La nueva ley de Defensa de la Competencia complica la lucha contra la cartelización, según la CAC, ya que elimina herramientas para detectar acuerdos anticompetitivos y “también en la lucha contra abusos por parte de empresas con posición dominante”.
En un comunicado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su preocupación por el proyecto aprobado por el Senado recientemente ya que “implicaría un retroceso para el régimen de defensa de la competencia en Argentina, ya que elimina las herramientas que a nivel internacional han probado ser exitosas en la detección y sanción de carteles (acuerdos anticompetitivos)”.
Además, señala en una nota dirigida a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, que la norma con media sanción del senado modifica la Ley No 27.442 de Defensa de la Competencia, que había sido aprobada en mayo de 2018 con un 68% de votos a favor en la Cámara de Diputados y un 86%.
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Destaca que las modificaciones aprobadas implican que la autoridad de aplicación de la ley pierda su independencia, con lo que “debilitaría fuertemente la institucionalidad y el funcionamiento del sistema de defensa de la competencia” y que “afectaría el desarrollo de los procedimientos y el debido proceso”.
Independencia
Según la CAC, la pérdida de independencia de la autoridad de aplicación de la nueva ley se origina en los siguientes cambios:
1-La degradación de la ANC (Autoridad Nacional de la Competencia) al ámbito de la Secretaría de Comercio Interior, cuando la Ley No 27.442 la ubica como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo (Art.18).
2-La eliminación del concurso para designación de autoridades (Art. 20).
3-La eliminación de la designación escalonada (Art.24), escalonamiento cuyo objetivo es que una administración no designe a la totalidad de los miembros de la ANC, y la reducción del mandato de 5 a 4 años, haciéndolo coincidir con la duración del ciclo político del Poder Ejecutivo.
Otros reparos
“La eliminación del programa de clemencia (Cap. VIII) implica la pérdida de una herramienta sustancial para la detección y sanción de las peores conductas anticompetitivas, los carteles que implican acuerdos de precios o repartos de mercado y licitaciones. Esta herramienta ha sido uno de los principales adelantos en derecho de la competencia a nivel global”, indica el comunicado.
Además, señala que “los compromisos de cese en investigaciones por conductas anticompetitivas (…) es una herramienta muy importante para remediar rápidamente problemas de competencia, sin largos y costosos litigios”
Y da como ejemplo el caso Prisma, en el que “el remedio que permitió promover la competencia en el mercado de medios de pago electrónicos y dio lugar al dinamismo de las Fintech, fue precisamente un compromiso de cese que incluyó la desinversión de los principales bancos de su participación en la firma y compromisos de conducta para eliminar barreras a la competencia”.
La degradación de la Autoridad Nacional de la Competencia) debería seguir siendo un organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Las modificaciones aprobadas por el Senado afectan al régimen de control de fusiones y adquisiciones. “La eliminación de la aprobación tácita cuando la autoridad no se expide puede prolongar indefinidamente los trámites”, advierte la CAC.
“Para concluir, puede afirmarse que en mayo de 2018 Argentina dio un paso fundamental en la construcción de un régimen de defensa de la competencia acorde con estándares internacionales, tanto en lo institucional como en la introducción de herramientas para la lucha contra prácticas anticompetitivas por parte de empresas y necesita seguir avanzando en esa dirección”, finaliza la CAC.
