Los electrodomésticos y los dispositivos electrónicos aportan soluciones a problemas de la vida cotidiana, pero una vez se rompen o decidimos cambiarlos por modelos más novedosos, se convierten en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y en muchos casos su porcentaje de recuperación o reciclaje es muy bajo.
Según el Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos (2020), en Argentina se generan 465 mil toneladas de RAEE por año y el 60% termina en basurales o rellenos sanitarios, mientras que el porcentaje de elementos que son recuperados o reciclados es sólo del 5%. El resto, por el contrario, se acumula y se convierte en un grave foco de contaminación, tomando en cuenta que este tipo de residuos contiene infinidad de sustancias tóxicas.
Este fenómeno se agrava con el hecho de que cada vez se consumen más dispositivos electrónicos: cada año se descartan alrededor de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos en todo el mundo y solo el 9% corresponde a los producidos en Latinoamérica. En este contexto, Argentina ocupa el tercer puesto en el ranking regional, luego de Brasil y México, con una generación promedio de 10,3 kg por habitante.
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Para visualizar estas cifras en concreto, se estima que de un total de 10 celulares en desuso, entre 5 y 6 son almacenados en hogares e instituciones por desconocimiento sobre qué hacer con ellos. Un celular y medio llega a talleres de reparación y sólo 1 se recicla con la idea de recuperar materiales. Lo más preocupante es que luego de pasar un tiempo almacenados o de atravesar las distintas etapas de recuperación, se calcula que 6 de esos celulares terminan en basurales o rellenos sanitarios.
Elementos peligrosos
La acumulación de RAEE afecta a la salud humana a través de la exposición a elementos tóxicos como el plomo. En investigaciones recientes citadas en el mismo informe del Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos, se ha constatado un número cada vez mayor de efectos adversos para la salud: problemas en el parto, alteraciones en el desarrollo neurológico, problemas de aprendizaje, daños en el ADN, problemas cardiovasculares, respiratorios e inmunológicos, enfermedades de la piel, pérdida de audición y cáncer, sin mencionar el impacto ambiental generado por los tóxicos que desprenden este tipo de dispositivos, los cuales contaminan el suelo, el agua y el aire.
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Para aumentar el porcentaje de recuperación y/o reciclaje de RAEE, es necesario el compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas, por un lado, y de los funcionarios a cargo de las distintas localidades por otro. En este sentido, cada municipio debería contar con espacios de recepción para este tipo de residuos y otros especiales como pilas y baterías, aceite usado, cartuchos, toners, entre otros. Asimismo, debería informarse a la ciudadanía de la existencia de dichos puntos, a la vez que se la concientice mediante información que dé cuenta de los impactos que tiene el tema en cuestión.
Mientras se intenta reducir el volumen de RAEE generados a través de programas de recuperación y reciclado, la lucha se hace cuesta arriba con el arraigado consumismo que caracteriza a la sociedad actual. Los aparatos tienen un ciclo de vida cada vez más corto a causa de la obsolescencia programada, una práctica empresarial que consiste en diseñar y fabricar productos con una vida útil relativamente corta para incentivar todavía más su consumo.
Falta de marco legal
Actualmente, una de las grandes deudas ambientales de nuestro país en materia legislativa es la de una Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión para este tipo de recursos. En este sentido, existen leyes nacionales (Ley N° 25.675 General del Ambiente; Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos; Ley N° 25.916 para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios), provinciales y de CABA relacionadas. Sin embargo, estas normativas parecen no haber sido suficientes para impulsar la gestión de RAEE y otros residuos especiales de generación universal (REGU).
En este contexto, en 2016 el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación dictó la Resolución 522 en la que se establecen objetivos, definiciones y lineamientos, para el desarrollo de una Estrategia Nacional referida al Manejo Sustentable de REGU, entre los que se encuentran los RAEE. Sin embargo, dado el tipo de norma elegido, este tipo de resolución no tiene carácter obligatorio. En busca de mejorar la reglamentación existente y avanzar hacia políticas públicas obligatorias de carácter nacional, la discusión debería darse entonces en términos de qué tipo de norma es adecuada para establecer definiciones y qué tipo de ley debió dictarse.
¿Qué hacer?
Mientras tanto, desde nuestro lugar hay algunas acciones que podemos llevar a cabo frente a esta realidad: al adquirir productos eléctricos y electrónicos procuremos elegir aquellos de mejor calidad en la medida de lo posible, para tratar de extender al máximo su vida útil; también es recomendable evitar cambiarlos si aún funcionan o arreglarlos mientras se pueda; finalmente, si debemos reemplazarlos por nuevos, independientemente de la razón, averigüemos emprendimientos, fundaciones o programas que los reciban para refaccionarlos o reciclarlos.
Las acciones individuales siempre pueden inclinar la balanza de manera positiva pero serán efectivas y sostenibles en el tiempo solo si la gestión de RAEE es llevada adelante mediante una estrategia efectiva que aplique para todo el territorio nacional.
