En diálogo con Canal E, Martín Ardohaín, diputado nacional del PRO por La Pampa, sostuvo que el Presupuesto 2026 marca un punto de inflexión político, pero alertó sobre decisiones que pueden poner en riesgo la gobernabilidad y la confianza social.
El diputado pampeano remarcó que el oficialismo logró finalmente avanzar con el Presupuesto 2026 tras un cambio en el escenario político. “Hasta octubre no estaban dadas las condiciones para aprobar un presupuesto en equilibrio fiscal”, afirmó, y recordó que durante 2024 parte de la oposición “lo único que quiso fue voltear al gobierno literalmente”. Según Ardohain, el respaldo electoral modificó la correlación de fuerzas: “Hoy el Gobierno, con 95 diputados propios y aliados, puede lograr un presupuesto en equilibrio”.
Sin embargo, fue crítico con el manejo del polémico artículo 11. “El Gobierno se equivocó al meter modificaciones previsionales y de discapacidad en un artículo que no correspondía”, señaló. Para el legislador, el punto más grave fue el acuerdo circunstancial con el kirchnerismo en la votación de auditores. “Si el socio del Gobierno va a ser el kirchnerismo, es una alarma muy importante para la Argentina”, advirtió con firmeza.
Presupuesto, gobernabilidad y límites políticos
Ardohain sostuvo que el PRO acompañó al oficialismo desde diciembre de 2023 “priorizando la gobernabilidad y el futuro del país”, aun pagando costos políticos. No obstante, marcó un límite claro: “El respaldo electoral no es un vale todo”. En ese sentido, afirmó que la sociedad está atenta: “La gente despertó y nos está mirando a todos”.
Sobre la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, llamó a la prudencia. “Son temas sensibles y nobles, pero no pueden resolverse rompiendo el equilibrio fiscal”, sostuvo, y apuntó contra el kirchnerismo: “La emisión genera aumentos ficticios que la inflación se come en días”.
RIMI, campo y reforma laboral
Desde su mirada federal, Ardohaín defendió la necesidad de ajustar el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI). “Con un piso de 150 mil dólares dejás afuera al 99% de las pymes de La Pampa”, explicó. Y agregó: “Una empresa con 100 o 200 vacas no tiene capacidad real de reinvertir esos montos”. Por eso propuso reducir los mínimos para incluir a productores reales del interior profundo.
Respecto de las retenciones, fue categórico: “La baja tiene que ser por ley, programada y con previsibilidad”. Según afirmó, solo así se dará certeza al productor y se evitarán subas discrecionales futuras.
Finalmente, defendió la reforma laboral, aunque reconoció que quedó postergada. “La mayoría de los argentinos queremos una reforma laboral e impositiva”, aseguró. Desde su experiencia en ciudades pequeñas, subrayó que “si le sacás el pie de encima a la pyme, cualquier comerciante toma un trabajador más”, pero el miedo a juicios laborales frenó durante décadas la creación de empleo.
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