El 9 de febrero de 1976, la delegada gremial Silvia Susana Ontivero fue secuestrada junto a su hijo de cuatro años y llevada al Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de Mendoza. Allí vivió lo que ha descripto como los peores dieciocho días de su vida. “Fui salvajemente violada, repetidamente violada, muchas veces en el día, con una suciedad asquerosa. A veces, entraban a la celda de a uno, otras de a dos o de a tres para hacer su faena”. Las brutales prácticas a las que fue sometida le provocaron un aborto e infertilidad de por vida.
Apenas tres meses antes, Carlos Eduardo Cangemi, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de la Juventud Guevarista, había sido retenido por personal de las fuerzas de seguridad y llevado a una de las “comisarías satélite” del D-2, donde fue golpeado hasta perder el conocimiento, esposado y vendados los ojos, para después ser remitido al Departamento de Informaciones, donde recibió torturas, entre otras, a través de la “picana” (método de las descargas eléctricas).
Ambos, desamparados, torturados y secuestrados por un Estado terrorista. Sólo sus respectivas familias y algunos amigos persistieron en su empeño de que éstas y otras miles de víctimas obtuvieran justicia. Pero la venda en los ojos que la representa estaba puesta en esos momentos no para garantizar imparcialidad e independencia cuando más se necesitaban, sino para permitir las atrocidades que se estaban cometiendo.
Era la interesadamente ciega Justicia argentina de entonces, que todavía hoy algunos justifican, como se hiciera con el Holocausto, con el “yo no sabía lo que estaba pasando y tardé mucho tiempo en darme cuenta”.
Un argumento que, afortunadamente, ya no es válido, porque la nación argentina es bien diferente.
El Poder Judicial, y por ende los jueces y fiscales de entonces, con honrosas excepciones, no debieron haber ocultado la cabeza debajo del ala poniéndose así del lado de los represores. Una Justicia verdadera nunca puede traicionar a los ciudadanos. La dignidad de uno de los poderes del Estado sólo fue mantenida por un puñado de profesionales del derecho que se negaron a ser cómplices o cooperadores de la dictadura.
Por ello, está bien que la Argentina de ahora conozca quién estuvo y qué hizo, quién se la jugó y quiénes participaron de esa especie de aquelarre mortal que se llevó por delante lo mejor de toda una generación que luchaba por cambiar las cosas.
Entre 1983 y 2003 la impunidad fue la regla, y sus consecuencias se sintieron en la Argentina. Las cosas no fueron como debieron ser. La acción judicial, que comenzó siendo espectacular con el Juicio a las Juntas Militares en 1985 y que ejemplificó, al menos parcialmente, la responsabilidad criminal de la dictadura, quedó hundida por la impunidad apenas un año después. Se trataba de una democracia frágil, quebradiza e incluso cosmética. Sólo los movimientos de derechos humanos y de víctimas (Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, entre otros) lucharon realmente por ella a riesgo de incomprensión y persecución. Fueron las voces de la libertad y de la lucha reivindicativa por la verdad, la memoria y la justicia y, con ellas, el sistema fue fortaleciéndose poco a poco.
La sociedad civil luchó denodadamente contra las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), mientras que la justicia no estuvo a su altura al someterse a ellas en forma acrítica, cuando podía haberlas combatido. Aquellas leyes de impunidad, a pesar de los resquicios que dejaban (apropiación de niños y delitos de contenido patrimonial), fueron asumidas por un Poder Judicial silente, en el que sólo algunas voces entre los fiscales y los jueces se rebelaron contra el abandono flagrante de las víctimas al rechazar dichas normas y los indultos posteriores.
Los delitos referidos a los niños desaparecidos se persiguieron como crímenes de lesa humanidad; ni siquiera se hizo en forma coordinada.
Lo que había sido un plan sistemático de eliminación y desaparición nunca se enfrentó como tal en esos años; tampoco se abordaron investigaciones serias, al contrario que en la actualidad, sobre la depredación económica que acompañó a la dictadura, ni sobre el propio componente económico-financiero que la identifica, aún más, como un régimen criminal en sí mismo, contra la humanidad. Faltó, desde el sector judicial, la visión global que sí tuvieron las víctimas y la sociedad civil al formar y continuar, con fuerza y persistencia, hasta el punto de constituir un ejemplo permanente de lucha contra la impunidad dentro y fuera de la Argentina, la gran labor de exigir justicia, verdad y reparación. (...)
Desde hace once años, las cosas definitivamente cambiaron en este país. La decisión política indiscutible del presidente Néstor Kirchner de impulsar una política de justicia sin limitaciones, junto con las acciones internacionales llevadas a cabo desde España y otros países, y las iniciativas judiciales que venían produciéndose –primero tímidamente en 2001 en la Argentina y después con toda claridad desde 2003, dando lugar a las órdenes de detención expedidas por la Justicia española y luego abriendo las causas–, sumadas a la anulación parlamentaria y la nulidad por la Corte Suprema de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, abrieron definitivamente las avenidas de la Justicia, que nunca deberían haberse clausurado
en este país. Ello, al margen de quién haya sido el motor (...) ha contribuido en forma poderosa a la recuperación de la credibilidad de una maltrecha Justicia argentina, tanto en el
plano nacional como en el internacional, en el área de la defensa de los derechos humanos. (...)
Desde el Poder Ejecutivo, con una visión amplia de política nacional, y desde la sociedad civil, se inició un proceso de memoria abierta, donde, además de conocer la verdad de aquellos atroces años, se está enjuiciando a los responsables inmediatos de los crímenes, avanzando definitivamente hacia los demás ámbitos, como el de los jueces, los fiscales y los abogados que apoyaron y participaron de aquellos hechos, o al de algunos religiosos, ya condenados, y al de los agentes económicos que estuvieron en la base de la dictadura cívico-militar o se nutrieron de ella, y que, de esta forma, contribuyeron definitivamente a consolidar un sistema que torturó, desapareció, asesinó y depredó a sus víctimas. Ahora, por fin, se comienza a construir un espacio en el que la Justicia está ayudando a que la memoria y la verdad se completen ante la vergonzosa falta de cooperación de los propios victimarios, que siguen, en su generalidad, sin asumir la responsabilidad de haber humillado y perseguido a los ciudadanos de su propio país. (...)
DISIDENCIAS
Los testimonios recogidos en esa investigación revelan que, aun en un contexto permeado por la persecución política, hubo docentes que lograron generar ciertos espacios para la reflexión comprometida. En Universidad y dictadura se menciona, entre otros docentes, a Luis Moreno Ocampo, que, como ayudante de Ricardo Gil Lavedra, denunciaba las desapariciones en sus clases de 1978. También se ubica, con distintas notas, a varios
profesores que de una u otra forma expresaron alguna inquietud o disconformidad, como Enrique Petracchi, Víctor Irurzún, Elías Neuman, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carlos Nino (...)
Luego del golpe de 1976 hubo algunos pocos funcionarios judiciales que, ya fuera dentro de la jurisdicción o del ministerio público –de la defensa y fiscal–, llevaron a la práctica diversas vías para garantizar alguna forma de debido proceso y derecho de defensa. Tal fue el caso, por ejemplo, de
Eugenio Raúl Zaffaroni, quien como juez tramitó el hábeas corpus de Inés Ollero, disponiendo de los medios de investigación al servicio de encontrarla. (...)
