Entidades industriales y agropecuarias reclaman al Senado el tratamiento del proyecto de ley de biocombustibles, cuyo dictamen fue aprobado el 3 de septiembre pasado y que se encuentra en plena negociación para su tratamiento.
Las Uniones Industriales del Norte Grande (Uninor), señalaron en un comunicado que la nueva normativa “significa un cambio profundo de la normativa actual y es una oportunidad estratégica para consolidar una política energética moderna, federal y orientada al crecimiento productivo, la generación de empleo y el desarrollo sustentable del país".
Y añadieron: "El aprovechamiento industrial de la caña de azúcar, el maíz, la soja, la madera y otras materias prima que se producen en la región, es decir, el agregado de valor en origen es fundamental para darle competitividad a una producción que, de otra manera, sólo encuentra la muralla del costo de la distancia para acceder a los mercados más demandantes y a los puertos”.
“El proyecto en tratamiento parlamentario genera competencia, apertura económica, posibilidad de políticas provinciales específicas y eficiencia en los mercados energéticos. La oportunidad es ahora, solicitamos y confiamos en su apoyo para su aprobación en el Senado”, indicó Uninor en un comunicado.
Por su parte, Coninagro Córdoba pidió a los legisladores de esa provincia que “prioricen la sanción del dictamen”. Según la entidad, “necesitamos una ley que dé previsibilidad de largo plazo, pero también reglas parejas para que las cooperativas y pymes del interior puedan competir en igualdad de condiciones. Cada semana de demora es una señal negativa para quien tiene que decidir si invertir hoy”.
“Pedimos que el tratamiento sea prioritario en las próximas sesiones y que el texto final garantice condiciones equitativas para todos los eslabones de la cadena”, señaló Coninagro.
La Bolsa de Cereales de Córdoba también se pronunció a favor del proyecto: "El incremento progresivo de los cortes, la incorporación de nuevos productos y mercados, permitir a las provincias legislar para mayores usos explotando las potencialidades de sus territorios y el desarrollo de una mayor competencia, constituyen una oportunidad estratégica y contribuyen a la transición energética y a la reducción de emisiones".
Qué traba al proyecto
La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas acordaron elevar los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% para el gasoil, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.
Sin embargo, las diferencias se mantienen en torno a la participación de las pequeñas y medianas empresas no integradas de biodiésel en el mercado. Las pymes, sobre todos las ubicadas en Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa reclaman mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto establece una reducción progresiva de ese porcentaje hasta su eliminación en 2036.
La propuesta contempla dos segmentos: por un lado, las compañías integradas, que pueden participar en distintos eslabones de la cadena productiva, y por otro, las empresas no integradas. Cuando el corte de biodiésel alcance el 10%, las firmas no integradas tendrían una participación del 6,5% del mercado total.
Ese porcentaje se reduciría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. A partir de 2032, el 7% del mercado podrá ser comercializado entre todas las empresas.
Ese esquema es rechazado por los bloques aliados que responden a las provincias del centro del país, que reclaman garantizar una participación para las pymes del sector.
Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre enero y julio del 2026 se produjeron 621.000 toneladas de biodiesel en Argentina; 12% más que el año pasado a esta altura, aunque el tercer acumulado más bajo en los últimos diecisiete años. Por otro lado, la elaboración de bioetanol de maíz y caña de azúcar acumuló 575.000 toneladas, "concatenando ya siete años consecutivos de incremento interanual de la producción acumulada hasta julio".
LM/MSS
