La nueva medición que iba a aplicar el Indec actualiza la canasta con la que se mide la inflación a un consumo similar al actual, con un mayor peso de los servicios. Además, deja de lado algunos rubros que tenían importancia la última vez que se renovó, en 2004, pero no hoy.
A Javier Milei nunca le convino que las variaciones de los precios se midan correctamente. Los cálculos de LCG muestran que entre diciembre de 2023 y de 2025, la inflación minorista medida con los ponderadores actualizados hubiera sido 14 puntos superior: 200% que dijo el Indec contra 186% reales. Casi 9 puntos de esta brecha se generaron en 2024.
De acuerdo con un análisis detallado de la consultora Qualy, si el organismo hubiera utilizado la canasta ENGHo 2017/18 en 2025, el año hubiese terminado con una inflación del 33,5% (dos puntos por encima del dato oficial) y 2024 del 123,3% (5,5 puntos más que lo medido por el Indec). Estas diferencias, aunque parecen pequeñas, definen variables clave en las que una décima marca la diferencia.
Por el contrario, la revisión de los aumentos del cierre de la gestión de Alberto Fernández hubiera dado 3,3 puntos menos en 2023 y 2,7 puntos por debajo en 2022, ambos años con Sergio Massa como ministro de Economía. Cuando Martín Guzmán estaba en el Palacio de Hacienda, el IPC nuevo hubiera dado 1,5 unidades menos en 2021 y 2,3 en 2020, el año de la pandemia.
Sigue al alza. En este contexto, la inflación de alimentos se disparó un 2,5% en la primera semana de febrero, de acuerdo con LCG. Se trata del registro semanal más alto desde marzo de 2024. Las bebidas y los panificados encabezaron las subas, con incrementos del 7,3% y 6%, respectivamente. El informe advierte que si esta tendencia se consolida en las próximas semanas, sumará una fuerte presión al IPC de febrero, que ya carga con el impacto de los aumentos en las tarifas de servicios públicos por la quita de subsidios.
La motosierra sagrada. La marcha atrás en la actualización de la metodología del índice afecta también a las partidas del gasto público que se actualizan con esta variable como referencia. Según las estimaciones de Banco Provincia, el Estado nacional se ahorraría casi $ 5 billones por los menores aumentos de prestaciones sociales y pagos asociados a los títulos públicos capitalizables por CER.
En términos relativos, esto representa poco menos del 0,5% del PBI y más que el total de los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central al cierre de enero ($ 4,3 billones). En contraste, el aumento de la recaudación depende de la evolución “real” del nivel de precios, ya que los ingresos por IVA y débitos y créditos se ajustan de manera automática por valores de venta. “Así, la marcha atrás del cambio de la metodología del IPC le daría cierta holgura a las cuentas públicas: los gastos subirían menos que los ingresos solo por razones estadísticas”, apuntó el banco.
Desde el Congreso. El diputado nacional Sebastián Galmarini, de Unión por la Patria, presentó un proyecto para que el Indec funcione en el ámbito del Congreso de la Nación. Lo acompañaron todos los diputados del Frente Renovador. “Creemos que la credibilidad de las estadísticas no puede depender del presidente de turno. Tiene que ser autónomo y autárquico”, defendió el legislador en sus redes sociales.
“La manipulación de datos es muy peligrosa. Y en manos de un gobierno que lo hace en cabeza del mismísimo ministro de Economía es escandalosa, porque rompe todo: la economía, los bonos, las jubilaciones, los salarios, la vida cotidiana de la gente”, reforzó a PERFIL la parlamentaria Sabrina Selva, del mismo espacio.
