“El Papa fue un enorme respaldo para el doctor Lijo”

Hace apenas un par de horas que, cosa inédita para los argentinos, el vicepresidente de la República ha concurrido a los Tribunales por orden de un juez que, también apoyado por un amplio sector de la opinión pública, exige su presencia en el ámbito judicial. Como todos sabemos, el vicepresidente Amado Boudou presentó un escrito justificando (¡esperamos!) la tenencia de un auto cuyos papeles han resultado falsos.
Frente a estos hechos insólitos buscamos la opinión de un conocido jurista como es el doctor Daniel Sabsay quien también se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
—Es la primera vez en la historia, –comenta el doctor Sabsay– que un vicepresidente (que, también, recordemos ha sido presidente por un día) es procesado en el ejercicio de sus funciones.
—Desde un punto de vista jurídico, ¿es correcto lo que ha hecho el vicepresidente?
—Tiene derecho a hacer lo que hizo hoy. Se presentó a indagatoria aunque, recordemos, había sido citado varias veces por el doctor Bonadio y a raíz de que, por distintos motivos no se había presentado, en esta última oportunidad se le había advertido que, si no lo hacía, se iba a pedir el juicio político para que concurriera por la fuerza. A diferencia de la indagatoria por el caso Ciccone, el vicepresidente decidió no responder verbalmente, sino presentar un escrito junto con su abogado, el doctor Jacobo Grossman donde (aunque no se conoce su contenido) parece que agrega a lo ya expresado en escritos anteriores que no fueron de su responsabilidad la falsificación de documentos públicos, domicilios falsos, firmas falsas y demás, sino que ha sido todo un tema de los gestores que se ocuparon de la venta del vehículo.
—Tantos años después… Si los gestores se habían equivocado podían enmendar el error, ¿no?
—Sobre todo llama la atención (antes de que se convierta en documentación oficial) que no haya tenido tiempo de constatar la información que un formulario contiene. Según mi experiencia cuando alguien vende una propiedad, el intermediario no lo hace sin que antes el vendedor observe si los datos que figuran allí están transcriptos en debida forma.
Digamos que esto es algo común de los usos y costumbres. Por lo tanto, como elemento de defensa me parece, por lo menos, muy débil.
—Entonces, constitucionalmente, ¿la vía a seguir sería que asumiera el presidente del Senado como vicepresidente y que Amado Boudou pidiera una licencia?
—Digamos que, para decirlo en buen romance, la Constitución no prevé que un procesado deba dar un paso al costado. Tiene que haber una condena firme. No obstante lo cual aquí hay un tema de una mínima ética republicana. Yo siempre recuerdo el caso del ex gobernador y ex senador Angeloz quien, cuando asume su banca (en aquella época los mandatos eran muy largos. Duraban nueve años) a principios de los 90 es imputado por una serie de delitos. Todavía no había sido desprocesado y entonces Angeloz pide el desafuero (es decir, perder la inmunidad) en el Senado y solicita tomar licencia para atender esos casos. De este modo, si fuera sobreseído, retomaba la banca. Durante dos años y medio gozó de su licencia y luego, efectivamente, al ser sobreseído retomó su banca. Creo que esta es la conducta que debería observar todo funcionario de la democracia porque aquí no sólo rigen las formalidades acerca de si se condena o no, sino la presunción de inocencia que pesa sobre toda persona sometida a proceso. Aquí el problema es la incompatibilidad de una persona que en cualquier momento “está” en uso de la primera magistratura de la Nación (cosa que ya ha ocurrido) y constituye una vergüenza para el país. Cuando Boudou concurrió a Panamá en representación de la Presidenta (y que coincidió con el momento del procesamiento) prácticamente hubo que hacer un corralito para protegerlo porque todos los periodistas internacionales se abalanzaban para observar la curiosidad que significa ver a un vicepresidente procesado. Realmente, repito, una vergüenza para el país. Por otra parte hace tiempo que sostengo (aparte de esto) que, más allá de la responsabilidad penal, nuestra Constitución tiene otra causal para el juicio político: me refiero al mal desempeño que no implica la comisión de delitos. Implica, precisamente, haber tenido un desempeño que no se compadece con la magistratura que se ejerce. En el caso de Boudou, la manipulación que ha hecho de la Justicia (y recordemos el derrotero tortuoso que provocó la renuncia del procurador Righi) posibilitó o forzó a que el doctor Rafecas, que era el juez actuante, tuviera que perder el caso. Lo mismo, el doctor Rívolo que actuaba como fiscal si no recuerdo mal. Todo esto porque habían llegado muy lejos: recordemos que habían logrado que el domicilio de Boudou fuera allanado por la Justicia. Evidentemente, era algo que no debía hacerse porque no pudieron avanzar y quedaron sin el caso pasando por los doctores Lijo y Rívolo que llevaron muy bien la causa y a los cuales también se trató de someterlos a un juicio político. Sufrieron todo tipo de amenazas. Hay también un dato anecdótico, pero muy interesante para tener en cuenta: el doctor Lijo concurrió a visitar al papa Francisco como elemento para contar con un respaldo espiritual y moral.
