En el marco de las negociaciones previstas para la Cumbre Climática de la ONU que se celebrará en noviembre en Glasgow (Reino Unido), el 2021 se presenta como un año decisivo para los compromisos de acción climática de los distintos países.
El pasado enero se conocieron los resultados del “People´s Climate Vote”, la encuesta de opinión pública sobre cambio climático más importante jamás realizada. La iniciativa, impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Oxford, abarcó 50 países con más de la mitad de la población mundial. La conclusión fue clara: el 64% de las personas encuestadas consideró que el cambio climático constituye una emergencia global.
En este contexto, a pesar de una breve caída en las emisiones de dióxido de carbono causada por la pandemia de COVID- 19, y más allá de los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global muy por debajo de 2°C, el mundo todavía se dirige hacia un aumento de temperatura superior a 3°C este siglo. Sin embargo, la implementación de medidas para recuperarnos de la pandemia puede reducir alrededor de 25% las emisiones de gases de efecto invernadero previstas para 2030 y poner al mundo más cerca de la trayectoria de 2°C. Para lograrlo, los gobiernos deberían hacer todo lo posible para impulsar una recuperación ecológica y aumentar la ambición de sus compromisos antes de la próxima cumbre climática de 2021.
Si no se actúa inmediatamente para ralentizar el cambio climático, el futuro (y presente) podría incluir migraciones masivas por desastres naturales, sequías y falta de alimentos por la degradación de la tierra, así como conflictos por los recursos más básicos, entre otros.
Panorama global. A pesar de los nuevos compromisos climáticos asumidos por la Argentina y otros países del mundo, el 26 de febrero pasado, la CMNUCC publicó el informe de síntesis de las NDC que muestra, en palabras de Patricia Espinosa, Secretaria de la Convención, “...que los niveles actuales de ambición climática no están en camino de cumplir con nuestros objetivos del Acuerdo de París”.
El informe también muestra que, si bien la mayoría de los países han aumentado sus niveles de ambición climática, el impacto combinado de estos compromisos nos sitúa en la senda de lograr sólo una reducción del 1% para 2030 en comparación con los niveles de 2010. En este sentido, los compromisos de los gobiernos en virtud del Acuerdo de París, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), siguen siendo insuficientes de forma manifiesta y las emisiones previstas para 2030 dejarían al mundo en camino de un aumento de 3,2°C en este siglo, incluso si todas las NDC no condicionadas se implementan por completo.
Situación de Argentina. En diciembre del año pasado durante su intervención en la Cumbre de Ambición Climática, el presidente Alberto Fernández presentó la nueva contribución nacionalmente determinada (NDC) de la Argentina, que limitará casi un 26% las emisiones de gases de efecto invernadero en el país con respecto a la anterior NDC.
En aquel momento, el presidente también prometió que trabajará para que Argentina sea carbono neutral en 2050. A la vez, realizó un análisis de la situación climática de nuestro país, asegurando que estamos sufriendo los efectos del cambio climático y que actualmente se invierten "15.000 millones de dólares en acciones de mitigación y adaptación con financiamiento internacional", señalando que estos montos son "insuficientes" y pidiendo la cooperación por parte de los países más desarrollados (aclaración obligada: la cifra real invertida en Argentina para 2020 es mucho menor, por supuesto).
Ahora bien, más allá de los compromisos anunciados, la realidad de Argentina supone que estamos muy lejos de alcanzarlos en tanto la depredación ambiental continúe: actualmente se debaten proyectos como el avance de la megaminería en Chubut, o la instalación de granjas porcinas para la producción de carne de exportación; se incrementan los incendios, en su mayoría intencionales, lo que conlleva la pérdida de miles de hectáreas de bosque y los beneficios ecosistémicos asociados a ellos; no se corta el subsidio a combustibles fósiles; continúa el avance del negocio inmobiliario que afecta espacios públicos como riberas costeras y humedales, así como la expansión de la frontera agropecuaria para la siembra de monocultivos y la ganadería; entre otros.
Los impactos de todo lo mencionado ya pueden advertirse en varios puntos del país, mediante, por ejemplo, sequías en zonas cada día más secas, o grandes inundaciones en zonas más húmedas.
En este marco, durante los próximos días estarán ocurriendo diversas actividades y acciones presenciales en defensa del ambiente. Por ejemplo, el viernes 19 y en el marco de la séptima movilización mundial, habrá activaciones en varias provincias de Argentina y en distintos puntos del mundo. Para el lunes 22, por su parte, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones, colectivos, ciudadanos y ciudadanas, entre otros, convocarán a una movilización masiva al pie del Congreso en el marco del día mundial del agua.
El encuentro contará con actividades varias como una sentada en Plaza de Mayo, la marcha propiamente dicha hacia el Congreso, stands, entre otros, y también tendrá su correlato en distintos puntos del país.
Como podemos observar, ante tantos datos y movilizaciones, tomar acción es cada vez más necesario y urgente. ¿Cuál será el sendero que tome el estado nacional para cumplir con lo prometido y, a la vez, hacer frente a los intereses de las grandes corporaciones?
