Entre 2024 y 2025 se tramitaron en Argentina 328.182 seguros por desempleo, que para diciembre de 2025 seguían cobrando 103.654 personas. Según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social –al que corresponden los datos anteriores– el mayor pico de demanda en este periodo se dio durante el primero de esos dos años, con 173.335 solicitudes. El resto (153.847) se tramitaron durante 2025. Para 2026 el presupuesto asignado al pago de estas prestaciones es de $ 363.257 millones, de los que ya se devengaron $ 67.405,99 millones (el 18,56% del total y un 43% más que durante los doce meses de 2023).
Entre 2023 (con un total de $ 47.092 millones asignados) y 2026 este presupuesto creció un 671% en términos nominales: la información surge de la comparación de los números disponibles en el presupuesto abierto. Para finales del último año de la gestión de Alberto Fernández se habían hecho 108.942 gestiones y en diciembre los beneficiarios llegaban a 59.745. La diferencia entre los seguros otorgados por año y los que se encuentran vigentes al final del periodo se debe a que se trata de un beneficio temporal o a las bajas que pudieran haber ocurrido cuando las personas consiguieron otro empleo.
Por fuera de este seguro quedan los empleados públicos y aquellos que no tenían hasta ese momento un empleo registrado, con lo que este indicador es importante pero no suficiente para comprender la dimensión del desempleo o el empleo precario en Argentina. Sin embargo, sí es posible comparar los montos que el Estado debe destinar a estos seguros para compensar la pérdida de puestos de empleo privados.
La página web oficial explica que el seguro es una herramienta “a través de la cual se propone contrarrestar la caída abrupta de ingresos generada por la pérdida involuntaria del empleo”, además de ayudar a la búsqueda de un nuevo trabajo. Pueden acceder a este ingreso, como ya se dijo, los trabajadores asalariados registrados, y también aquellos detectados como no registrados en acciones de fiscalización del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) y posteriormente despedidos. Según la cantidad de años aportados la prestación puede durar entre dos y doce meses: para los mayores de 45 años se extiende automáticamente por seis meses más, hasta llegar al total que corresponda en cada caso. El monto a pagar se calcula de acuerdo con el salario, la antigüedad y los años de aportes, pero no puede ser inferior al 50% ni superior al salario mínimo vital y móvil, que hoy está en los $ 346.800. Esta forma de calcularlo se emplea desde octubre de 2023. El seguro de desempleo promedio estimado por las estadísticas oficiales es de $ 276 mil.
De los 153.847 seguros solicitados en 2025, el 23,8% fueron de exempleados del sector manufacturero, el 21,2% de trabajadores de comercios mayoristas y minoristas y el 16,3% pertenecía al sector de la construcción. Les siguieron a estas tres con mayor representación las actividades administrativas (10,6%) y los servicios de comida y alojamiento (4,6%).
Un informe de la OCDE sobre la situación de los seguros de desempleo en América Latina afirma, acerca del caso argentino, que para diciembre de 2024 alrededor del 10,3% de la población desempleada recibía prestaciones por desempleo. La baja cobertura del seguro de desempleo se explica principalmente por la elevada tasa de informalidad, subrayan. Para ese año, estiman, “el gasto acumulado en el seguro de desempleo se situaba cerca del 0,04% del PIB”. Fue en ese año que el presupuesto destinado a seguros de desempleo debió ampliarse considerablemente: pasó de los $ 47 mil millones a los $ 257 mil millones. Para finales de ese año el promedio pagado por seguro de desempleo fue de $ 214 mil y alcanzaba a 102.549 personas.
En 2025 ese presupuesto pasó a los $ 349 mil millones y alcanzó al 10% de las personas desocupadas, que según el último reporte del Indec son 1 millón. Eso sin contar los sectores precarizados y el crecimiento del empleo no registrado que se dio entre las dos últimas mediciones (del segundo y el tercer trimestre de 2025). La cantidad de altas de este año es incluso superior a la registrada durante la pandemia: en 2020 se sumaron 83.787 compensaciones y en 2021, 62.925.
Además de la prestación en dinero, el seguro de desempleo incluye el pago de asignaciones familiares, cobertura médica, el reconocimiento de la antigüedad de aportes jubilatorios y tarifa social para la tarjeta SUBE.
