Dos de las entidades más representativas del establishment económico exigieron que la reforma de la Ley de Glaciares abandone los criterios abstractos y habilite un análisis "caso por caso", con el argumento de que así, se destrabarán las inversiones para la industria minera. La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Unión Industrial Argentina (UIA) coincidieron en que la actual redacción de la norma funciona como un cepo regulatorio por su falta de precisión, y reclamaron que la protección se centre exclusivamente en aquellas geoformas que efectivamente cumplan un rol hídrico estratégico.
El posicionamiento de parte del círculo rojo llega en sintonía fina con la estrategia del Gobierno. El 15 de diciembre, el Ejecutivo ingresó al Senado el proyecto de ley para modificar el Régimen de Presupuestos Mínimos (Ley 26.639), cuyos fundamentos prevén terminar con la "incertidumbre" que conspiró contra el ejercicio de las prerrogativas provinciales y facultar a las jurisdicciones locales a definir qué áreas se pueden explotar.
AmCham, la cámara que nuclea a las empresas estadounidenses, también dejó trascender que destrabar la Ley de Glaciares es la condición sine qua non para que las grandes mineras internacionales hundan capital en el país. Para el mercado, la certeza jurídica que piden las cámaras locales es el único camino para transformar el potencial geológico en exportaciones reales y cumplir con el mandato constitucional de "utilización racional de los recursos naturales".
Caso por caso
El foco del reclamo empresarial no es cuestionar la protección ambiental, a la que adhieren, sino la metodología de aplicación. CAMARCO, la entidad que preside Gustavo Weiss , aseguró que es "absolutamente necesario" que la normativa contemple que la determinación de las áreas protegidas se realice "caso por caso".
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares
“No todos los glaciares y el ambiente periglacial constituyen 'reservas estratégicas de recursos hídricos'", planteó el comunicado. Bajo esta premisa, los constructores sostienen que la prohibición genérica actual paraliza obras de infraestructura y proyectos productivos sin un sustento técnico real. Por ello, exigen que las definiciones se basen en "estudios técnicos específicos y en la evaluación de especialistas" con conocimiento científico en la materia.
La UIA reforzó esta línea al destacar que el "espíritu original" de la ley es proteger solo aquellas reservas que son estratégicas. En su comunicado, subrayaron que la delimitación debe sustentarse en "criterios científicos claros" que otorguen "previsibilidad y certeza a todos los actores involucrados". Para los industriales, una redacción precisa es la llave para compatibilizar el cuidado del recurso hídrico con la ejecución de proyectos necesarios para el "crecimiento, el empleo y la competitividad".
El rol de las provincias y la "Mesa del Cobre"
Un eje central que une el reclamo del establishment con el proyecto oficial es el protagonismo excluyente de las provincias. Tanto UIA como CAMARCO remarcaron que resulta "indispensable" clarificar que los estados provinciales son los "legítimos titulares de los recursos naturales" y, por ende, quienes deben tener la llave para habilitar o frenar los desarrollos en sus territorios.
Los constructores incluso citaron a la Corte Suprema de Justicia para instar a una solución concertada a través del "diálogo federal antes que por la intervención de los jueces". Esta visión política tiene un respaldo de peso: en los fundamentos del proyecto de ley, el Gobierno cita explícitamente una nota enviada el 10 de diciembre por los gobernadores de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (sumando a Mendoza y San Juan), quienes advirtieron que la ley actual "termina por obstaculizar el logro de su finalidad última: promover el desarrollo económico sostenible".
Geólogo de UBA explica cómo afecta la minería a los glaciares
Fin de las prohibiciones "abstractas"
El proyecto enviado por el Gobierno de Javier Milei, que lleva también la firma del ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni , califica de "inadmisible" entender que existe un esquema de "prohibiciones absolutas, abstractas y genéricas" que no distingue entre realidades ni contextos.
La reforma propone preservar los glaciares como reservas estratégcas para fines específicos: consumo humano, agricultura, biodiversidad, información científica y turismo. Para operativizar esto, el proyecto establece que será la autoridad competente de cada jurisdicción la que "identificará cuáles glaciares y qué ambiente periglacial cumplen con alguna de las funciones hídricas" previstas. De esta manera, si los estudios provinciales determinan que una zona periglacial no es relevante hídricamente, la actividad minera podría avanzar sin el riesgo legal que hoy impone la normativa federal
El "Principio Precautorio" inverso
Un detalle técnico no menor del proyecto es cómo maneja la incertidumbre. La iniciativa incorpora un Artículo 3º bis sobre el "Principio precautorio". Este establece que las geoformas del Inventario Nacional están protegidas "hasta tanto la autoridad competente" verifique la inexistencia de funciones hídricas. Pero agrega una cláusula clave para la inversión: "A partir del momento en que la autoridad competente constate que un glaciar... no cumple con alguna de las funciones... se considerará que no está alcanzado por las previsiones de la presente ley".
Además, se recorta el poder de veto tácito del inventario nacional. Si bien el IANIGLA seguirá siendo responsable técnico, el proyecto crea un mecanismo inverso: si una provincia detecta que un área incluida en el Inventario no tiene función hídrica, deberá informarlo al instituto, quien "deberá eliminarlo" del registro.
AM/DCQ
