DOMINGO
Libro

El poder de las palabras

Cómo entender un discurso político.

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En El discurso político, de editorial Prometeo, Patrick Charaudeau se ocupa de cuestiones como el poder y la legitimidad que tiene lo que dicen los representantes. | Juan Salatino

Qué hay que entender por discurso político? La cuestión merece ser planteada de entrada para evitar malentendidos y confusiones de las perspectivas. ¿Se trata de los discursos producidos en el campo de la política? ¿De la política en tanto que es discurso? Pero entonces, ¿la política sólo sería discurso? Y ¿la acción política sería secundaria con respecto al discurso; o constituiría, por el contrario, la base de lo político a la cual vendría a acoplarse el discurso? Las respuestas no son evidentes y no pueden, en todo caso, emerger fuera de un punto de vista particular. Varias disciplinas, en efecto, analizan el fenómeno político sin que ninguna pueda agotar su objeto: la filosofía, la sociología, la psicología social, la antropología social, las ciencias políticas y las ciencias del lenguaje se interesan, todas ellas, en este fenómeno, y lo construyen como un objeto de estudio que les es propio. Esto explica la tendencia natural de cada una de ellas a convertir su objeto en un absoluto (filosófico, antropológico, sociológico, lingüístico, etc.) del fenómeno. Para un lingüista del discurso que no puede ignorar que el lenguaje sólo crea sentido en la medida en que éste es considerado en un cierto contexto psicológico y social, y que por consiguiente deben incorporarse a sus procedimientos de análisis conceptos y categorías pertenecientes a otras disciplinas humanas y sociales, es conveniente tratar de definir la problemática general en la cual será construido y estudiado su objeto. Aquí se tratará, especialmente, de tomar posición acerca de las relaciones entre lenguaje, acción, poder y verdad, para determinar la problemática particular en la cual será estudiado el discurso político. Pero antes, es necesario preguntarse por la naturaleza y el funcionamiento de lo que llamaremos por el momento palabra política en tanto que se inscribe en una práctica social, circula por cierto espacio público y tiene algo que ver con las relaciones de poder que se instauran en éste.

1. La palabra política y la cuestión del poder

La cuestión del poder y la legitimidad política ha sido largamente discutida desde Platón, pasando por Kant, hasta –más recientemente– Weber, Arendt, Foucault, Bourdieu y Habermas. Retomaremos diversas propuestas de estos autores para tratar de determinar qué es el campo de lo político. Sin anticipar demasiado la complejidad de las relaciones de fuerza que se instauran en este campo, parecería que pudiésemos determinarlo cuando son tratadas simultáneamente, y en interacción, las cuestiones de la acción política, su finalidad y su organización, de las instancias que participan en esta acción y de los valores en cuyo nombre esta acción es llevada a cabo.

El gobierno de la palabra no constituye la totalidad, pero no puede haber acción sin palabra

Lenguaje y acción

Lenguaje y acción son dos componentes del intercambio social que tienen autonomía propia y que, al mismo tiempo, se encuentran en una relación de interdependencia recíproca y no simétrica. Todo acto de lenguaje emana de un sujeto que sólo puede definirse en su relación con el otro, según un principio de alteridad (sin la existencia del otro, no hay consciencia de sí); en esta relación con el otro, no deja de reducir este otro a él, según un principio de influencia, para que ese otro piense, diga o haga según su intención; sin embargo, como ese otro puede tener su propio proyecto de influencia, ambos se ven obligados a administrar su relación, según un principio de regulación. Principios de alteridad, de influencia y de regulación son principios fundantes del acto de lenguaje que lo inscriben en un marco accional, en una praxeología de actuar sobre el otro. Pero actuar sobre el otro no puede limitarse a una simple intención de mandar a hacer, hacer decir o hacer pensar. La intención va acompañada de una exigencia, la de ver el propósito seguido de efecto. Esta exigencia completa la intención comunicacional mediante un objetivo de acción que consiste en poner al otro en una posición obligatoria de obedecer, es decir, en una relación de sumisión a la posición del sujeto que habla. Podemos, entonces, plantearnos la cuestión de saber qué puede obligar al sujeto aludido a obedecer. Se dirá que es la existencia de una amenaza o una posible gratificación. La amenaza o la gratificación constituyen una sanción, y es esa posibilidad de sanción lo que le confiere al sujeto hablante una autoridad. Tan pronto como ésta es reconocida por la contraparte del intercambio, el proyecto de influencia adquiere cierta fuerza de acción; por la misma razón, el sujeto meta es puesto en posición de dominado, el sujeto de autoridad en posición de dominante, y ambos en una relación de poder. Así, puede decirse que todo acto de lenguaje está ligado a la acción a través de las relaciones de fuerza que mantienen los sujetos –relaciones de fuerza que construyen, al mismo tiempo, el lazo social.

