Que en los próximos dos años la relación entre el campo y el Gobierno será tensa ya nadie lo duda. Pero definir una línea de acción no parece ser hoy tarea sencilla para los representantes del agro.
A la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) le toca representar a un sector que se descapitaliza día a día y que ve con desánimo cómo se multiplican medidas en su perjuicio, como la intervención de los mercados de la carne, el trigo y el maíz, o cómo incluso se lo culpa por las desgracias climáticas de las que son víctimas, como los incendios que arrasaron cruelmente Corrientes y parte de Misiones.
El Gobierno busca un culpable por la inflación, en especial en los alimentos
Por otro lado, los dirigentes no están dispuestos a cortar definitivamente los escasos puentes con los que cuentan para al menos frenar las alocadas iniciativas que surgen en la coalición del Gobierno. “Lo que hay en vez nuestro es mucho peor”, repiten los escasos funcionarios que tienen contacto fluido con los dirigentes agropecuarios. Y a todo este escenario se suma el impacto que tendría el tema climático en los precios de algunos productos justo cuando el Gobierno busca, fuera de sí, un culpable por la inflación en alimentos y bebidas.
A principios de enero tres de las cuatro entidades de la CEEA se alejaron del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), luego de que el Gobierno publicara un decreto en el que se plasmaba la prohibición de exportar siete cortes populares de carne hasta 2023 y cuando estaba en análisis la creación de un fideicomiso por unos US$ 150 millones solventado con las exportaciones de trigo, maíz y sus productos derivados, hasta 2024 para sostener los precios del pollo y la harina y los fideos, algo que en la práctica significaría una nueva reducción del precio que reciben los productores por esos cereales y que, según los ruralistas, se gestó con el visto bueno de algunas cámaras que integran el CAA.
Este conglomerado que nació en 2019 por iniciativa de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) para buscar líneas de trabajo conjunto en la cadena agroindustrial hacia el largo plazo, pronto tomó más dinamismo a través de un grupo de whatsapp impulsado principalmente por los representantes de la BCBA, la Cámara de la Industria Aceitera de la Republica Argentina (Ciara), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), la Federación de la Industria Molinera (FAIM) y el Centro de Empresas Procesadoras Avicolas (CEPA), curiosamente, quienes más cercanía cuentan con el actual gobierno. Su momento cúlmine fue cuando el Gobierno hizo público a fines de 2021 un proyecto de Ley para crear, de acuerdo a un plan del CAA para la cadena agroindustrial, 700 mil puestos de trabajo y exportaciones por 100 mil millones de dólares en 2030. La iniciativa, que todavía no fue tratada en el Congreso, fue respaldada no solo por presidente Alberto Fernández sino también por la vicepresidenta Cristina Kirchner, por Alberto Massa y por dirigentes de la oposición.
No se cumplió con la promesa oficial de terminar con los cupos a la exportación
Inicialmente, CRA y Federación Agraria fueron seducidos por la idea de integrar el CAA, que no había convencido a la anterior conducción de la SRA porque vio en su funcionamiento un eco de lo que había sucedido con el Foro de la Cadena Agroindustrial que el gobierno de Cristina Kirchner terminó quebrando, primando intereses particulares más que un trabajo de largo plazo.
La nueva conducción de La Rural había criticado esa ausencia y cumplió su promesa de campaña uniéndose al CAA. La ilusión duró poco. El propio Nicolás Pino, titular de la SRA, le comunicó personalmente al ministro de la cartera de Agroindustria la decisión de la entidad de retirarse. Por qué habría de comunicarle Pino a Domínguez que se iban de una asociación que constituían actores privados es una incógnita. O quizás una evidencia de que el CAA fue lo que muchos sospecharon desde un principio. “Lo que parecía una excelente iniciativa con el tiempo fue enfocándose solo en beneficios para el sector exportador en detrimento de los productores”, dijo el presidente de CRA, Jorge Chemes. “El Gobierno quería instalarlo como un interlocutor válido desplazando a la Mesa de Enlace”, explicó Carlos Achetoni, titular de FAA. Pero con Coninagro todavía en el CAA, la Mesa de Enlace queda visiblemente debilitada.
Por su parte, el Gobierno no cumplió con la promesa que hizo el propio Domínguez de terminar con los cupos de exportación de carne a partir del 1° de enero de 2022. Si bien formalmente se terminaron porque venció la resolución que los impuso, en la práctica el Gobierno continúa administrando las exportaciones ya que solo autoriza que cada frigorífico exporte las mismas cantidades que enviaba al exterior cuando regía la norma. Una práctica que se impone también en los mercados de maíz y trigo y que hace que, con menor competencia, se reduzca el precio que recibe el productor por esos bienes.
Ante esa realidad, y frente a otros posibles embates como la intervención en los mercados de la leche o una mayor intervención en trigo y maíz, hoy el único camino que parecen haber encontrado los dirigentes agropecuarios es negociar, intentar conseguir al menos algún mínimo cambio, y presentar eso como un triunfo digno de festejo en un tenso equilibrio entre el descontento de sus bases y las advertencias de los propios funcionarios del Gobierno sobre las iniciativas más delirantes que podrían impulsar las alas más duras. Triste escenario para un sector que es el responsable de generar las divisas para una Argentina sedienta de dólares.
