El trabajo desprotegido, un problema estructural que en este siglo no se pudo erradicar en Argentina, se incrementó sustancialmente desde que asumió el presidente libertario. En este contexto y de una aceleración al cierre de fábricas y desocupación, el Gobierno obtuvo media sanción para la reforma laboral que modificará los vínculos de trabajo.
En el tercer trimestre del año pasado, aumentaron en 357.000 los puestos informales contra el mismo período de 2023, previo a Javier Milei. El empleo sin aportes, sin estabilidad, sin capital propio para emprender ni calificación alcanzó por primera vez a 6 millones de argentinos y ya representa el 44,2% del total de los ocupados, de acuerdo al Instituto Argentina Grande (IAG) basado en los microdatos de la encuesta permanente de hogares del Indec.
A la par, se perdieron 193.590 empleos privados registrados desde la asunción de Milei. La provincia de Buenos Aires encabezó la lista, con una caída de 68.570 puestos.
En este marco, la tasa de actividad alcanzó el 48,6%, el nivel más alto para un tercer trimestre desde 2016. Responde principalmente al ingreso forzado de jubilados al mercado laboral: la actividad de personas de 66 años o más creció 11% interanual por la pérdida del poder adquisitivo de los haberes. En contraste, la participación de los jóvenes retrocedió 1,6%, de acuerdo al Indec.
Al mismo tiempo, se registró un pico de cantidad de horas trabajadas, explicó el informe elaborado por los equipos técnicos del IAG, de Gabriel Katopodis. Subió tres horas, a 45,2, la semana laboral promedio en el tercer trimestre de 2025 contra 2024. Esto representa un incremento del 9%.
Estos datos demuestran una presión en el mercado laboral producto del derrumbe de la capacidad de compra de las familias. A su vez, se explica por la recesión que sufre la economía. La industria manufacturera se hundió 3,9% anual en diciembre, la producción automotriz cayó 20,7% en enero y la construcción muestra signos mixtos pero no recupera niveles previos a noviembre de 2023.
Reforma laboral. El proyecto oficial aprobado en el Senado reduce las indemnizaciones, permite jornadas de hasta 12 horas (a través de un banco de horas que las compense) y facilita contratación por monotributo, con advertencias de especialistas de que esto eleva el riesgo de un menor salario y más conflictividad social.
“Si bien las leyes laborales deben garantizar derechos básicos del trabajador, también deben proveer un marco orientado a la competitividad y la innovación tecnológica. Diversos países implementaron normativas que logran armonizar, de manera simultánea, la protección laboral con la eficiencia económica”, comentaron a PERFIL desde Casa Rosada. Si bien el Gobierno reconoce el complejo escenario de la desprotección de los trabajadores, cree que la solución para ello es la reforma que enviaron al Congreso. “Una parte de la fuerza laboral fue absorbida por el sector informal precario que se ha expandido hasta desplazar, en varios rubros, a las empresas formales. Incluso estas últimas, ante la competencia desleal y un entorno adverso, han recurrido a la contratación de trabajadores informales”, dijeron.
“La dictadura militar realizó cambios a la ley laboral similares a los que propone el Gobierno libertario”, comparó el senador nacional Jorge Capitanich. En un informe de 74 páginas, al que accedió este medio, advirtió que esas reformas habían implicado una caída de la tasa de actividad del 41% al 37,3%, de la tasa de empleo del 39,7% al 35,7%. Además, señaló que el salario real se hundió 44% de 1974 a 1978, la tasa del empleo registrado pasó del 15,5% al 25%, el desempleo friccional se triplicó hacia 1982 y cayó la productividad.
“No existe evidencia empírica respecto a la reducción de indemnizaciones para estimular la contratación de empleos pues la mayor expansión del empleo privado formal (de 2003-2008) se produjo con doble indemnización, mientras que el despido barato de la Ley Bases arroja 420 despidos diarios”, criticó el senador en el escrito.
