gerencia al club.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Sergio Pinto, desmintió hoy que el gobierno mendocino haya pagado el traslado de barrabravas de Godoy Cruz a distintos puntos del país durante el presente torneo Apertura. Asimismo, manifestó que colaborará con las investigaciones de la Justicia y que el Consejo de Prevención de Hechos Violentos en Espectáculos Deportivos continuará funcionando normalmente.
El ministro reconoció que el titular del Consejo puso su renuncia a disposición de las autoridades, pero advirtió que tal cuerpo no ha sido oficialmente conformado sino que está funcionando "de hecho", por lo que ninguno de los cargos que allí se ostentan sería en realidad efectivo.
Fuente: Télam