La acción política

Es, idealmente, lo que determina la vida social organizándola con miras a la obtención de un bien común; y, al mismo tiempo, es lo que le permite a una comunidad que tome decisiones colectivas por el hecho de que a ésta la movería un “querer vivir juntos”. (H. Arendt). Aquí, la noción de decisión colectiva debe ser examinada. Toda acción está orientada en función de un objetivo y se estructura en un espacio cerrado irreversible; lo que hace que el responsable de esa acción, el agente, sea un decididor que debe proporcionarse los medios para tener éxito. Decididor significa que el agente no sólo elaboró un proyecto en el cual está inscripto el objetivo por alcanzar, sino que además tomó la decisión de comprometerse en la realización de esa acción cuya total responsabilidad, por lo tanto, deberá asumir. Proporcionarse los medios para tener éxito significa que es ese mismo agente el que planifica en el mejor de los casos la sucesión de sus actos preocupándose sólo por la eficacia (no se planifica para fracasar), pero evaluando al mismo tiempo las ventajas y los inconvenientes de la elección de tal o cual medio (origen de una posible reflexión ética). Pero si la decisión es colectiva, entonces las características de la acción resultan modificadas por ello. En efecto, para que la decisión sea colectiva es preciso, en primer lugar, que los diversos individuos que componen el colectivo se entiendan para que sea elaborado un proyecto común en función de un objetivo común, lo que supone la existencia de un espacio de discusión donde se elabore dicho proyecto. A continuación, es preciso que el compromiso en la acción, aunque permanezca bajo la responsabilidad del colectivo, sea ejecutado por un representante de éste. Finalmente, es preciso que los propios medios elegidos hayan sido objeto de una discusión tendiente a establecer aquellos que el representante deberá utilizar. Recíprocamente, el representante en cuestión está obligado a dar cuenta de sus actos ante la colectividad, y ésta debe tener previsto controlar los actos realizados por los representantes: “Es conveniente estar atento a los abusos de lo político y velar por su control dividiéndolo contra sí mismo, aplicando contrapoderes contra el poder”, nos dice Ricoeur1. De ello resulta una organización de la acción política que comprende un espacio de discusión sobre los objetivos por definir (en los partidos, sindicatos y otros grupos asociativos, así como en los medios), un modo de acceso a la representación del poder (elecciones) y modalidades de control (dentro de las diversas instituciones y fuera de ellas mediante movimientos de reivindicación diversos). Vemos que el lenguaje no está ausente del despliegue de la acción política, ya que este espacio de acción depende de un espacio de discusión.

Las instancias

Esto nos lleva a la cuestión de las instancias que están implicadas en la acción política: la instancia política, instancia delegada que está a cargo de la realización de la acción política; la instancia ciudadana, instancia que está en el origen de la elección de los representantes del poder. La instancia política, por su parte, se encuentra en una contradicción: accedió al poder mediante una voluntad ciudadana (y no autoritaria), pero como ésta no está a cargo de los asuntos de Estado no conoce sus reglas de funcionamiento e ignora las condiciones de realización de la acción política. La instancia política, en tanto que instancia de decisión, debe actuar, por lo tanto, en función de lo posible –mientras que la instancia ciudadana la ha elegido para realizar lo deseable. De ahí un ejercicio difícil del poder político, que consiste en dictar la ley y en sancionar aunque garantizándose el consentimiento de la instancia ciudadana. La teoría de la “dominación legítima”, desarrollada por Max Weber, llega al punto de justificar la violencia legal como medio necesario para que “los hombres dominados se sometan a la autoridad”. Como sabemos, Hannah Arendt impugna esta necesidad de la violencia definiendo el poder político como el de los ciudadanos, principio de determinación de la comunidad que encuentra allí su propia justificación, su propio fin. No nos corresponde resolverlo sino observar, siguiendo a Habermas, que de todos modos la instancia política está atrapada entre “dos procesos contrarios: la producción comunicativa de un poder legítimo [...], y esa constitución de la legitimación por parte del sistema político con la cual el poder administrativo se torna reflexivo”. Ahora bien, si el poder administrativo remite a las reglas de la acción política de las cuales acabamos de hablar, el poder comunicacional remite, por su parte, a esa búsqueda de la dominación legítima, que sin justificar necesariamente la violencia garantiza el acceso al poder de la instancia política o su mantenimiento en esa posición, ya que ésta se encuentra bajo la permanente amenaza de una sanción física (golpe de Estado), institucional (deposición del Gobierno) o simbólica (descrédito). Lo que hace que al espacio de discusión que determina los valores responda un espacio de persuasión en el cual la instancia política, jugando con argumentos racionales y pasionales, intenta hacer que la instancia ciudadana adhiera a su acción. Todos los grandes políticos han dicho, o dado a entender, que el arte de la política reside en una buena gestión de las pasiones colectivas, es decir, de un “sentir con los otros” que, cabe agregar, nos ciega sobre sus propias opiniones y sus motivaciones personales. Esto bastaría, quizá, para justificar la expresión weberiana –terrible ante la mirada de la moral común– de “dominación legítima”.

