ECONOMIA
Datos oficiales

Empresas de telecomunicaciones lideran las quejas de usuarios

En los primeros siete meses de este 2020 acumulan 24.363 denuncias, lo que representa un 20% del total de los reclamos de usuarios.

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El sector de las telecomunicaciones que el gobierno declaró el viernes 21 a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 como servicio público encabeza el ranking de empresas con más reclamos de usuarios al sumar en los primeros siete meses del año 24.363 denuncias ingresadas, lo que representa un  20% del total.

Las empresas que más demandas recibieron fueron: Movistar con 7.115 reclamos, Telecentro con 6.987, Telecom con 6.636, Direct TV con 1.235, Claro con 568 y Telered con 203, según se desprende de la información relevada por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC).

Los datos se conocen en medio de la polémica causada por el DNU que declara como servicio público a la telefonía fija y celular, internet, y televisión por cable.

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Según detalló el informe  el 48,28% de los reclamos responden a los paquetes de productos (Tv Satelital + Internet + Telefonía fija, etc); 19,36% a telefonía celular; 15,13% a Internet; 9,57% a televisión por Cable/ Satelital; 5,63% telefonía fija;  1,97% a correos postales (Correo Argentino OCA etc.) y 0,06 televisión abierta.

El 27% de las quejas fueron por cumplimiento parcial o defectuoso de la prestación del servicio, 20% por falta de procesamiento de baja del servicio,  18% por  incumplimiento total de la prestación del servicio contratado, 16% por  facturación excesiva/ facturación cargos no convenidos, 13% por incumplimiento de Oferta, Promociones y/o Bonificaciones. 

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“Ante la reiteración de demandas contra determinadas empresas por motivos similares, la Secretaría de Comercio Interior, no solo da curso a los reclamos individuales, sino que identifica la actitud repetida y sistematizada de las compañías y realiza imputaciones administrativas”,  indicó el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado.

En ese sentido, recordó que a fines de junio “se imputó de oficio a las empresas Telefónica, Telecom y Telecentro por incumplimientos en su servicio”, y precisó que “en este momento la imputación se encuentra en el proceso administrativo correspondiente, en etapa de presentación de prueba”

Consumidores La titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) Sandra González, señaló a Perfil que durante la pandemia los reclamos de la gente “aumentaron en forma considerable” porque “en muchas casos nadie les contesta entonces acuden a las entidades de consumidores que estamos atendiendo vía mail”.

“Estamos recibiendo entre 100 y 150 mails por día. El reclamo primero se lo mandamos a la empresa para ver si lo solucionan, y si no a la autoridad de aplicación correspondiente. En otros casos, redactamos la nota, o asesoramos cómo hacer el trámite” contó.

Dijo que “una de las quejas más reiteradas es que la gente le quiere dar de baja al servicio, y no puede, es misión imposible, le ponen trabas, la empresa tiene que dar la baja en el momento que se pide, pero nunca pasa”.

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Cita como ejemplo donde se evidencia este tipo denuncias el caso de la televisión por cable “donde mucha gente joven quiere dar anular el servicio y quedarse solo con internet”.

González sostuvo que otras de las demandas más frencuentes contra las empresas de telefonía celular es que al cliente “le cambian el plan sin avisarle”, mientras que "en telefonía fija, hay robo masivo de cables y hay gente que está sin servicio hace tres o cuatro meses pero le siguen cobrando la factura".

En el caso de la telefonía celular, en sintonía con el DNU,  consideró que “hoy es esencial porque en el actual contexto hay chicos que toman clases por ese aparato si no tienen una computadora o tablet”. 

En cuanto al congelamiento de tarifas que plantea el DNU hasta el 31 de diciembre, González consideró que “estamos en una situación muy compleja por la pandemia,  hay gente que no ha podido empezar a trabajar, que no factura, es razonable no hablar de aumento hasta fin de año”. 

“Y luego se van a tener que sentar las empresas con el Estado para definir el aumento”, acotó la dirigente quien enfatizó que el DNU surgió porque las empresas pretendían un aumento a principios de septiembre de 12% en promedio, que había sido cuestionado por entidades entidades representativas de los consumidores en una reunión que mantuvieron la semana pasada con funcionarios de ENACOM.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC) Osvaldo Bassano destacó a PERFIL que  “hace muchos años que estábamos reclamando que sea considerado servicio público” el rubro telecomunicaciones, y señaló que en el caso del servicio de internet y de telefonía celular "recibimos denuncias no solo por los aumentos, sino que hay quejas permanentes por cortes en la conexión, por baja calidad, hay zonas donde hay mala señal. por falta de antena, falta de infraestructura". 

En ese marco, apuntó contra las empresas porque en los últimos cuatro años “se llevaron entre 3.000 y 4.000 millones, la repartieron a sus filiales extranjeras, y no hicieron las inversiones correspondientes de avance en el sistema radioeléctrico, telefonía celular o internet, lo único que utilizan es fibra óptica”.

“Las asociaciones de consumidores salimos a decir que estamos de acuerdo con que se declare al sector como servicio público, porque estamos cansados de lidiar con los reclamos y que nadie nos escuche. Controlar a las empresas es lógico, porque no es solo una cuestión de tarifas, sino que van a tener que presentar el plan de inversiones, explicar la estructura de costos", justificó.

Encuesta Según una encuesta de Analía del Franco Consultores, el 71,9% de las personas consultadas están de acuerdo con declarar como servicio público al sector de telecomunicaciones, y 21% está en contra. A su vez, el 78,9% avala el congelamiento de tarifas en ese rubro hasta fin de año mientras que el 18,6% está en desacuerdo con la medida.

En cuanto a la advertencia de las empresas acerca de que el congelamiento tarifario afectará las inversiones y la calidad del servicio, el 52,4% de los encuestados cree que no tienen razón y es una excusa, en tanto el 36,6% opinó que es certera esa afirmación.