—Sí, en aquella visita el papa Francisco dijo algo así como: “A veces, la prudencia se convierte en inercia”.
—Exactamente. El Papa fue muy claro y, sin duda, fue un enorme respaldo para el doctor Lijo. Solamente la lectura del auto de procesamiento en la causa Ciccone es de 330 fojas.
Yo no soy penalista, pero una cosa así es rarísima. Se trata no sólo de la cantidad de argumentos bien redactados y fáciles de leer, sino que la mitad (unas 150 fojas) constituyeron un ofrecimiento de prueba prolijamente enumeradas. Es decir que si esto no es suficiente para demostrar un mal desempeño ¿qué es entonces un mal desempeño? Creo que allí está el punto. Lamentablemente el Frente para la Victoria blindó a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados e impidió que ni siquiera empezaran una investigación. Fue así que esto, por el momento, quedó cerrado.
—Momentos difíciles para la Justicia independiente. Por lo menos en el caso Campagnoli, esta semana el fiscal ha podido recuperar su fiscalía… pero, desierta.
—Es verdad. No olvidemos que, simplemente, se lo restituyó en el cargo porque cayó la medida cautelar. Desde la Procuración General de la Nación se entiende que hay que seguir adelante con el juicio, ¡lo cual es una barbaridad! Va en contra de lo que establece el Código Procesal Penal muy claramente: “…transcurridos diez días hábiles”–dice– “desde la última actuación (sin que haya habido una actuación posterior) el juicio ya queda concluido.” Y aquí la última actuación fue el 16 de junio. Una eternidad para un juicio de este tipo. La Corte Suprema además, tiene dicho que, para estos casos el reiniciar un juicio, tratar de revivirlo, sería como hacer un nuevo juicio. Es decir, juzgar a una misma persona dos veces por el mismo hecho.
—Esto nos da la pauta de las dificultades que atraviesan los representantes de la Justicia que pretenden ser independientes. Siguiendo con el caso del fiscal Campagnoli, ¿qué va a pasar con él si no le devuelven su equipo, la gente que él ha formado?
—Es una forma de maniatarlo. Es decir, si él no puede trabajar con su equipo, si no se revive la fiscalía de Saavedra que constituye un caso piloto por la protección que le dieron los vecinos del lugar. De alguna manera se está empleando el mismo accionar que se usó con el procurador general de Santa Cruz, el doctor Eduardo Sosa. Usted recordará ese caso tan sonado: como no era considerado un hombre fiable para el kirchnerismo (y era independiente y serio) en la Legislatura se dictó una ley por la cual se dividió la procuración en fiscalía general y defensoría general por lo cual se consideró que el cargo de procurador general ya no existía más. No había allí funcionario alguno. Pero fíjese que esto ocurre a pesar de que en la Constitución de Santa Cruz el procurador de la provincia tiene exactamente el mismo “estatus” que los miembros del Superior Tribunal de Justicia que es como la Corte Suprema provincial. Por lo tanto tiene total inamovilidad.
—No sé si recuerdo bien, pero, ¿en ese caso no acudió la Corte Suprema en apoyo de Sosa?