Todo acto de lenguaje emana de un sujeto que puede definirse en su relación con el otro

Los valores

Corresponden a las ideas que se defienden en ese espacio de discusión. Es posible suponer, como afirma H. Arendt, que lo que está en juego en la discusión sea el: cómo hacer para colmar el deseo de vivir en comunidad en una idealidad que definiría a los seres en relaciones de intercambios recíprocos (dar-recibir) con el prójimo, de modo que se establezcan situaciones de igualdad entre los individuos. Así, al término de estos intercambios, se determinaría un conjunto de valores que desempeñaría el papel de principio de decisión, y cuya propiedad sería colectiva. Por consiguiente, la acción política sería una acción concertada, y su responsable se confundiría con esa misma colectividad. La propiedad colectiva de los valores tiene como efecto crear unas entidades abstractas (Estado, República, Nación) que garantizan los derechos y los deberes de los individuos; entidades que exceden a cada uno de los miembros del grupo y sobre determinan a este último, de modo que se produce lo que Ricoeur llama una “desapropiación de los individuos”. Los valores se agrupan bajo la figura de un tercero, de un otro, como una idealidad de la cual todo el mundo es responsable y, a la vez, está privado: “Este desposeimiento es fundador y, en ese sentido, necesario; pero engendra, al mismo tiempo, las formas específicas del mal político. [...] Es por eso que debe permanecer bajo vigilancia”. Se trata de cierta visión del poder político que se opone al poder totalitario, del cual H. Arendt nos dice que procede de un poder individual. Sin embargo, se puede hacer extensiva esta definición a todos los casos de poder político en la medida en que aquellos que se apropian del poder

de manera individual (por ejemplo, en un golpe de Estado) lo hacen en nombre de una idealidad supuestamente compartida por cierto número –incluso si este es minoritario– y necesitan, para mantenerse en el poder, una apariencia de aprobación popular que se sirve de la discusión, aunque fuese por simulacro: vemos ahí los fundamentos del populismo. Además, si esta propiedad colectiva de los valores es el punto final de una discusión, esto significa que, al principio, había opiniones diferentes e incluso opuestas sobre la definición de los objetivos y los medios. Una primera consecuencia de ello es que la colectividad debe contar con un medio para determinar a partir de qué momento puede considerar que se establece un acuerdo, un consenso, en el supuesto más probable de que no se alcance una unanimidad. Una segunda consecuencia de ello es que las diferentes opiniones iniciales no desaparecen, sin embargo, bajo el consenso; y que es preciso, por lo tanto, que veamos una sociedad como un conjunto fragmentado de comunidades de opiniones diversas que la acción política deberá tener en cuenta para tratar de administrar los conflictos que la confrontación de esas opiniones puede provocar.

