Tras el incumplimiento por parte del Estado argentino del pago de la fecha tope para el pago de un bono por 503 millones de dólares, la Argentina se expone a que en los próximo días tenedores de títulos en el exterior inicien demanda contra el país en la Justicia estadounidense.
Así lo consideró el especialista del mercado, Christian Buteler, al hacer una evaluación del panorama complicado que le está presentando al Gobierno en las negociaciones con los acreedores externos.
Si bien el grado de adhesión en los tenedores de bonos en el medio local fue casi absoluto, un 95 por ciento aproximadamente, las diferencias que se mantienen con los fondos externos más importantes del país sigue generando un cuadro de tensión fuerte, a horas de que se concrete otro intento del cierre del canje, el próximo 4 de agosto, aunque se estima que podría prorrogarse nuevamente la fecha.
Gobierno argentino analiza prorrogar su oferta de deuda
"El tema central es que Argentina tendría que haber cancelado ese vencimiento de 503 millones de dólares el 30 junio, no lo hizo, pero tenía legalmente un margen de otros 30 días para cancelarlo, algo que ocurrió ayer (por el jueves 30) y que finalmente no pagó, con lo cual se puede decir que el país prácticamente está en default, por más que siga negociando con los acreedores externos", puntualizó el especialista.
Para Buteler, "con esta situación el país se expone a que a partir de ahora algún grupo de bonistas pueda iniciar demanda judiciales en Estados Unidos contra la Argentina por incumplimiento de pago".
Otros consultores del mercado consideraron que la negociación en este momento está considerablemente estancada con tres grupos de acreedores, liderados por el poderoso BlackRock.
Horas cruciales para la renegociación de la deuda
La diferencia económica entre la última oferta que realizó el Gobierno y la propuesta que realizaron estos grupos la semana pasada es exigua, tan sólo unos tres dólares por cada lámina de 100 de los nuevos bonos que integrarán el canje de deuda.
Se trata de un monto aproximado de unos 3.000 millones de dólares, a cancelarse en un período de 10 años, hecho en sí que no sería el gran obstáculo para tratar de cerrar el canje.
En el mercado aseguran que el verdadero escollo son determinados aspectos legales que tiene la propuesta argentina y que estos grupos de acreedores quieren cambiar.
Por un lado, en esa propuesta, legalmente Argentina se reserva el derecho de discrecionalidad tras la operación, con lo cual, se interpreta que en algún momento el Estado Nacional podría volver a imponer nuevos canjes si la situación lo amerita.
"Esto genera una gran desconfianza, porque muchos de los ingresaron al canje 2005 y 2010 vuelven a ser reestructurados y temen que en un tiempo la Argentina vuelva a repetir la historia y les diga hay que volver hacer otro canje de bonos", comentaron en el mercado.
Puertas adentro y afuera lo que viene es un proceso de incertidumbre sin precedentes
El segundo aspecto legal básico es que los grandes fondos externos quieren una mayor cobertura legal ante eventuales incumplimientos que pueda tener el país tras este nuevo canje de deuda que está promoviendo.
"La negociación comenzó torcida. Primero se tendría que haber negociado con los acreedores externos, en consonancia con el FMI y después hacer la propuesta para que el cierre fuera exitoso. Ahora todo es cuesta arriba", reseñó, por su parte, Buteler.
Hasta el momento, el Gobierno estaría considerablemente lejos de obtener el nivel de adhesión necesario para evitar que se habiliten acciones judiciales colectivas.
Para que ello no ocurra, el Ejecutivo debería conseguir un nivel de adhesión de aproximadamente un 66 por ciento en los bonos emitidos bajo la gestión de Mauricio Macri y un 85 por ciento en los títulos que formaron parte de la reestructuración de 2005 y 2010.
