jueves 20 de enero de 2022
DOMINGO Polémica
31-10-2021 03:15
31-10-2021 03:15

Derechos de los presos

31-10-2021 03:15

El domingo 4 de julio de 2021 el portal TN publicó una nota sobre la situación de los ocho jóvenes detenidos desde enero de 2020 por el homicidio de Fernando Báez Sosa con el siguiente título: “Deprimidos, sin visitas higiénicas y aislados: el día a día de los rugbiers en la cárcel a un año y medio del crimen de Fernando Báez Sosa”.

Durante unas horas, #Deprimidos se transformó en tendencia en Twitter. La mayoría de los tuits comparaban la “depresión” de los jóvenes presos con el daño que les habían provocado a Fernando y a su familia, o sea, con la misma muerte. El hecho de que en el título se usara la denominación “visita higiénica” –que atrasa unos cien años– y que se la ligara al estado de ánimo depresivo generaba más indignación. Todo lo que se afirma en el artículo, cabe aclarar, no está dicho ni por los jóvenes, ni por sus familias, ni por su abogado, ya que en el texto se reconoce que no brindan declaraciones, sino por quien escribe y por fuentes imprecisas del personal penitenciario.

Alguien se puso a hacer una encuesta acerca de las “visitas higiénicas”. Las opciones eran “No deberían existir”, “Son una necesidad” o “Son polémicas”. Mi voto fue el minoritario. Más de la mitad de los votos sostenían que no deberían existir y, para un cuarto, “son polémicas”.

Se me ocurrió plantear un silogismo de los categóricos:

◆ La gente que comete delitos sigue siendo persona.

◆ Las personas tienen derechos.

◆ Luego, la gente que comete delitos tiene derechos.

Pero algunas personas respondieron: “Depende”. Y luego:

“Si es un violador o un asesino, no”. “Si le preguntaras a una madre o un padre a quienes le violaron o le mataron la hija, seguro que dirían que no.” Vivimos en un país en el que no solo el Estado, a través de algunos de sus agentes, ha violado y matado, sino también ha metido picanas en ojos, bocas, anos y vaginas; ha quemado viva gente, la ha despellejado; ha secuestrado bebés recién paridos y los ha regalado, tirando luego al mar a sus madres; ha colgado gente de cadenas durante horas; ha dado palizas brutales y ha roto tímpanos. Y las personas que han hecho cada una de esas cosas amparadas por el Estado y las que las han ordenado o tolerado no perdieron sus derechos. No los han perdido y ni sus víctimas ni las familias de sus víctimas han pedido que los perdieran. No han perdido ni el derecho al debido proceso, que incluye tener acceso a la defensa pública, si así lo desean o lo necesitan, ni el de relacionarse con sus seres queridos, ni el derecho a la salud. Por el contrario, como en general forman parte de sectores medios y altos de la sociedad, acceden a condiciones de detención y a la satisfacción de sus necesidades de un modo mucho más integral y más eficiente que el de los miles de presos “comunes” que pueblan nuestras cárceles. Viven en prisión mejor que la mayoría, como vivían en libertad en condiciones de privilegio por sus recursos económicos, sociales y laborales.

Sin embargo, no son esos casos los que provocan mayor impacto mediático o debate social. Lo que se plantea es si ocho jóvenes, detenidos y aún sin condena (pero que seguro llegará, y será muy severa) pueden o no tener, eventualmente, relaciones sexuales con alguien. Esto es algo que está reconocido por todos los instrumentos de derechos humanos relativos a las personas privadas de libertad y por las leyes nacional y provincial de ejecución penal, y hace tiempo que no se discute. (…)

Al discutir si un joven preso tiene derecho a mantener relaciones sexuales, se objeta lo mismo que cuando se cuestiona el derecho de una adolescente a pasar el día de su cumpleaños con su padre condenado a prisión perpetua. Quienes se oponen al ejercicio de estos derechos, por un lado, niegan la condición de humanidad de las personas que cometen ciertos delitos y, por el otro, contraponen el daño causado (la violación, la muerte) con el placer que significa acceder a ciertos derechos, como un abrazo, unas horas de festejo, un orgasmo.

¿Por qué quién le negó para siempre el derecho a un padre de abrazar a su hija o el de una madre a esperar a su hijo con su comida preferida podría disfrutar de esos placeres y alegrías? Cada vez que alguien que cometió un delito grave pretende ejercer un derecho, se reitera la misma discusión.

Incluso cuando se plantean posibilidades de reinserción, como proyectos de cupos para liberados, se plantea si debe liberarse a quienes hayan cometido cualquier delito o solo algunos, los menos graves. En la cárcel, lo que encontramos son personas que cometieron delitos. Algunos de ellos muy graves. Esa es la gente con la que se decide trabajar y a la que se debe intentar acompañar con programas de inclusión laboral. La cárcel romántica, con presos poetas o militantes populares, o jóvenes pobres que solo roban celulares sin hacer daño, o ladrones de antaño, con códigos, no es más que una parte, no el todo, y no la más habitual. Y las víctimas y sus familias tienen derecho a que el delito se esclarezca y no quede impune, a ser reparadas y a que el Estado las acompañe todo lo que sea necesario para  calmar su dolor, pero no a costa de dinamitar los derechos de las personas privadas de libertad.

La idea de que el castigo resuelve todos los problemas se extiende como mancha de aceite y lo invade todo. Del mismo modo en que en los últimos años hemos desarmado –y aún estamos en ello– múltiples micromachismos que se colaban en conversaciones cotidianas, modos de relacionarnos, o decisiones políticas, culturales y gremiales, entre muchas otras maneras de exhibir una situación de privilegio masculino, intento develar múltiples micropunitivismos que se nos imponen como si el castigo y la sanción fueran no solo útiles sino, también, el único modo de abordar situaciones de diverso tipo.

*Autora de Contra el punitivismo, editorial Paidós. (Fragmento).

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