Las concepciones del poder político

Por la existencia de espacios de discusión y persuasión, lugares de construcción de los valores de los cuales depende la acción, el campo de lo político es, como dice Marc Augé, “el gobierno de la palabra” –pero solo “por una parte”, como él mismo especifica. En efecto, cuando se producen acciones de protesta que ejercen presión sobre el Gobierno, cabe que nos preguntemos acerca de qué tiene mayor influencia: ¿los eslóganes y otras declaraciones a la prensa (palabra) o los numerosos manifestantes y las dificultades generadas a la economía del país mediante las huelgas y los bloqueos (acción)? Y cuando el Gobierno debe responder a estas reivindicaciones, ¿qué podrá calmar las cosas: una campaña de persuasión de las categorías interesadas para convencerlas de la legitimidad de la situación vigente (palabra) o medidas concretas de reducción efectiva de impuestos o de aumento de sueldos (acción)? El gobierno de la palabra no constituye la totalidad de la política, pero no puede haber acción sin palabra: la palabra interviene en el espacio de discusión para que se definan la idealidad de los fines y los medios de la acción política; la palabra interviene en el espacio de acción para que la distribución de las tareas y la promulgación de las leyes, reglas y decisiones de todo orden, sean organizadas y coordinadas; la palabra interviene en el espacio de persuasión para que la instancia política pueda convencer a la instancia ciudadana de la legitimidad de su programa y de las decisiones que toma mientras administra los conflictos de opinión en provecho suyo.

Por un lado, entonces, como ya hemos dicho, Max Weber, para quien el poder político está directamente relacionado con la dominación y la violencia, a través del Estado que –con fuerza de dominación– impone su autoridad bajo una apariencia de legalidad y obliga a los hombres a saberse dominados y, por lo tanto, a someterse: “El Estado es una relación de dominación ejercida por unos hombres sobre otros, que se sostiene por medio de la violencia legítima […] Para que exista, pues, es preciso que los hombres dominados se sometan a la autoridad reivindicada por aquellos que se encuentran en posición de dominación en cada caso considerado”. Por el otro, Hannah Arendt, para quien – contrariamente a Weber– el poder político resulta de un consentimiento, de una voluntad de los hombres de vivir juntos que funda el hecho político en el cual poder y acción se definen recíprocamente: “Cuando declaramos que alguien está en el poder, entendemos por ello que recibió de cierto número de personas el poder de actuar en su nombre”. El poder político, entonces, no se vincula con la opresión sino con la libre opinión. Entre ambos, si se puede decir así, Jürgen Habermas, quien propone diferenciar entre un “poder comunicacional” y un “poder administrativo”: el primero se instaura fuera de toda dominación, ya que su iniciador y depositario –y quien lo hace circular por la sociedad, creando un espacio de discusión “fuera de todo poder, en un espacio público no programado en función de la toma de decisión; y, en ese sentido, no organizado”– es el pueblo; el segundo, por su parte, siempre implica relaciones de dominación, ya que se trata de organizar la acción social, de regularla mediante leyes y sanciones, y de evitar o poner freno a todo lo que podría oponerse a esa voluntad de actuar. Nosotros nos inscribimos en esa filiación, defendiendo una concepción del poder político que resulta dialécticamente de dos componentes de la actividad humana: el del debate de ideas en el vasto campo del espacio público, lugar en el que se intercambian opiniones; el del hacer político, en el campo más restringido del espacio político, lugar donde se toman decisiones y se realizan actos. Estos dos campos se legitiman recíprocamente; pero, a diferencia de Habermas y de Arendt –y en especial de Weber, quien sólo ve un único campo: aquel donde se ejerce una «violencia legítima», en el cual la legitimidad y la autoridad se fusionan–, nosotros afirmamos que ambos se definen según relaciones de fuerza que exigen procesos de regulación, desarrollándose cada uno de estos procesos según un juego de dominación que le es propio. Cada uno lo hace entremezclando lenguaje y acción: en el primero, predomina el lenguaje; en el segundo, la acción. El primero es el lugar de una lucha discursiva en la cual se permiten muchos golpes (manipulación, proselitismo, amenazas/promesas, etc.), y lo que está en juego es la conquista de una legitimidad a través de la construcción de opiniones; el segundo es el lugar donde se ejerce el poder de actuar entre una instancia política que se dice soberana y una instancia ciudadana, y lo que está en juego es el ejercicio de una autoridad a través de una dominación hecha de reglamentación y sanción. Vemos, una vez más, cómo el lenguaje se vincula con la acción, pero también cómo la palabra política cae en la trampa. Este doble poder obliga a la instancia política a encontrar una forma de decir que no revele todos los proyectos y objetivos de la acción; sin perder de vista, sin embargo, que este juego de enmascaramiento de la acción por parte del discurso se halla limitado por una ética de la responsabilidad. La palabra política debe debatirse entre una verdad del decir y una verdad del hacer, una verdad de la acción que se manifiesta a través de una palabra de decisión y una verdad de la discusión que se manifiesta a través de una palabra de persuasión (orden de la razón) y/o de seducción (orden de la pasión).

