“Todo pasa” rezaba la inscripción en el célebre anillo del presidente vitalicio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mundial, Julio Grondona y que recordaba a los arribistas desprevenidos. El espíritu del oráculo de Sarandí era simple y contundente: las aflicciones de hoy serán recuerdos mañana. La pandemia que hoy asola la vida social y económica en el mundo, también pasará. Los cuatro meses, como mínimo, de cuarentena en el área metropolitana también serán una penosa historia en poco tiempo más.
La fiebre compradora de las acciones argentinas, que ya habían subido previendo un buen desenlace de la novela de la renegociación, no hizo más que reforzar la apuesta a que la oferta es aceptable por el grueso de los bonistas y que la fecha de cierre de la misma y el del cierre de emisión de los nuevos bonos, ahora sí, son definitivas. Entonces quedará la introspección acerca de si el método negociador elegido fue el adecuado, si no se perdió tiempo entre agosto y febrero (seis meses) con exploraciones en el campo adversario y convencer a la propia tropa que, eventualmente, un mal arreglo era mejor que un buen juicio. Pero más temprano que tarde, llegará la hora de la verdad. Cuando haya pasado la tormenta del COVID-19 y la renegociación ya esté plasmada en las cotizaciones, vendrán atender las urgencias que reclaman otros frentes de batalla:
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Inflación agazapada. Hay control de cambios, de precios de artículos “esenciales”, de tarifas públicas, de combustibles. Y un gran dique de contención que es la parálisis de sectores y de alguna parte del comercio. ¿Qué pasará cuando se recobre la normalidad? ¿Con qué herramientas se contendrá la presión por actualizar precios, tarifas de empresas de servicios privatizadas y combustibles?
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Brecha cambiaria. El acuerdo de la deuda es un alivio a la presión por ir levantando el piso del tipo de cambio oficial con mayor celeridad. El Gobierno podrá elegir entre seguir pisándolo o aprovechar para cerrar la brecha al menor costo posible, aún con riesgo de alimentar la presión inflacionaria.
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Pobreza asegurada. Recientemente el director del Observador de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia, advirtió que la pobreza por ingresos (como la mide el INDEC) podría proyectarse a 45%, o sea 10% más que la última medición a diciembre pasado. La diferencia no radica tanto en la inflación sino en la caída del empleo informal. La salida para combatirla, dice, no está en generar más planes sociales sino una política que ayude a generar empleos. Y esa es la variable más sensible de toda la ecuación porque no depende sólo de la voluntad oficial.
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Cepo laboral. Desde que empezó la emergencia se fue prorrogando la discutida medida de imponer un agravamiento a las indemnizaciones por despido. Doble o nada parece la consigna: mientras algunas empresas prefieren desinvertir y pagar lo que sea, pero mirar la película desde afuera, otras empresas ya en situación vulnerable antes de la pandemia y muchas Pymes sin la espalda financiera necesaria saben que su alternativa es mandar la empresa a la quiebra o esperar un salvataje universal. Los gobernadores e intendentes saben que cualquier derrumbe de una empresa en su jurisdicción no tendrá marcha atrás por mucho tiempo.
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Concursos & Quiebras. A medida que se vaya habilitando el normal funcionamiento de los tribunales laborales y comerciales, avanzarán los procesos en los que las empresas están inmersos. No solo la parálisis de la actividad directa sino también la ruptura de la cadena de pagos empujará a muchas compañías a situaciones de insolvencia.
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OCA, un caso testigo. Con la publicación de los edictos judiciales de remate de la empresa de correos OCA, en quiebra, se podrá observar las dificultades que muchas empresas grandes tuvieron para adaptarse a los cambios de los parámetros de funcionamiento del mercado, agravados por la pandemia. En el caso de la empresa que supo ser de Yabrán, el juez puso un precio base de US$ 17,6 millones, pero resguarda una cláusula por contingencias laborales por otros US$ 18,5 millones.
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¿Empresas de regalo? En el caso de OCA, el pliego es muy preciso en las consideraciones para resguardar las fuentes de trabajo, pero también podría ser un búmeran considerando la antigüedad por encima del promedio y la pérdida de clientes que la incertidumbre le ocasionó en los últimos años. Considerando la necesidad de capitalización, la amenaza de la digitalización, la creciente competencia en el sector y la necesidad de atender una paritaria dura como la de Camioneros, no debería extrañar un acuerdo final en el que se recaude poco para hacer “sostenible” a la empresa, incluyendo la resignación del ANSES y la AFIP de sus acreencias.
A diferencia de las negociaciones celebradas con los representantes de los bonistas, lo que sigue es más complejo y marcará el ritmo de la recuperación económica. Y afectará un intangible clave: el clima de negocios que precede a la inversión y la generación de empleo.
