Recientemente la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Presupuesto 2023 con algunas modificaciones sobre la propuesta inicial del Ejecutivo, ya cuenta con dictamen del Senado y pasará al recinto en las próximas semanas. La Ley de Presupuesto es una de las máximas expresiones sobre cuáles serán las prioridades en materia de políticas de Estado para el próximo año. Pero, ¿cuál es la relevancia de las políticas socio-ambientales en el Presupuesto 2023?
El presupuesto total de la Administración Pública Nacional tiene un crecimiento nominal del 77,8% respecto al vigente para 2023. Como contrapartida, el pago de los Servicios de Deuda aumenta un 99,8%, de $1.333 mil millones a $2.664 mil millones. Esto deriva necesariamente en un ajuste sobre otras partidas entre las cuales las ambientales no son la excepción.
El monto asignado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) pasa de una proyección de cierre para 2022 de $35.8 mil millones a $55.8 mil millones en 2023, que implican un crecimiento nominal del 56%, frente a una inflación interanual proyectada para 2023 del 60%, en el mensaje de remisión del presupuesto, resultando aún mayor frente a la proyección inflacionaria promedio publicada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), del 76,1%.
El presupuesto total del MAyDS es menos del 2,1% de lo que se destina al pago de la deuda. Esto evidencia que las problemáticas socioambientales no son prioridad en el presupuesto público y se da en un marco de crisis climática, donde se registran récords de temperaturas máximas y se continúan propagando incendios por todo el país, algunos propiciados por condiciones climáticas altamente desfavorables y otros como consecuencia de la actividad humana.
Protección Ambiental de los Bosques Nativos
En 2007, se sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos, lo cual constituyó un enorme avance en tanto crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos, destinado a compensar a las jurisdicciones que los conservan, por los servicios ambientales que prestan, como la regulación hídrica, conservación de suelos, la biodiversidad o la fijación de carbono, entre otros. Acorde a esta regulación, el Fondo debe representar un 0,3% del total del Presupuesto. Sin embargo, desde la sanción de la Ley esta pauta nunca se cumplió.
La partida para el Fondo de Bosques en 2023 será de $9.000 millones que representan tan solo el 0,031% del presupuesto total, frente a los más de $86.000 millones que deberían destinarse para alcanzar el 0,3% establecido en la Ley. Considerando el crédito vigente de 2022, tiene un aumento interanual nominal del 57,6%, por debajo de la inflación proyectada. En otras palabras, no solamente se incumple la Ley de Bosques, sino que incluso se ajusta hacia la baja en términos reales.
Manejo del Fuego
A finales de 2020 se modificó la Ley N° 26.815/2013, creando el Fondo Nacional del Manejo del Fuego (FNMF), un Fondo Fiduciario que recibe aportes del tesoro nacional y de la primas de seguros. En ese entonces, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) pasó de la órbita del Ministerio de Seguridad al MAyDS.
El Proyecto contempla $10.208 millones para el FNMF, $4.973 provienen del Tesoro Nacional y $5.235 millones de las mencionadas primas de seguros.
En su intervención ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el Ministro Cabandié expuso el crecimiento de los fondos durante los últimos años. El incremento entre el crédito vigente al 30/09/2022 (de $6.953 millones) y el del Presupuesto de 2023 representa un aumento nominal del 46,8%, mucho menor al de la inflación proyectada para 2023, del 60%.
En rigor, si tomáramos como referencia el crédito inicial de 2022 (de $2.696 millones), la forma de presentar esta evolución mejoraría. Pero la discusión no debe remitirse solo a lo cuantitativo. El debate más importante es cualitativo y se vincula con una revisión integral sobre determinadas prácticas productivas del sector agropecuario y otras actividades económicas.
En este sentido, se hace urgente la sanción de una Ley de Humedales y una mirada integral de las distintas jurisdicciones provinciales y municipales, para el desarrollo de políticas ambientales preventivas robustas.
¿El presupuesto prioriza las energías renovables?
El presupuesto sostiene importantes programas como el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) y otras iniciativas. Sin embargo, vemos que el Programa Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos recibe más de $287.854 millones, que representan nada más que el 0,99% del Presupuesto.
De este monto más de $150.112 millones (0,52% del Presupuesto) son subsidios a la oferta, es decir, transferencias directas del Estado a las firmas que participan de los negocios de extracción de gas y petróleo. Estos subsidios a empresas hidrocarburíferas son 485 veces más elevados que el monto destinado al Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables y 39 veces mayores que el mencionado PERMER.
Conclusiones
Si en el mensaje presupuestario revisamos la sección en la que se analiza el gasto tributario (los impuestos que se dejan de recaudar por exenciones impositivas), podemos observar que se estima que los beneficios para el sector minero podrían superar en 2023 los $58.000 millones, un monto que supera el presupuesto entero del MAyDS.
Este ejemplo, al igual que los mencionados beneficios del sector hidrocarburífero, reflejan que las prioridades del Presupuesto 2023 parecen ser la extensión de beneficios a sectores exportadores primario-extractivos por la presión del pago de la deuda. Esto último resiente otras partidas entre las cuales se encuentran las socio-ambientales.
Necesitamos un Presupuesto Nacional que no sea el reflejo de una situación de emergencia, sino que refuerce políticas vinculadas con la planificación que requiere la educación, la salud pública, el sistema de Ciencia y Tecnología, la protección social, la transición energética, el cambio climático y el goce de un ambiente sano.
*Julieta Izcurdia es coordinadora del Programa Justicia Fiscal de ACIJ, y Guillermina French y Ariel Slipak del área de Investigación de FARN