—Por supuesto. Este es un caso que conozco muy bien porque yo patrociné al doctor Sosa. Logramos cinco fallos para que se lo restituyera. Nunca se cumplieron. Realmente esta es la muestra de un sistema… Un sistema K. La década de Kirchner. Y esto implica un total desconocimiento de las más mínimas reglas del Estado de Derecho. Me refiero al no cumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema. Y éste no es el único caso. En el tema de la movilidad judicial y el tema provisional (donde nos encontramos con otra aberración) tampoco se ha cumplido el fallo. Y podríamos seguir con muchos otros. Hay otros dos jueces de la República, miembros de la Cámara Provisional: el doctor Herrero y el doctor Fernández que están siendo sometidos a juicio político simplemente por haber hecho lugar a las medidas cautelares de los jubilados de mucha edad justamente para que puedan provisionalmente cobrar frente al Anses antes de morir. Bueno, esto desde el Anses se está promoviendo en el Consejo de la Magistratura. Un juicio político contra ellos, ¡como si hacer lugar a medidas cautelares a favor de los jubilados fuera una suerte de mal desempeño!
Es increíble que un gobierno que tanto se jacta de proteger los Derechos Humanos cuando se trata de nuestros abuelos… bueno, parece que los Derechos Humanos no rigen.
Algo demencial. En los próximos días hay que estar muy vigilantes porque los doctores Fernández y Herrero ¡son gente de bien! Ellos son, realmente, los dos miembros independientes de la Cámara de Seguridad Social que siempre han fallado a favor de los jubilados. ¡Pero eso molesta! Por eso, también, se los quiere remover. Constituyen otros dos casos aberrantes.
—¿Cuáles son los otros períodos en los que se ha cuestionado tanto el desempeño de la Justicia?
—La época menemista tuvo lo suyo. Recordemos que la ampliación de los miembros de la Corte para armar una mayoría automática fue vergonzosa. De ese modo lograba que cualquier iniciativa del Ejecutivo, por más arbitraria que fuera, resultara aprobada. Este fue realmente un precedente nefasto así como también aquello de los jueces de la servilleta. Aún quedan algunos. Por ejemplo, el inefable señor del anillo (me refiero a Oyarbide) era también parte de los jueces de la servilleta. O sea que es una persona que ha quedado desde aquella época. Es decir, jueces federales en aquellos fueros que tienen relación con lo penal-económico etc., que tienen que ver con el control de la corrupción de parte de funcionarios públicos y que están absolutamente sometidos a la voluntad de quienes los han designado. Esto se inauguró (de manera bien clara) durante la etapa menemista. Ahora, se ha reforzado. Pero no es nuevo. Evidentemente el grado de amenaza y de persecución (volviendo al caso Campagnoli) hoy es tan desfachatado que supera a la era menemista. Campagnoli es un hombre muy valiente y muy corajudo. Yo creo que va a tomar todos los caminos necesarios para, finalmente, poder reunificar (en su juzgado) a ese personal (son 11) de gran calidad y por eso también, siempre pudo llevar a cabo tan buenas investigaciones. Creo que este caso ha tomado tanta celebridad que es como un hito. Un antes y un después. Realmente yo pienso que en esto tambien influyó la enorme reacción de la opinión pública. La opinión pública tiene que darse cuenta que juega un rol fundamental. La reacción de los medios independientes fue un factor clave para que, finalmente, fracasara la suspensión de Campagnoli y creo también, el juicio político. Ahora hay que apoyarlo para que pueda desempeñarse como fiscal. Si no sería simplemente nominal.
—El apoyo a Campagnoli es comparable al que ha recibido el juez Lijo.
—Yo pienso que sí. En el caso de Lijo es el reconocimiento a un juez que tuvo el coraje de tomar decisiones muy importantes en la ruta en la que tantos fueron sacrificados y maltratados. Me refiero al caso de Righi, de Rafecas y de Rívolo. A Campagnoli le cabe el papel de la víctima. Es un poco como el famoso caso Dreyfus: cuando una sociedad funciona muy mal aparecen estos emergentes. Hay que cargar culpas sobre una persona. Me recuerda El enemigo del pueblo de Ibsen. Alguien que molesta porque dice la verdad y trata de llegar a la verdad. Eso incomoda a los sistemas donde, evidentemente, la corrupción está protegida. No está combatida.
—La corrupción y la delincuencia. La inseguridad aparece al tope de todas las encuestas.