2. Del espacio social a los espacios sociales de la palabra política

El espacio de lo político –y, en términos más generales, de la sociedad– no se corresponde necesariamente con un espacio geográfico, aunque a veces ambos pueden coincidir. Se halla fragmentado en diversos espacios de discusión, persuasión y decisión, que algunas veces concuerdan y otras veces se confunden o se oponen. Por consiguiente, ¿podemos hablar de un espacio público como si fuese un espacio más o menos homogéneo en el cual estaría en juego todo lo concerniente a los asuntos de la vida en sociedad? Lo que está desde hace tiempo en cuestión, y actualmente aún en debate, es saber si es conveniente diferenciar entre espacio público y espacio político, cuál es la índole de dicho espacio público y dónde se sitúa la frontera entre espacio público y espacio privado.

Espacio público, espacio privado y espacio político

A menudo, el espacio político y el espacio público han estado confundidos. Esto era particularmente cierto en la sociedad de los antiguos, para los cuales el espacio de la polis “era el de la libertad” emancipadora de la tiranía del poder ejercido por el amo en el espacio privado. Un sentido estricto de la expresión es defendido, entre otros, por D. Wolton bajo la denominación de comunicación política, que es “el espacio en el que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que poseen la legitimidad de expresarse públicamente sobre la política y que son: los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos”. Se determina, así, un espacio particular dentro del espacio público, ya que todo lo que se dice y hace en este último no es necesariamente de orden político. Para Wolton, solo forman parte de la comunicación política los discursos “sobre los cuales se definen las confrontaciones”, ya que, según agrega, “el desafío de toda fase de comunicación política sigue siendo sin duda la decisión y la acción política”. Obsérvese que Wolton habla aquí de comunicación política y no de discurso político, del cual precisamente afirma que no forma parte de aquella. El sentido amplio es defendido por B. Miège. Les objeta a los escritos de algunos politólogos que se centran demasiado “en torno al análisis de las relaciones entre dirigentes políticos, periodistas de los grandes medios audiovisuales y expertos en marketing político”, ya que de este modo “llegan a reducir de facto el espacio público únicamente al núcleo duro de su componente político”. Después de haber efectuado un rápido recorrido histórico de los diferentes estadios de la prensa, los medios y la comunicación, Miège propone considerar que esos diferentes estadios han construido cuatro modelos de comunicación que pueden ser considerados como otros tantos principios organizadores de los espacios públicos de las sociedades liberal-democráticas. Se trata de la por el compromiso político y, al mismo tiempo, la escritura literaria, y que hacía que las élites confrontaran; la “prensa comercial de masas”, de la segunda mitad del siglo XIX, que era financiada por la gran industria y hacía surgir un periodismo orientado hacia lectores-ciudadanos; los “medios audiovisuales de masas”, que ocupan un lugar prominente en la segunda mitad del siglo XX y se caracterizan por la visibilización de todos de los acontecimientos del mundo gracias al desarrollo tecnológico y a la organización del marketing y, por último, la “comunicación generalizada”, que a partir de la década de los setenta invadió el planeta y transformó las cuestiones sociales. Miège agrega que estos modelos, lejos de sustituirse unos a otros, se han yuxtapuesto e incluso siguen coexistiendo. Ahora bien, el punto común entre estos modelos consiste en que la información y la comunicación, por una parte, y el espacio público y el espacio político, por otra parte, “tienen su destino vinculado desde las sociedades de la Antigüedad”. No habría, pues, decisión ni acción posible en el campo político sin que se tenga en cuenta a la opinión, para cuya fabricación intervienen los medios. Nos hallamos, así, en un juego donde todo el mundo cambia bajo la influencia de los demás: la opinión bajo la influencia de los medios, los medios bajo la influencia de lo político y de la opinión, lo político bajo la influencia de los medios y de la opinión.

 

☛ Título: El discurso político

☛ Autor: Patrick Charaudeau

☛ Editorial: Prometeo

 

Datos sobre el autor 

Patrick Charaudeau es profesor emérito en la Universidad de París-XIII.

Dirige el Centro de Análisis del Discurso y trabaja en estrecha colaboración con la Inateca (Instituto nacional audiovisual) de Francia, en el marco de sus talleres de investigación. Además, coordina proyectos de cooperación científica con universidades extranjeras sobre el estudio de los medios.

Es uno de los mayores especialistas contemporáneos en análisis del discurso.