Dentro de un clima de gran hermetismo en cuanto a los detalles que hacen a los aspectos centrales del Presupuesto para el próximo año, el Gobierno está planificando un incremento de la presión tributaria para 2022, esencialmente sobre los grandes contribuyentes, y de esa manera implementar una de las herramientas que se orientan a bajar el déficit fiscal que se incluirá como meta en un eventual acuerdo con el FMI.
En momentos donde la campaña electoral está ingresando en un punto álgido, desde Gobierno están manejando con “sumo cuidado” todos los temas que tienen que ver con lo fiscal, especialmente en cuanto a los ingresos. “Indudablemente el año que viene se va a concretar alguna baja en el déficit”, se limitó a decir una fuente de Casa de Gobierno.
Para ello, según supo PERFIL, el equipo económico está trabajando en una mayor carga tributaria sobre grandes y medianos contribuyentes, por un lado, y en cuanto al gasto, la única reducción concreta que está elaborando es en los subsidios económicos directos.
Se estima que el déficit fiscal de este año finalizará en alrededor del 4 al 4,2% del PBI y en las dilatadas negociaciones que se están realizando con el FMI se estima que el desequilibrio primario para el próximo año se fijaría en alrededor del 2,5%. Esa reducción implicará un duro ajuste en las cuentas del Estado, por lo que en el Ejecutivo admiten que no hay otra posibilidad que buscar cerrar esa brecha por el lado de los ingresos.
De esta manera, la presión fiscal del país tendría el próximo año otra suba. En este momento, la misma se ubica en un 33,1% sobre la actividad privada en la Argentina y en 2022 podría elevarse en uno o dos puntos más.
El objetivo que se está analizando es ir con modificaciones de alícuotas sobre los grandes contribuyentes o directamente determinar cambios con mayor presión sobre el impuesto a los bienes personales, en especial, sobre aquellos que tienen activos en el exterior y que ingresaron al blanqueo que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri.
Para el tributarista César Litvin la presión impositiva de la Argentina se encuentra entre las más elevadas del mundo, no tanto por sus alícuotas, sino esencialmente por el grado de eficiencia en el gasto público y el grado de cobertura que ofrece el Estado a sus ciudadanos. “Aquí hay que considerar además lo que brinda el Estado en cuanto a prestaciones, a servicios. En Escandinavia los impuestos son más altos que en Argentina, pero el grado de eficiencia es muy superior. Por otro lado, aquí tenemos el impuesto inflacionario, por lo que si se suma ese efecto, la presión tributaria es de las más elevadas del mundo”, recalcó Litvin.
Por otra parte, Litvin consideró que teniendo en cuenta que Argentina posee una economía informal en alrededor del 40%, la presión impositiva recae con terrible contundencia sobre los que cumplen. “Aquellos que pagan tienen sobre sus espaldas el doble de la presión impositiva teniendo en cuenta los niveles de informalidad tan elevados que muestra nuestro país”, recalcó el especialista.
En estos momentos, Argentina tiene una presión tributaria que es más elevada que Estados Unidos, Canadá, Australia y gran parte de América Latina y Asia, y solo es más baja que Escandinavia y algunos otros países europeos.
Subsidios. El otro gran capítulo que se deberá encarar el próximo año como resultado de los compromisos que se asuman con el FMI es una reducción importante en los subsidios. Las subvenciones directas del Estado a las actividades privadas se ubica en este año en un nivel del 3% del PBI, mientras que el 2019 abarcaba el 1,6% y en el año pasado el 2%.
Aquí el capítulo principal son los que se aplican sobre las tarifas de servicios públicos, especialmente la electricidad, el gas y el transporte.
Particularmente con respecto a la energía, según cifras del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi se estima que los mismos llegarán este año a un nivel de 1.500 millones de dólares.
Este año hubo una leve corrección de las tarifas con un máximo de ajuste del 9%, pero se prevé que en 2022 la reducción de los subsidios en este sector será superior a un 30%.
Conflicto. Los subsidios a las tarifas de servicios públicos es un tema muy sensible que tuvo un inaudito encontronazo en mayo de este año cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, no pudo desplazar a un funcionario de su área como Federico Basualdo, subsecretario de Energía, quien se opuso en forma terminante a la corrección de las tarifas en un año electoral.
“Esa situación no va a volver a suceder y las tarifas se van a corregir”, recalcó otra de las fuentes del Ejecutivo, que prefirió hablar de una “corrección” mientras que los especialistas aseguraban que, sin dudas, habrá un ajuste tras las legislativas.
Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, resumió que “es inevitable el ajuste después de las elecciones”.
“Con la inflación tan elevada, con tarifas congeladas, no hay margen para seguir subsidiando la electricidad y el gas. Sin dudas que va a haber ajuste de tarifas y además se supone que van a tener que hacer un ajuste fiscal para reducir el déficit”, concluyó Abram.
