Hace semanas que Chubut es escenario de masivas movilizaciones del movimiento “No a la mina”. Diversas organizaciones, como las Regionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Esquel, Noroeste y Este del Chubut y la Comisión contra Impunidad, por la Verdad y la Justicia, repudiaron “la persecución política que el Gobierno provincial hace a los vecinos de las comunidades que rechazan la instalación de emprendimientos megamineros y luchan en defensa de sus derechos a raíz del anuncio del plan de zonificación minera que planteó tanto el gobierno nacional como provincial”.
Desde hace semanas que vienen denunciando confusas detenciones callejeras a cargo de “fuerzas especiales del gobernador Mariano Arcioni y allanamientos ordenados por el Juez penal Fabio Monti en domicilios particulares de la ciudad de Rawson a miembros del movimiento NO A LA MINA”, según le especificó desde Chubut a PERFIL Santiago Vasconcellos de la tribuna ambiental del Partido Obrero.
Estos organismos ya venían diciendo que, durante el curso de la pandemia, estaban siendo víctimas de acciones abusivas “desarrolladas por el Ejecutivo provincial al comando del Ministro de Seguridad Federico Massoni “. Incluidos los hechos que sucedieron al día de hoy de dos jóvenes violentados al costado de una ruta chubutense.
El origen. Según Vasconcellos, el jueves 5 de noviembre el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto al secretario de Minería, Alberto Hensel, presentaron el “Plan Estratégico Minero Argentino” en una reunión de la que participaron gobernadores de diferentes provincias (entre ellas, San Juan, Santa Cruz, Catamarca), empresarios y el flamante presidente del Consejo Federal Minero Martín Cerdá.
El objetivo del encuentro era lograr “una estrategia compartida de minería inclusiva y sostenible, que capte inversiones y genere divisas”.
Iniciativa popular. Hace meses que el movimiento socioambiental del No a la Mina comenzó a responder con movilizaciones y reacciones populares en varios puntos de la provincia. “Chubut ya decidió. La megaminería no tiene licencia social. Exigimos al Gobierno del Chubut el cese inmediato de la persecución y criminalización de quienes defienden los derechos a la salud y al ambiente sano “, dicen desde las organizaciones.
Junta de firmas. En junio de este año, se lanzó la Iniciativa Popular 2020 para impedir por ley la fijación de «zonas de sacrificio» para la explotación minera. Se llevaron adelante actividades para juntar firmas a lo largo y ancho de la provincia, desde mesas callejeras y cientos de locales de comercios se pusieron a disposición.
En septiembre, presentaron el Proyecto de ley por Iniciativa Popular (IP), con el aval de más de 30.000 firmas, para la protección del agua y el territorio. Luego de la presentación en Rawson, también hubo una conferencia en la ciudad cordillerana de Esquel.
El trasfondo. Actualmente se encuentra vigente la ley 5001, aprobada luego de la lucha del pueblo de Esquel, pero esta no impide la posibilidad de “zonificar” la meseta chubutense o utilizar metodologías no contempladas en la 5001. “Ya transcurrieron 18 años de lucha ininterrumpida en contra de la instalación de proyectos megamineros en la provincia y nuevamente se presenta la Ley por Iniciativa Popular, que busca que busca ampliar las protecciones ambientales logradas a partir de la ley XVII-Nº 68, ex ley 5001, y prohibir, en todas sus etapas, la actividad minera metalífera a gran escala, conocida como megaminería, que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa“, aseguran desde el Movimiento Plurinacional del Agua para los Pueblos y Red de Consciencia de Chubut.
Lo que plantean las organizaciones es que no se implemente el modelo minero que tiene San Juan, Catamarca y Santa Cruz, donde “las regalías son bajas, la contratación de mano de obra es escasa, la contaminación de grandes cantidades de agua es permanente, generando crisis hídricas crónicas, en este caso con el río Chubut. ”
