Los Ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat y de Justicia y Derechos Humanos suscribieron un convenio para atender la situación de las familias que no pueden afrontar los ajustes de los alquileres y evitar desalojos.
El convenio fue firmado en el marco de la implementación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales, con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas y coordinadas, para enfrentar la problemática de miles de inquilinos, tal como expresó el comunicado oficial difundido.
Por el decreto de necesidad y urgencia 66/2021 el gobierno había congelado los montos de alquileres, prorrogó la vigencia de los contratos y prohibió desalojos por falta de pago hasta el 31 de marzo, plazo que hasta el momento no fue prorrogado.
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Asociaciones de inquilinos reclaman una nueva prórroga hasta que se termine la pandemia y un programa de desendeudamiento y cumplimiento efectivo de la Ley de Alquileres.
El convenio fue firmado por los secretarios de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, y de Justicia, Juan Martín Mena, "con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas y coordinadas", según explica el comunicado.
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Tal como indica el convenio "es clave para atender a los hogares inquilinos que enfrentan dificultades para cumplir con los compromisos de los contratos de locación como consecuencia de las dificultades económicas para atravesar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio".
La declaración oficial agrega que la Secretaría de Justicia "implementa procesos de mediación obligatoria y gratuita en distintas instancias que constituyen una política central para buscar acuerdos que impidan los desalojos y dar soluciones a quienes alquilan su vivienda, fortaleciendo la implementación del Protocolo".
LR