Tras la media sanción en Diputados del Súper RIGI, el flamante Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, el proyecto va rumbo al Senado donde el Gobierno confía en convertirlo en ley y así atraer inversiones de sectores de alto desarrollo tecnológico, como el de semiconductores, inteligencia artificial, data centers y baterías de litio. La mira está puesta en los excesivos beneficios que concede a las empresas del sector que alcanzan, que celebran la iniciativa.
“Si se aprueba el Super- RIGI, una multinacional que adhiera va a tributar el 15% del Impuesto a las Ganancias, mientras que un trabajador que gane bien va a tributar el 35%”, señalaron desde Fundar. El régimen ya aprobado cuenta con una alícuota de 25%.
Pero el proyecto abre todo un abanico de ventajas para las corporaciones, como contribuciones patronales del 10%, retenciones cero y beneficios cambiarios, la libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación y la no obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamientos y servicios vinculados al proyecto. Además, les permite importar sin pagar aranceles y con requisitos casi nulos de proveedores locales, entre otras exenciones. Todo esto garantizado por 30 años.
El magnate tecnológico, Peter Thiel, pasó por Argentina en medio de la iniciativa del Super-RIGI, donde además mantuvo reuniones con funcionarios nacionales. Su visita no pasó desapercibida, no sólo por lo controversial de su empresa de software Palantir , sino también porque el esquema del nuevo régimen parece armado a medida.
“El riesgo del RIGI y Super -RIGI es concreto y tiene nombre: enclave. Una inversión que no deja impuestos, no aporta divisas y no genera empleo local. Una catarata de beneficios sin contrapartida productiva de ningún tipo, sin cláusulas de revisión, con renuncia a la jurisdicción local y arbitraje obligatorio fuera de Argentina en el que ningún árbitro puede ser argentino. Y sin pedir nada a cambio. Mucho más de lo que las empresas pedían para invertir”, apuntaron desde la fundación.
Las empresas del sector celebraron la iniciativa del Gobierno. Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), expresó a PERFIL: “La incorporación de la infraestructura digital en el Super-RIGI es un muy buen primer paso en la dirección correcta luego de muchos años en los que la falta de políticas de impulso a las inversiones en infraestructura digital y conectividad, pusieron a la Argentina en desventaja con Santiago de Chile y San Pablo. La infraestructura digital es el motor de la economía del futuro y que, para atraerla, hay que ofrecer incentivos, seguridad jurídica y eliminar la burocracia. Para que un inversor entierre capital por décadas, necesita previsibilidad. Para eso, el sector público debe ser un facilitador y no un obstáculo”.
