El juez del caso Greco denunció penalmente a las
autoridades del Ministerio de Economía por haber
desobedecido una sentencia en la que dispuso, en 2005, que el Estado les pagara a
los herederos de este grupo económico una
indemnización de entre 300 y 600 millones de pesos.
El titular del juzgado federal en lo Civil y Comercial número 6,
Juan Francisco de Asís Soto, envío su denuncia contra la
ministra de Economía Felisa Miceli y/o sobre el
ex secretario de Finanzas, Alfredo Mac Loughlin a la Cámara Federal porteña, según
informa hoy el diario
Clarín. La denuncia todavía no tiene juez.
El juez Soto había dispuesto en agosto de 2005 que el
ex Grupo Greco debía cobrar entre 300 y 600 millones de pesos por haber sufrido el
desapoderamiento de sus empresas en 1980, luego de que el entonces poderoso
consorcio de 36 empresas, fuera intervenido.
El pagó se frustró a fines del año pasado cuando la ministra de Economía, Felisa Miceli,
revocó los actos administrativos dirigidos a concretar el reembolso de dinero al Grupo.
Según Soto los funcionarios del ministerio de Economía pudieron haber incurrido en el
delito de desobediencia, que se castiga con
prisión de 15 días a un año.
Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el 25 de enero Miceli dio marcha atrás a lo actuado por los abogados de su ministerio, que firmaron que el Estado debía pagarle al grupo Greco.
Miceli querelló a los abogados porque
advirtió que su actuación había sido errada o directamenta delictiva, según
dijeron fuentes del ministerio de Economía a
Clarín. En un expediente a cargo del juez Sergio Torres, la Ministra pidió una
medida cautelar para que la Justicia frene el pago que ordenó Soto.
Miceli también fue denunciada ayer por el abogado
Ricardo Monner Sans, que sostiene que la Ministra pudo haber incurrido en un
incumplimiento de sus deberes de funcionaria al promover primero el pago y luego
suspenderlo, cuando lo observó la minoría del Senado.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se le reconoció al Grupo Greco un resarcimiento.Cuando el
Estado se acercaba a concretar el pago, Diputados aprobó la necesaria autorización de
endeudamiento, pero el Senado lo rechazó.