El sector inmobiliario vive momentos de zozobra por la crisis económica iniciada en 2018 y profundizada por la pandemia y por la sanción de la Ley de Alquileres. En este marco, diputados del bloque PRO presentaron un proyecto para “mejorar” la norma que rige desde julio del año pasado, por entender que “no beneficia ni a inquilinos ni a propietarios”.
La iniciativa, presentada por Álvaro González, propone que los contratos vuelvan a ser por dos años (el plazo se amplió hace poco a tres); eliminar la cláusula de ajuste anual y con índice del Banco Central; y que las partes puedan realizar ajustes de común acuerdo en sus contratos privados.
Según la ley de alquileres vigente, el índice para la actualización anual de los precios está conformado en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), y debe ser elaborado y publicado mensualmente por el BCRA.
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“Es urgente que trabajemos para mejorar una ley que quedó en evidencia que no beneficia ni a inquilinos ni a propietarios”, sostuvo González, según consignó el sitio Parlamentario, y advirtió que desde la sanción de la nueva norma “los valores aumentaron un 60%, muy por encima de la inflación”, y por eso propone modificarla.
El proyecto fue acompañado por sus pares del PRO Adriana Cáceres, Virginia Cornejo, Ezequiel Fernández Langan, Alicia Fregonese, Carmen Polledo, Dina Rezinovsky, Gisela Scaglia, Héctor Stefani, Pablo Torello y Natalia Villa.
Desde el sector de las inmobiliarias denuncian que la sanción de la Ley de Alquileres se generó una gran distorsión en el mercado inmobiliario. Afirman que desde la sanción de dicha reglamentación no solo cambiaron las condiciones de los contratos, sino que también los precios de los alquileres no pararon de subir. Todos estos factores habrían derivado en un faltante de oferta.
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“Se redujo la cantidad de propuestas de alquileres entre un 35 y 40 por ciento”, dijo Marta Liotto, vicepresidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, quien luego completó: “El plazo del contrato de 3 años es muy extenso, por lo que crece la incertidumbre sobre cuánto se va a cobrar”.
“Si bien sabes cuánto vas a pagar el primer día cuando entras al contrato y lo que vas a pagar el mes once, a partir del año la situación se complica”, disparó la vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de CABA. “Si esto sigue así, cada vez va a haber menos inmuebles porque los que se retiran del mercado no reingresan”, concluyó Liotto.
Al reclamo se suma que desde que salió de vigencia el decreto que estipulaba el congelamiento del precio de los alquileres y la suspensión de los desalojos, algunos inquilinos se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
AB/FF
