El juez del caso Greco denunció penalmente a las autoridades del Ministerio de Economía por haber desobedecido una sentencia en la que dispuso, en 2005, que el Estado les pagara a los herederos de este grupo económico una indemnización de entre 300 y 600 millones de pesos.
El titular del juzgado federal en lo Civil y Comercial número 6, Juan Francisco de Asís Soto, envío su denuncia contra la ministra de Economía Felisa Miceli y/o sobre el ex secretario de Finanzas, Alfredo Mac Loughlin a la Cámara Federal porteña, según informa hoy el diario Clarín. La denuncia todavía no tiene juez.
El juez Soto había dispuesto en agosto de 2005 que el ex Grupo Greco debía cobrar entre 300 y 600 millones de pesos por haber sufrido el desapoderamiento de sus empresas en 1980, luego de que el entonces poderoso consorcio de 36 empresas, fuera intervenido.
El pagó se frustró a fines del año pasado cuando la ministra de Economía, Felisa Miceli, revocó los actos administrativos dirigidos a concretar el reembolso de dinero al Grupo.
Según Soto los funcionarios del ministerio de Economía pudieron haber incurrido en el delito de desobediencia, que se castiga con prisión de 15 días a un año.
Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el 25 de enero Miceli dio marcha atrás a lo actuado por los abogados de su ministerio, que firmaron que el Estado debía pagarle al grupo Greco.
Miceli querelló a los abogados porque advirtió que su actuación había sido errada o directamenta delictiva, según dijeron fuentes del ministerio de Economía a Clarín. En un expediente a cargo del juez Sergio Torres, la Ministra pidió una medida cautelar para que la Justicia frene el pago que ordenó Soto.
Miceli también fue denunciada ayer por el abogado Ricardo Monner Sans, que sostiene que la Ministra pudo haber incurrido en un incumplimiento de sus deberes de funcionaria al promover primero el pago y luego suspenderlo, cuando lo observó la minoría del Senado.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se le reconoció al Grupo Greco un resarcimiento.Cuando el Estado se acercaba a concretar el pago, Diputados aprobó la necesaria autorización de endeudamiento, pero el Senado lo rechazó.
