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La deuda después de la deuda

Martín Guzmán 20200420
Martín Guzmán | Agencias NA-XINHUA

Desde el cierre del plazo al uso nostro que el Gobierno había anunciado para la adhesión de los bonistas a la oferta sustentable que había presentado e ministro, único vocero externo de la mesa negociadora, el silencio dominó el escenario. Lo único que trascendió era que el plazo de verdad sería ahora el lunes y que entonces se abrirían más negociaciones hasta que el 22 de mayo aparezca en el calendario. Ese día, el plazo de gracia por no haber pagado el cupón originado por el bono para pagarle a los holdouts en 2016, formalmente operará el default.

¿Qué tendría que ocurrir para que se alineen dichos y hechos en tan poco tiempo? En primer lugar, ampliar la base de diálogo. Si el fracaso de la primera convocatoria se hubiera debido a una mezquindad en la propuesta oficial que se enamoró de dos aspectos que la caracterizaron: el concepto de sustentabilidad de lo ofrecido y el ahorro contrastado contra lo que debería haberse pagado por los cupones ahora reestructurados. Acudiendo a un recurso novedoso en la ya larga lista de morosidades de todo tipo, el Gobierno buscó alianzas con economistas renombrados (incluso hasta Premios Nobel) en el campo internacional y un mosaico de empresarios, sindicalistas, políticos y también economistas locales, puertas adentro. En sus declaraciones formales e informales, todos aducían que lo ofrecido era lo que se podía pagar, pero nunca se aclaró si era un piso o un techo. También operó negativamente en el ánimo de los acreedores la sensación de que el Gobierno no asumía el problema de la deuda como propio sino como heredado, al poner el pago del primer cupón casi en el umbral de su mandato. Un gesto en ese sentido (anticipar el plazo de pago de los cupones de interés que arrancan con menos del 1% anual, por ejemplo), corregir el devengamiento de intereses corridos hasta la reestructuración o hasta financiar una baja en la quita del capital: empujaría en la dirección de la aceptación. Claro que cualquier esfuerzo se inmola contra las planilla Excel de los operadores cuando tienen que contabilizar el valor presente del flujo de fondos futuro prometido descontado por un porcentaje (el “yield”) que implica el riesgo institucional de un defaulteador serial. Para bajar esa tasa y hacer subir el valor de la oferta se precisa algo más que buenos modales: convencer que la continuidad del Estado abarca también las diferencias de matices y orientaciones de los gobiernos de turno. Sobre todo, en bonos que, en algunos casos vencen dentro de 25 años.

Variables. Además, en el equipo económico están convencidos que con el “ahorro” (propuesta original vs vencimientos en valor original) solucionan muchos problemas estructurales. Estiman cuánto podría hacerse con los US$ 41mil millones en total en materia social, desde erradicar la indigencia hasta renovar la infraestructura escolar y sanitaria. Aún si estas cifras fueran ciertas, el ahorro no podría nunca ser ese porque no sería sustentable encarar un plan ambicioso. Pero también implica resignarse a que el crecimiento económico, para el cual aprobar la asignatura pendiente de la reestructuración de la deuda, no puede contribuir en nada. O, pero aún, asumir que no habrá más crecimiento y que los problemas sociales, frutos justamente de décadas de estancamiento económico, sólo se solucionarán reasignando ingresos y echando mano al patrimonio acumulado por los particulares.

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De una menar u otra, la pandemia no solo aceleró los tiempos, sino que desnudó las falencias estructurales de la sociedad argentina. Y alienta a pensar no solo en cómo salir lo menos dañados posible de la inactividad obligatoria, sino de encontrar un nuevo norte a nuestra estrategia productiva. Para Pablo Gerchunoff, un maestro de economistas y uno de los que apoyaron localmente la negociación que lleva adelante Martín Guzmán, el nuevo paradigma, a ser asumido como propio por una nueva coalición política y social, es el sesgo exportador. Una diagonal posible entre la necesidad de volcarse al mundo y conseguir recursos y atender las aspiraciones de justicia social que ya está en el ADN argentino con un formato diferente al que ya no es compatible con el nuevo orden económico mundial. Un desafío que no merecería naufragar en chicanas negociadoras ni en la épica altisonante de vivir con lo nuestro.