Para 2026 la actividad “Prevención del embarazo adolescente”, dependiente del programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, tendrá un presupuesto de $ 239 millones, menos de la mitad de lo ya ejecutado en 2025 ($ 743 millones, según los datos del presupuesto abierto) y un 82% más bajo que el consignado como vigente, que es de $ 1.355 millones.
El proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso resalta que la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia se organiza alrededor de cuatro objetivos estratégicos: “sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia”; “fortalecer la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones de salud sexual y reproductiva en relación a los servicios de salud ofrecidos”; “promover las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos” y “fortalecer la prevención del abuso, la violencia sexual y los embarazos forzados”.
Por otro lado, el objetivo es atender la demanda de los adolescentes “en cuanto a métodos anticonceptivos en general y, en especial, sobre métodos de larga duración como los implantes subdérmicos, que requiere la disponibilidad oportuna de los mismos en los centros de salud, ya que el plan ENIA es un dinamizador de la demanda de los métodos anticonceptivos en los departamentos implementados”.
En el texto parece que nada cambió: se hace a referencia al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) –que comenzó a implementarse durante la gestión de Mauricio Macri en 2018 y logró reducir en un 50% la cantidad de casos– y a sus objetivos, pero no a su desmantelamiento, algo que advirtió en varias notas este medio: desde el comienzo la gestión libertaria despidió a más de 600 trabajadores y discontinuó o disminuyó la entrega de métodos anticonceptivos en varias provincias. Ese desmantelamiento se hace visible precisamente en el presupuesto: en 2023 la prevención del embarazo adolescente contaba con $ 2.242 millones, casi diez veces más que lo presupuestado para 2026.
La prevención de los embarazos en la adolescencia no es solamente un tema de derechos humanos y de salud. También tiene impacto real en la economía.
El informe titulado “El precio de la desigualdad: consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes y maternidad temprana en América Latina y el Caribe” (2025), editado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que, mientras la tasa de desempleo de las mujeres que fueron madres en edad adulta es del 6,3%, para las mujeres que fueron madres en la adolescencia este porcentaje se eleva al 7,7%. “La participación de las mujeres jóvenes en el mercado laboral se ve afectada por el embarazo en adolescentes y la maternidad temprana, limitando tanto su acceso a empleos formales como su capacidad de permanecer vinculadas laboralmente”, detallan. El artículo (que analizó los casos de Argentina y otros 14 países) afirma que el embarazo en adolescentes le cuesta a América Latina y el Caribe 15.300 millones de dólares al año y que profundiza las desigualdades. Además, “la mortalidad materna vinculada a los mayores riesgos de la gestación y el parto en la adolescencia se cobra 28.607 años de vida potencial cada año”. Por lo tanto, concluyen, las iniciativas orientadas a la prevención también son una buena decisión de política económica: se estima que se pueden obtener entre 15 y 40 dólares en beneficios por cada dólar invertido, dependiendo del país. “Estos beneficios no solo se traducen en ahorros económicos, sino también en una mejora en la calidad de vida y las oportunidades para las adolescentes y sus hijos e hijas”.
El impacto del ajuste en políticas de prevención del embarazo tampoco afecta a todas las adolescencias por igual. “La vulnerabilidad (por nivel socioeconómico y educación) incrementa significativamente las probabilidades de maternidades tempranas”, explica un estudio del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral: si bien en general la maternidad en menores de 20 años fue en claro descenso tras la aplicación de los programas como el Plan ENIA y en términos generales alcanza al 13,7% del total, en los casos de adolescentes con secundario incompleto este porcentaje es del 17,15%, mientras en los sectores más acomodados y con estudios finalizados esta cifra se reduce al 3,16%.
