Luego de que el Indec confirmó que la inflación de marzo fue del 7,7%, los industriales comenzaron a sacar cuentas sobre las remarcaciones que deberán aplicar a sus productos en los próximos meses. Los pronósticos no serán los mejores: en la Unión Industrial Argentina (UIA), el índice de precios de todo el 2023 tendrá un piso del 120% y un techo del 140%, siempre y cuando las variables macroeconómicas se mantengan estables.
Los datos alarmistas se dispararon esta semana, al ritmo de los incrementos en los alimentos que se registraron durante la primera quincena de abril y algunos nuevos costos fabriles que prometen meterle presión a la variación alcista.
“A partir de los costos de las fábricas ya vemos que el ritmo de remarcaciones estará entre 120% y 140%, porque lejos de estar en torno al 4% mensual, el IPC volando entre el 6% y 7% mensual se quedará hasta las elecciones”, admitió a PERFIL uno de los integrantes de la mesa chica de la UIA.
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Incluso, la misma fuente aclaró que, ante la caída del consumo, “no se podrán trasladar a precios todos los aumentos que llegan a la producción”. De concretarse ese presagio, los esfuerzos del ministro Sergio Massa por sostener en dos dígitos la inflación habrán sido neutralizados por la presión de las remarcaciones.
Si bien los empresarios reconocieron que “hubo una decisión política importante de Massa de poner su capital político para intentar controlar las variables macroeconómicas”, se mostraron “decepcionados” con los resultados. El representante de un sector del ala dura de la UIA, consultado por este medio, sostuvo que fueron “pocas las promesas cumplidas” por parte del jefe del Palacio de Hacienda en términos de ordenamiento fiscal.
“Hay un ajuste que desordenó los pagos a los proveedores del Estado, por obras que ya estaban contratadas, y la paralización de la obra pública ya está impactando en la actividad industrial. Pero, al mismo tiempo, seguimos con un gasto y una emisión imparable que genera cada vez más inflación. Así no sirve ningún esfuerzo”, bramó el dueño de una empresa grande.
Las consultoras respaldaron los malos augurios
La semana pasada, el conjunto de analistas que participa de la encuesta de Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central elevó sus expectativas de inflación y la ubicó en 110% para todo el año. Si contaba de marzo a marzo del año próximo, el ritmo se aceleraba en torno al 130%.
El economista Fausto Spotorno, que pronostica un índice anualizado del 118%, consideró que esa proyección no desembocará en una crisis, siempre y cuando no haya una devaluación brusca antes del fin del Gobierno de Alberto Fernández. Esa es la meta planteada en el Palacio de Hacienda e, incluso, el propio Massa dejó claro que antes de devaluar, deja su cargo.
Las estimaciones son diversas, siempre dentro de la estabilidad. Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, le confirmó a este medio que sus proyecciones anuales fluctúan entre el 122,6% y el 147%, “siempre y cuando se evite una disrupción financiera”. De hecho, esos márgenes de inflación anual no suelen ser revelados por la consultora, porque los números más concretos están contemplados a noviembre, cuando se realizará el ballotage presidencial.
“Falta saber qué va a hacer el Gobierno con las importaciones ante la escasez de divisas, que puede cerrarse más. También ver quiénes van a ser los candidatos y, luego, los que más chances tendrán. Son muchas variables que influirán en el escenario de este año”, aseguró.
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El conjunto de los analistas financieros apuesta por una tensión constante en el mercado cambiario, lo que podría llevar generar correcciones en los pronósticos inflacionarios. Existe un consenso de un nivel crucero del 6% mensual, con picos estacionales y una continua presencia de efectos de la sequía del campo, que generará una suba de costos por escasez de productos. “Todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto impactará la caída de la producción agropecuaria, debido a su efecto en la cadena productiva, como también en el consumo”, admitió un empresario fabril.
Más impuestos, más inflación y más informalidad
Lo que ya están cuantificando los industriales es el sobrecosto de la decisión de la AFIP de suspender el régimen de percepción que permitía a grandes importadoras quedar exentas del pago de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias.
En la UIA, como en el resto de los sectores productivos que integran el poderoso Grupo de los Seis (G6), creen que esa quita, en realidad, se trata de un aumento de la presión impositiva hacia las grandes y medianas empresas. En el círculo rojo productivo lanzaron una advertencia: derramará sobre las pymes y acelerará las remarcaciones.
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“La reciente Resolución General 5339 de AFIP reforzaría las dificultades, en tanto y en cuanto los diferimientos implementados constituyen un aumento de la carga tributaria sobre importaciones durante los próximos meses para los importadores directos de mediana dimensión (tramo 1 y 2, según categorización de SEPyME) y grandes, que necesariamente será trasladado a precios. Este factor impactará sobre los costos de producción, incluso para aquellas empresas que utilizan insumos y bienes intermedios importados adquiridos a terceros en el mercado local”, sostuvo el último informe que publicó la Fundación Observatorio Pyme (FOP).
Existe una preocupación entre los industriales: que la caída del consumo y la imposibilidad de trasladar a precios esos costos extra generen una pérdida de rentabilidad tal, que se empiece a ver caída de CUIT. “Lo primero que va a suceder es que impacte en un aumento de la informalidad, para poder reducir costos a través del no pago de las obligaciones impositivas, algo que se viene viendo hace un tiempo. Lo segundo, que se retome el proceso de cierre de fábricas”, le alertó a este medio uno de los jefes de la UIA.
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