El libro se propone analizar conflictos sociales y disputas judicializadas relacionados con cuestiones sociourbanas y ambientales, de cuidado remunerado y de violencia de género a lo largo de las últimas dos décadas en Argentina […]. En ese sentido, se aborda la acción del poder del Estado menos estudiado por las ciencias sociales, convertido en la “otra ventanilla” en la cual se reclama, individual y colectivamente, prestaciones de salud y actualización de haberes previsionales, subsidios habitacionales, urbanización de barrios populares y saneamiento ambiental a gran escala. En el mismo movimiento, extiende una invitación a recorrer los desafíos conceptuales y metodológicos de las investigaciones sobre la judicialización desde un variado abanico de disciplinas como la sociología política, la antropología política y jurídica y la teoría política, dando cuenta de los abordajes y las estrategias utilizadas y los aprendizajes obtenidos para interrogar y comprender el estudio de los conflictos sociales disputados en la arena judicial. Un conjunto de interrogantes animó esas indagaciones: ¿qué evidencias empíricas se destacan en torno al tratamiento y a la respuesta judicial de las problemáticas estudiadas? ¿Qué efectos políticos, institucionales y simbólicos surgieron a partir de la amplia intervención judicial en esos litigios? ¿Qué rostros del Poder Judicial activan esas disputas? ¿Cómo se articula la movilización legal de los sectores populares con otros repertorios de acción colectiva? ¿Qué características asumió la resolución de los conflictos? ¿Qué actores, saberes, supuestos morales y prácticas permanecen y renuevan la escena de esos conflictos? A lo largo de doce capítulos, […] se aportan contribuciones críticas e informadas sobre lo que se ha dado en llamar la “nueva ola de la judicialización”. […]
Recuperemos algunas imágenes que dan cuenta de ello. Las demandas por la actualización de los haberes previsionales dieron origen a la creación de la Justicia Federal de la Seguridad Social en 1996, y con el correr de los años sus edificios aparecen colapsados por el peso de los expedientes, sucediéndose intervenciones del Poder Ejecutivo y del Legislativo para atender el incremento de la litigiosidad y dar respuestas a las sentencias. Los tribunales se convirtieron en la “mesa de entrada” para la obtención de prestaciones (tratamientos, prótesis o medicamentos) de los seguros de salud de la medicina prepaga y de las obras sociales. La Cuenca Matanza Riachuelo fue un caso emblemático que llevó los temas ambientales a la Justicia e interpeló actores del sector privado y de diferentes niveles del Estado.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la jurisdicción que se convirtió en escenario de especial de-senvolvimiento del fenómeno, las vacantes escolares en establecimientos de educación común y el acceso y la titulación en la educación especial hace años se disputan en terreno judicial. La tenencia del suelo y el acceso a la vivienda no solamente enfrentan al rostro punitivo de la Justicia: varias villas se encuentran con procesos judiciales abiertos por demandas de urbanización y cuentan con ventanillas estatales asociadas con la defensa de los derechos. Las prestaciones de subsidios habitacionales distinguen a los perceptores “amparados” (quienes presentaron una demanda judicial), aspecto que se hace visible hasta en la organización de las “filas” en las dependencias públicas: es frecuente que el funcionariado argumente tener un reducido margen de maniobra sobre el presupuesto por estar “judicializado” (haciendo referencia a las partidas involucradas en los juicios).
La intervención del Poder Judicial se presenta como un resultado de la creciente “juridización” de las relaciones sociales, es decir, de la formalización legal de cuestiones que se encontraban reguladas de manera autónoma o informal, producto entre otras cosas de reformas constitucionales que ampliaron el catálogo de derechos y las garantías de protección, y les otorgaron un rango constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos. En muchos casos, se produjeron transformaciones sustantivas; en otros, se resignificaron y actualizaron discursos sobre “viejos problemas”, relatados ahora en “clave” de derechos y los sujetos aparecen como portadores y a la vez víctimas de violaciones de derechos.
Sobran imágenes sobre sus efectos. En 2018, el Ministerio de Justicia de la Nación creó un Hospital de Derechos en la CABA para hacer un “diagnóstico completo de la salud legal de los consultantes”. En un registro distinto, pero de la misma naturaleza, diferentes encuestas de hogares oficiales y no oficiales procuraron relevar las “necesidades jurídicas insatisfechas” de la población extendiendo propósitos propios de estudios cuantitativos sobre las condiciones materiales de vida. El desarrollo de indicadores de medición de los derechos humanos y la consolidación de sistemas internacionales de monitoreo desplegaron herramientas metodológicas para la rendición de cuentas de la actividad estatal en un amplio abanico de intervenciones.
En suma, en las últimas décadas, los conflictos en torno a la satisfacción de derechos sociales y ambientales se disputaron en términos jurídicos y, en ese movimiento, fueron atravesados por la intervención del Poder Judicial.
*/**Compiladores de La otra ventanilla, editorial Eudeba (fragmento).
