En junio, la policía allanó las cadenas de cines CGV, Lotte Cinema y Megabox y encontró que noventa y ocho distribuidoras y 462 películas presentaban números dudosos. Finalmente, los filmes cuestionados terminaron siendo 323 y sesenta y nueve empleados de las cadenas de cine y veinticuatro distribuidores fueron imputados.
Según la agencia de noticias Yonhap, la acusación es por haber inflado la venta de tickets al Korean Film Council (Kofic) desde marzo de 2018 hasta este año posicionando a las películas en un falso ranking de entradas vendidas.
Los acusados comunicaron que muchos horarios de las películas habían sido a sala llena al punto de sobre contabilizar 2,67 millones de espectadores más. Entre las películas cuestionadas figuran el thriller de acción de 2021 “Emergency Declaration” y el documental de 2022 “The Red Herring”, con Cho Kuk, ex ministro de Justicia del país asiático.
El sistema sudcoreano de entradas funciona con los distribuidores y exhibidores transmitiendo la venta de entradas y recaudación al Kobis (Korean Box Office Information System), que depende del Kofic. El Kobis junta, analiza y publica la información online. El Kofic utiliza esos datas para calcular el 3% de impuesto a las entradas que van al fondo de desarrollo cinematográfico, algo análogo a lo que hace el Incaa en Argentina.
La venta de entradas en Corea del Sur bajó considerablemente por las medidas anti-covid gubernamentales durante la pandemia que recién se levantaron en abril de 2022. Las tres cadenas anunciaron pérdidas millonarias en 2020 y 2021. Ese año tales pérdidas se atenuaron a través de medidas de reestructuración y un incremento en las entradas.
Aún así, varios cines cerraron definitivamente, convirtiéndose en gimnasios o paredes para escalar, una actividad de moda en el país. El Kofic además presentó 1,3 millones de cupones subsidiados por un valor de 4,71 dólares cada uno para incentivar la vuelta a los cines. Según la información de Kobis, la recaudación de los primeros cinco meses de 2023 fue de 363 millones de dólares, una mejora del 57 por ciento respecto a 2022 pero aún baja en relación al principio de 2019 (603 millones de dólares).
La película “Emergency Declaration”, con Song Kang-ho, Jeon Do-yeon y Lee Byung-hun, fue presentada en el Festival de Cannes en julio de 2021, pero el estreno en su país fue atrasado varias veces hasta finalmente llegar a las salas en agosto de 2022 y según la información en Kobis, la película vendió 2,06 millones de entradas.
Si las películas tienen que pagar 3 por ciento de impuesto por su recaudación, ¿cuál es el objetivo entonces de parecer más exitosa? La respuesta tiene varias aristas.
Por un lado exagerar la cantidad de público hace que el film parezca tener más éxito del que tiene. Esto se traduce en el corto plazo en un aumento en el interés del público, causando que los cines la programen en más horarios y así poder convertir un éxito inventado en uno real.
A largo plazo, la manipulación de cantidad de espectadores resulta en una ventaja a la hora de licenciar la película ya sea a mercados internacionales (“La película número uno por seis semanas consecutivas”, por ejemplo), lo que se promueve una venta más cara debido al “éxito”.
La venta también puede incluir no solo a cines de otros países sino también a plataformas y festivales comenzando su camino hacia el exterior. El 3 por ciento de impuestos se licúa por un mayor precio de la película en la góndola del mercado internacional.
La actividad audiovisual sudcoreana está pasando por un momento óptimo en el mercado exterior. Con el éxito de sus series en plataformas, especialmente en Netflix, el auge del K-Pop y la obtención del Oscar a Mejor Película a “Parasite”, la tendencia no parece frenarse.
El soft power que ejerce la política cultural de Corea del Sur está dando resultado y a la luz de esta denuncia surge el interrogante si no solamente el entramado de corrupción es para lograr éxito local sino, en realidad, es para seguir posicionando al cine coreano en todo el mundo como un éxito indiscutible.
Publicado originalmente en El Economista.
