En el portal COMPR.AR figuran tres procesos de licitación para la adquisición de métodos anticonceptivos por parte del Ministerio de Salud: una para anticonceptivos hormonales inyectables combinados (autorizada en enero y finalmente adjudicada en agosto), una para la compra de anticonceptivos hormonales orales (que fue aprobada en enero y que nueve meses después todavía está “en evaluación”), y una para la provisión de implantes subdérmicos anticonceptivos (que aparece como “disponible para adjudicar” y que fue aprobada en julio). En 2025, según constató este medio, no figuran compras de anticonceptivos en este sistema y las últimas adjudicadas –salvo la única de 2026– fueron en 2024.
De los 56 mil métodos anticonceptivos de larga duración que se planificó entregar en el año para adolescentes, al primer semestre (último dato disponible) no se entregó ninguno. El Ministerio de Salud explica en la rendición de cuentas de la ejecución física del presupuesto que “el desvío negativo de esta meta es producto de la baja del proceso de compra de implantes subdérmicos de una varilla que se tramitó por Contratación Directa N°80-0051-CDI25, atento a una presentación judicial. Dicha situación ocasionó un faltante de stock del mencionado insumo”. Esa compra no figura en el portal oficial, pero la cartera que dirige Mario Lugones agregó que “se procedió a realizar una nueva solicitud de adquisición de implantes subdérmicos, la cual se encuentra en curso y tramita mediante N°80-0039-LPU26”. Es precisamente esta licitación la que sí aparece en COMPR.AR como “disponible para adjudicar”: la apertura de sobres fue en agosto, pero la adjudicación sigue demorada.
Sobre los dispositivos intrauterinos que también se distribuirían como parte de esta meta presupuestaria, la cartera informó que “se encuentra a la espera de la entrega de la orden de compra (N°80-0047-OC26)”. El producto sería distribuido en el tercer trimestre del año, explicaban. PERFIL consultó a fuentes del ministerio si se había regularizado esa situación, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.
En 2025, según constató este medio, no figuran compras de anticonceptivos en este sistema y las últimas adjudicadas –salvo la única de 2026– fueron en 2024.
El programa de “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable” proyectaba asistir a 8.247.500 personas con anticonceptivos en 2026, y a 2.247.500 durante el primer semestre. Sin embargo, esa asistencia estuvo casi un 40% por debajo de lo previsto. Según el Gobierno esto se debe a “diferentes problemas con los procesos de compra”, que enumera a continuación: “por un lado, la Lic. Pub. N°80-0032-LPU26 no prosperó debido a problemas en la documentación presentada por los proveedores. Asimismo, se demoró la adjudicación del proceso de adquisición de anticonceptivos hormonales inyectables (Lic. Pub. N°80-0030-LPU25), los cuales fueron proyectados para ser distribuidos a partir de segundo trimestre y se estima la regularización de la situación en el 3° trimestre. Por otro lado, no se pudieron adquirir los implantes subdérmicos de una varilla que tramitaba por la Contratación Directa N°80-0051-CDI25, atento a una intervención judicial. Si bien se inició una nueva compra, las entregas previstas fueron aplazadas para el 4° trimestre”.
Más allá de todos los inconvenientes reportados por el Gobierno en casi todas las compras de métodos anticonceptivos, el presupuesto estimado para 2027 proyecta asistir a 700 mil personas menos, explica un informe de la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). En realidad, se trata de la misma cantidad de personas (8.247.500) que fueron incorporadas en la rendición de cuentas de las metas físicas del presupuesto este año, aunque en la proyección de 2026 aprobada en el Congreso eran más: 8.947.500.
“En términos reales, son casi los mismos recursos (un 0,5% menos) que los que aprobó el Congreso para 2026, pero para alcanzar a 700.000 personas menos que las que el mismo Ejecutivo proyectó alcanzar en 2026”, afirman desde ELA.
En términos presupuestarios, continúan, el proyecto para 2027 propone “algo parecido a lo que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el año pasado”. Sin embargo, aclaran, es un dato que no puede analizarse sin tener en cuenta que este año no cumplió con lo que se aprobó. “Lo que proyectan para el año próximo no significa un aumento que permita ejecutar la política pública con los déficits que venimos acumulando”, señalan.
Dentro del programa mencionado están las actividades de salud sexual y procreación responsable y de prevención del embarazo adolescente. Las primeras presentan a octubre una ejecución del 24% ($ 4.083 millones de un presupuesto que pasó de los $ 27 mil millones a los $ 16 mil en este año) y en cuanto a la prevención del embarazo adolescente lo proyectado son $ 238 millones cuya ejecución a octubre es nula, como pudo constatar este medio en base a los datos oficiales.
ELA advierte que no se trata solamente de una cuestión de dinero. “Desde 2026 el presupuesto dejó de dar seguimiento a las acciones de asesoramiento a adolescentes en materia de salud integral y las capacitaciones a docentes en educación sexual que ofreció en el marco del Plan ENIA el Ministerio de Salud”, destacan, y agregan que “la distribución de medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley N° 27.610) también se discontinuó desde 2026, a pesar de que el texto de la descripción del programa promete ‘asegurar el acceso a la información, atención y cobertura de la salud sexual y reproductiva de la población en base a la mejor evidencia científica y al marco normativo vigente’”.
Las autoras del estudio concluyen que el presupuesto 2027 “no es creíble”, porque no existe concordancia entre lo que se proyecta como inversión y la cantidad de personas asistidas. Por ejemplo, mencionan que la proyección es de $ 2.769 millones para la prevención del embarazo adolescente, once veces más que en 2026, pero que congela el alcance en 56.000 adolescentes. “Es la misma cantidad de 2026, pero en lo que va del año no se ejecutó”.
Como cierre del informe afirman que los datos sobre la ejecución presupuestaria “nos confirman que el gobierno nacional decidió abandonar un consenso de más de 20 años al desmantelar la política de Salud Sexual y Reproductiva creada en 2002 (por Ley 25.673) con respaldo multipartidario”.
Profesionales de la salud ya advirtieron en diferentes notas a este medio lo que esto podría implicar en materia de aumento de los embarazos adolescentes o no intencionales en el mediano y largo plazo.