—Una cosa está muy ligada con la otra: como producto de la corrupción tenemos esta inseguridad y esta delincuencia. Fíjese que, en este momento, vemos procesado a quien fue responsable del Sedronar (me refiero al señor Granero) por el cargo de haber estado detrás de una importación fenomenal de efedrina que es el gran propulsor ¡para fabricación de drogas duras! Estamos, entonces, en el peor de los mundos. Si esto fuera cierto, si desde el Gobierno se prohijara este tipo de actividades…bueno, son actividades absolutamente vinculadas a la delincuencia. Y esta delincuencia mayor que vemos tiene mucho que ver con lo que ocurrió, en su momento, en Colombia, en Méjico o en Guatemala. Se trata de lugares que son tomados por los carteles de droga, de blanqueo de dinero. Hechos particularmente violentos. Y en la medida en que reine la impunidad, la cultura de la impunidad y no de la lucha contra la corrupción, tendremos más corrupción y más inseguridad.
—Bueno, como ciudadanos, parece que nos toca esta inseguridad en varios ámbitos. Al día de hoy, por ejemplo, no sabemos si vamos a ir o no a un default.
—Por supuesto. Esto marca una línea absolutamente errática que parecería ser tremendamente improvisada y donde las grandes decisiones del Gobierno no son consultadas ni informadas. Aparecen de un día para el otro como un gran zigzag. Es muy difícil que se pueda llegar a una solución mínimamente razonable cuando, más allá de quien sea la otra parte (sobre todo el juez actuante) ve que quien ha sido condenado (nos guste o no) tiene una actitud absolutamente errática. Según leo, cuando nuestro ministro de Economía se reunió con el mediador Pollack (un hombre de mucho prestigio), el ministro Kicillof decidió impartirle una especie de clase sobre pensamiento económico. Cuando Pollack se cansó de escuchar (y de manera elegante) le explicó al ministro que él no estaba para tener una discusión sobre economía porque era meramente el ejecutor de una sentencia por orden de un juez y que no íbamos a avanzar si se discutía sobre la economía del mundo y acerca de quiénes eran los buenos y los malos.
—¿Usted cree que vamos a una situación parecida a la de 2001?
—Espero que no. La situación que pasamos en 2001 fue una situación de default por una deuda fenomenal que venía arrastrándose durante décadas y que se sobrepuso sobre las posibilidades de negociar de aquel gobierno. Aquí estamos hablando de 1.200 o 1.300 millones de dólares (no son sumas muy grandes para el país) como de algo autoinflingido y no producto de circunstancias. No puedo creer que un gobierno acepte quedar para la Historia como que provocó un default. Le repito: espero –son deudas que pagará el gobierno que asuma en 2015.
—Justamente. Son más deudas que se agregan a un gobierno que va a asumir con una situación muy compleja.
—Y a propósito de situaciones complejas cuando, días pasados, se cumplieron veinte años del atentado contra la AMIA, volvió a la palestra el tema inexplicable del Memorándum con Irán.
—Lo veo como un tema lamentable. En su momento (antes de que fuera aprobado por el Congreso de la Nación) junto con los doctores Lanusse y Moreno Ocampo las instituciones judías (en particular DAIA y AMIA) nos pidieron asesoramiento y nosotros consideramos ese Memorándum como una inconstitucionalidad manifiesta. En primer lugar porque significó el ejercicio de funciones judiciales por parte de quien es titular del Ejecutivo lo cual está expresamente vedado por la Constitución. Es decir, era una causa en curso que, por decisión unilateral del Ejecutivo, se trasladó a la jurisdicción de una Comisión de la Verdad que no sabemos lo que es, pero cuyo sólo nombre es humillante para nuestra Justicia porque parecería que es una Comisión que va a revisar lo que dispuso nuestra Justicia. ¿Estaríamos entonces frente a la Justicia de la mentira? Además, estaríamos frente al primer caso en la historia en el que un país que se considera involucrado tanto en la organización como en el impulso de un atentado se transforme en el lugar en el que van a llevarse a cabo las actuaciones del proceso. Incluso resulta inconcebible que el 50% de esa Comisión de la Verdad sea nombrado por el país involucrado. Le repito: esto es algo inconcebible que constituyó para la Argentina una gran humillación internacional. Resultó una enorme sorpresa para los países civilizados y la humillación se completó cuando el Parlamento iraní ni se interesó en estudiar el convenio. Lo que perseguían era que se levantaran las alertas rojas de Interpol y que así no se molestara a aquellos que están acusados y no se allanan a la Justicia argentina. Esta es la realidad.